El final de la agenda política de este curso para CERMI ha sido la entrevista que mantuvieron   hace unos dias con el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón “una reunión esperada porque ya se la habíamos planteado a los pocos días de su toma de posesión”, explica a DIARIOJURIDICO Luis Cayo Pérez,  presidente de esta entidad, que defiende el interés del 10 por ciento de la población española con alguna  discapacidad. “Queremos sobre todo reivindicar nuestros derechos en un momento tan complejo como es esta crisis ante esta institución que tiene la potestad legislativa de cambiar la normativa actual”. Desde su punto de vista es evidente que los ajustes aprobados por el Gobierno el pasado 13 de julio marcan un punto de inflexión en nuestro país “nuestro  nunca alcanza la normalidad ni en situaciones de bienestar, ahora con estos recortes hay más retroceso para la discapacidad en todas las cuestiones reguladas”. Y es que cualquier retroceso que sufra la sociedad el efecto es más devastador en estos ciudadanos.

Reconoce que la gran apuesta de la ONU es la Convención de las Personas con Discapacidad del 2006, “una herramienta para lograr resultados palpables en los derechos de las personas con discapacidad”, un colectivo cada vez mayor en nuestra sociedad. Y subraya que “la gran parte de nuestras reivindicaciones en materia de derechos y acceso a la Justicia no tiene coste, es pura regulación  y un cambio de modelo sin repercusión económica importante”, por lo que apela a la voluntad política del Gobierno para poder cambiar el status quo actual. “En este contexto sería muy útil crear una Fiscalía especializada en discapacidad, como la  hay ya en otras cuestiones, como así ya se lo hicimos saber a Eduardo Torres-Dulce, Fiscal General del Estado, centrada en cuestiones civiles y penales de nuestro colectivo”, señala. También deseas que los actuales Juzgados de Incapacitaciones se convirtieran a medio en plazo en entidades de Apoyo a la toma de Decisiones

A esta reunión que ha tenido lugar en el Ministerio de Justicia estuvo convocada la plana mayor del Ministerio, con su titular, Alberto Ruiz-Gallardón, a la cabeza; Fernando Román, secretario de Estado, Juan Bravo, subsecretario y Cristina Coto, jefa de gabinete del propio Ministro. Por parte de CERMI,  además de Luis Cayo Pérez, su presidente y entrevistado nuestro, Juan Cid, vicepresidente;  Alberto Durán, secretario general, Pilar Villarino, directora ejecutiva, Fabián Cámara, presidente de Down España, Roser Romero, secretaria de organización de COCEMFE y Javier Font, presidente de CERMI Comunidad de Madrid, quienes debatieron sobre muchos de los temas que abordamos en esta entrevista

“Valoramos mucho el espíritu receptivo del Ministro y su deseo por colaborar con la discapacidad “explica Luis Cayo, minutos después de esta reunión al más alto nivel. “De hecho una de las consideraciones hechas por Gallardón es que siempre que aborde alguna cuestión sobre discapacidad consultará a CERMI sobre ese tema específico”. Según interlocutores se ha abierto una vía de comunicación que se volverá a activar el próximo mes de septiembre tras el periodo estival que ahora vivimos.  “Nuestra idea es,  y el Ministro lo sabe, confiesa el presidente de CERMI “es que exista voluntad política de realizar los cambios normativos que pedimos que realmente no cuestan dinero”.

Sr Cayo Pérez ¿Le preocupa que con estos ajustes efectuados por el Gobierno el pasado 13 de julio las personas con discapacidad sean de segunda fila?

Desgraciadamente personas de segunda ya lo somos, en el sentido que tenemos menos oportunidades y nuestros derechos nominales son vulnerados de tal forma que nunca hemos gozado de una posición de igualdad respecto al resto de la sociedad.

Cuando las cosas vienen mal, económicamente somos aún más vulnerables y acusamos más esos golpes que mejor aguanta la ciudadanía. Esta situación de regresión, nos preocupa, puede condenarnos a estar de forma crónica ahí.

Este año se ha cumplido el treinta aniversario de la LISMI  ¿ qué valoración hace de la misma y hacia donde debe tender la nueva legislación?

Ha sido la primera ley genérica sobre la discapacidad que desarrolla el artículo 49 de la Constitución y es importante que haya tenido una trayectoria de treinta años frente al marco normativo general bastante cambiante.

Otra cosa son los incumplimientos sistemáticos de la Lismi y que su modelo es el de hace tres décadas, por lo cual hay que renovarlo urgentemente porque está superado.

Es evidente que como avance nos ha ayudado a estar más presentes y visibles, a ser más progresivamente sujetos de derechos. Hay un apego sentimental a lo que ha supuesto la Lismi para nosotros. Pero lo mejor que podemos hacer es superarla de forma legislativa y no guardarla como una reliquia.

Como bien sabe usted, la LISMI tiende a desaparecer porque se va a integrar en un texto refundido con otras normativas similares. Esperemos que sea la simiente de una nueva normativa más actual de acuerdo con los derechos humanos y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas de Discapacidad del 2006 de la ONU

¿Qué sensación tiene cuando escucha al Ministro Gallardón que la discapacidad no puede ser una merma de derechos?  Es buena teoría pero la práctica…

Ese planteamiento lo venimos defendiendo desde hace muchos años. Sin embargo en la realización práctica de esos derechos se falla por doquier en muchas esferas.

Hay personas con discapacidad que no pueden votar en una democracia por una sentencia que se les priva de ese derecho al estar incapacitados. En otros casos niños con determinadas discapacidades están obligados a ir a escuelas específicas, diferentes de las normales.

Hay mujeres que pueden llegar a ser incluso esterilizadas sin su consentimiento. Muchos de las personas con discapacidad están muertos civilmente y otros los representan. Si hablásemos de accesibilidad, prestaciones económicas o búsqueda de empleo la cosa también está mal.

Esto conduce a que estamos en una situación de déficit de ciudadanía y de privación de determinados derechos.  Nos gusta que el Ministro diga eso, pero esperamos y confiamos en que no sea retórico y que sea consecuente con lo que dice y evite las restricciones de derecho que se están produciendo en nuestro sector.

Es evidente que una de las preocupaciones de CERMI es el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.

Ya dice la Constitución que España es un Estado social y derecho, dos calificativos muy importantes a tener en cuenta. Las personas con discapacidad tienen dificultad para ejercer sus derechos, éstos se ejercitan a través de la justicia como bien sabe.

Deseamos una justicia abierta, que tenga en cuenta a las personas con discapacidad.  Para ello es fundamental medidas de acción positiva, al estar nuestro sector en desigualdad con el resto de los ciudadanos.

En este sentido, creemos que por nuestros ingresos, por debajo de la media de la población, somos candidatos a la Justicia Gratuita porque incluso la necesitamos incluso más que otras personas para defender nuestros derechos.

Ahora que el Gobierno quiere replantear la justicia gratuita es el momento que la abra a nuestro sector. De esa forma se podrá generalizar el Turno de Oficio especializado en derechos de discapacidad, fundamental para proteger nuestros intereses. Sabemos que en el Colegio de Madrid hay uno, pero es necesario potenciarlo y extenderlo todo lo que se pueda

Es curioso, hay muchas especialidades en el derecho pero ninguna centrada en la discapacidad pese a que somos el 10 por ciento de la población española.

Ahora que habla de los operadores jurídicos, ¿Cómo contemplan el fenómeno de la discapacidad en estos momentos?

Creo que va cambiando el enfoque. Ya no hay tanta visión paternalista ni de caridad como hace unos años. Antes estaban más implicados porque solían contar con algún familiar con este tipo de problemas.

Ahora creo que hay mayor porosidad gracias a muchas de las normas aplicadas en nuestro país sobre estos temas. Hay mayor toma de conciencia sobre la discapacidad pero hay que seguir trabajando duro.

Deben de darse cuenta que puede ser una línea de acción para su negocio el tratar nuestros asuntos legales de forma regular. Si se especializan y son más accesibles estoy convencido que un colectivo como el de los abogados puede tener más negocio a medio plazo.

En este contexto hay que resaltar el trabajo del Foro Justicia y Discapacidad…

Es una entidad importante que el año que viene cumple su décimo aniversario. Engloba a todos los organismos públicos con decisión en el ámbito de la Justicia; entidades jurídicas y el propio CERMI.

Es evidente que no ha aportado resultados inmediatos pero sí ha servido para a largo plazo crear un estado de opinión y poner en la agenda de la justicia y de los propios operadores jurídicos el tema de la discapacidad como tema no resuelto

Gracias al diálogo que se entabla y a sus múltiples actividades logramos que la discapacidad se encuentre en las actividades nucleares que tienen que ver con la justicia.

Es curioso, cuando hemos hablado con varios vocales del CGPJ, siempre nos han comentado que ustedes deben tener más visibilidad en la sociedad..

La visibilidad es la que uno quiere tener y la que los demás le dan, en definitiva. Nosotros queremos salir de la zona de sombras en donde nos han instalado, pero no es sencillo.

Hablar de inclusión, de normalización o de visibilidad es poder tener más presencia en los medios de comunicación que realmente te dan carta de naturaleza y una forma definida ante la opinión pública.

Estamos trabajando para ello y como una de las minorías de este país buscamos nuestro hueco en la sociedad de forma activa. No podemos olvidar que casi todas las personas integradas en las asociaciones con discapacidad trabajan de forma voluntaria y altruista, además de tener una situación personal que solventan como pueden. Creo que no se les puede pedir más.

Crear los premios CERMI, tuvo que ver con esta situación, ¿verdad?

Llevamos once años consecutivos convocándolos y entregándolos. Se trata de premiar la excelencia en discapacidad reconociendo las mejores experiencias, siempre fuera de nuestro movimiento asociativo.

Y es que la discapacidad no solo pide sino que también quiere aportar todo lo posible a la vida en comunidad.  Premiamos esas cosas buenas que la sociedad hace en pro de la discapacidad desde la empresa, instituciones, políticos o investigadores

De todas las reformas que el Ministro Gallardón quiere poner en marcha para modernizar la justicia ¿Cuáles afectan en mayor grado a las personas con discapacidad?

Es fundamental volver a adaptar la normativa a la Convención de la ONU de las Personas con Discapacidad que creemos al menos orientará nuestra actividad en el próximo decenio.

Hay muchas leyes por desarrollar que afectan de forma directa al propio Ministerio de Justicia. En la reunión mantenida con el Ministro hemos hablado de todo esto y de crear una  Mesa de Trabajo que se reúna periódicamente para hacer seguimiento a los temas y ver los resultados que se van logrando.

En el campo del derecho civil hay que acabar con las incapacitaciones judiciales y sistemas de representación legal que sustituyen a la persona con discapacidad. Según la propia Convención este es un paradigma agotado porque las personas con discapacidad tienen la misma capacidad jurídica que el resto y no pueden tener merma.

Es complicado romper con este sistema para ir a otro nuevo que se base sobre todo en el apoyo a la toma de decisiones. No hay que privarles de que la tomen sino que hay que ayudarles a que lo hagan por sus medios hasta el máximo grado de autonomía que tengan. Eso supone cambiar el Código Civil y la propia Ley de Enjuiciamiento Civil.

También queremos que se modifique la Ley del Jurado que ahora excluye de formar parte de ellos a las personas con discapacidad, en vez de darle los medios adecuados para poder integrarse. Pensamos que es una discriminación que no podemos tener en cuenta.

Hay aspectos penales que nos preocupan mucho. Es el caso de los internamientos forzosos en establecimientos de tipo psiquiátrico por esa discapacidad. Esas personas que no han cometido un delito tienen menos garantías jurídicas que alguien que si lo cometió. Este tema ya el Tribunal Constitucional lo ha cuestionado en alguna sentencia dejando claro que no se puede privar de libertad por cuestiones de discapacidad.

¿Y sobre el aborto eugenésico que ahora defienda el Ministro donde se posicionan?

Compartimos el criterio con el Ministro de que no puede haber discriminación por ningún tipo de discapacidad en el feto,  aunque como CERMI no tenemos una posición institucional sobre el aborto, solo entramos en esta cuestión si hay algún aspecto en la regulación en el que la discapacidad resulte objeto de discriminación.

CERMI no tiene posición corporativa sobre el aborto; no es un tema de su agenda política porque pensamos que es un tema personal de cada uno.

La legislación actual si contempla la discapacidad como elemento discriminatorio, eso ha hecho que nos hayamos pronunciado en contra de este tema. Debe salir de esa regulación.

Respecto a la esterilización forzosa, también estamos en contra sobre este asunto. Nos parece muy grave que un juez a una persona incapacitada pueda consentir esa práctica que es una vulneración grave de los derechos humanos. Hay que sacarlo del Código Penal y que tengamos el mismo tratamiento que los demás.

También el Ministro ha hecho una apuesta por el arbitraje y la mediación…

Es clave sobre todo la mediación por sus cargas más leves a nivel económico y formal que el propio proceso judicial.

Creo que el mundo de la discapacidad viene haciendo mediación de alguna forma desde hace muchos años. Desde nuestra vertiente asociativa cuando nos llega algún caso discriminatorio intentamos ayudar si hay violación de derechos antes de cualquier denuncia con el propio infractor.

Estoy convencido que este potencial igual se puede poner al servicio de las entidades de mediación, o incluso poder asumir este tema y desarrollarlo a medio plazo.

Creemos que habrá demanda en este campo. La gente con discapacidad va teniendo consciencia de sus derechos y quiere defenderlos. Frente al procedimiento judicial hay otras medidas más amables y rápidas que se pueden tomar como la mediación o el arbitraje.

De hecho la propia Ley aprobada en trámite parlamentario lleva una enmienda nuestra aceptada que señala la accesibilidad de la mediación para las personas con discapacidad.

¿Podemos fijarnos en nuestro entorno y señalar algún país que esté tratando de forma coherente el fenómeno de la discapacidad?

Yo diría que no y eso que hay en el mundo distintas fórmulas de abordar la discapacidad.  Hay países centroeuropeos y nórdicos que han sabido salvaguardar su Estado de Bienestar, situación que en España estamos perdiendo ante la crisis. Disponen de más protección social, recursos y pensiones pero no es el modelo perfecto al no ser siempre inclusivo en la propia sociedad.

En Europa no habría un modelo de referencia por lo que le comento.  En otros lugares, como EEUU, Canadá o Australia tienen un modelo muy potente de no discriminación aunque su parte social, sanidad, educación o prestaciones es muy diferente y menos protector. Te ponen en igualdad de oportunidades pero falta la figura del Estado provisor que te ayuda económicamente y a través de prestaciones.

Quizás lo ideal sería mezclar el modelo de derechos formales con el de derechos materiales.  Pero no hay ese modelo , se está construyendo y nuestro país tiene buenas cosas en ambos aspectos y otras cuestiones menos positivas

Finalizamos, ¿Qué actividades tienen en marcha para lo que resta de este año?

A lo largo de nuestro Plan anual de trabajo estamos ocupados en que cada iniciativa legislativa que plantea el Gobierno cuente con los aspectos de la discapacidad. Así hemos reclamado un nuevo marco legal de empleo para nuestro sector de población, superada la LISMI, de la que hemos hablado que también se ocupaba de estos temas.

Además, como antes le he comentado, nos preocupa de nuevo la adaptación de la normativa española a la Convención de la ONU citada varias veces en esta entrevista. Junto a esto, queremos preservar lo conseguido y que los recortes nos afecten lo menos posible sobre todo en prestaciones materiales y ventajas económicas.

Todo nuestro trabajo tiene, como bien sabe, un trasfondo importante de visibilidad como un grupo vivo que puede aportar mucho a la sociedad. Queremos que nos ayuden a liberar el potencial que tenemos y que podemos ofrecer a nuestro entorno.  Queremos participar en los esfuerzos comunes, además de que nos cuiden y atiendan.

En este sentido hemos impulsado nuestra presencia en redes sociales. Es el activismo 2.0  de la discapacidad. Hemos adaptado las propias redes sociales para que puedan ser utilizadas por las personas con discapacidad porque su propia arquitectura no era accesible a nuestro colectivo.  Una vez logrado, tras invertir dinero y tiempo, es otra manera de hacernos visibles y recordar lo que podamos aportar a la sociedad.

Publicado en: diariojuridico.com