Después de cinco años de intensos trabajos donde la colaboración entre el despacho español Cuatrecasas Gonçalves & Pereira y la  firma internacional Covington & Burling LLP  ha sido clave para que la Corte de Arbitraje de Estocolmo haya fallado obligando al Estado ruso  a indemnizar a un grupo de inversores españoles por los perjuicios sufridos por la confiscación de Yukos Oil Company, una de las mayores empresas petroleras y gasistas del mundo.  La compensación que asciende a 60.000 millones de dólares responde a las expectativas de los demandantes.

Según relata a DIARIOJURIDICO Jorge Capell, socio y abogado de Cuatrecasas, Gonçalves y Pereira, inmerso en esta operación, este proceso “tuvo una primera fase pre procesal,d e unos seis meses, tras la cual se puso en marcha el procedimiento arbitral. En un momento del mismo el propio Estado ruso quiso saber si la Corte Arbitral extranjera era competente para gestionar este asunto, aduciendo que era interno; al final diferentes resoluciones dejaban claro la competencia de la institución arbitral en este asunto”

Realmente, el trasfondo de ese fallo es reconocer la operación política que hizo el Gobierno ruso para expropiar desde un ficticio incumplimiento fiscal por parte de Yukos Oil Company y así integrarla a  su grupo de empresas estatales. “Ahora sus letrados tienen un par de meses para impugnar o no el laudo, siempre por algún defecto procesal que hubiera surgido.”, explica Capell. Desde su punto de vista, confía que un país como Rusia, abierto ahora a Europa y a intensificar las relaciones internacionales con estas naciones, cumpla el laudo. “En caso contrario, deberemos ejecutarlo de forma forzosa buscando activos que se puedan enajerar de ese país en cualquier parte del mundo.”.

Expropiacion maquillada

Los inversores españoles exigieron una indemnización al amparo del tratado bilateral de inversión entre España y la Federación Rusa. El tribunal ha considerado que el Estado ruso impuso cuotas tributarias ilegales y, a través de una serie de mecanismos de ejecución y la quiebra final, colocó los activos de Yukos bajo control estatal. La gran mayoría de los activos de Yukos se entregaron a las empresas estatales Rosneft y Gazprom.  El tribunal arbitral ha valorado Yukos en más de 60.000 millones de dólares en el momento de su nacionalización.

Es evitable preguntar a Capell el paralelismo existente entre este caso y el ya tristemente conocido que enfrenta a Argentina con Repsol YPF, también con una expropiación por medio:”realmente, es evidente que hay muchas similitudes en ambos casos. Quizás el contencioso ruso tiene un carácter más político mientras que el proceso abierto ahora en Argentina se sustenta en razonamientos discutibles muy populistas”

En opinion de Jesús Mardomingo y Jorge Capell, socios de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, despacho que representa a los inversores españoles, señalan que “en este caso estaba en juego un principio importante: si Rusia incumple sus obligaciones de tratados y causa un perjuicio a los inversores, tiene que asumir las consecuencias. El tribunal arbitral considera responsable a Rusia y le obliga a indemnizar a los antiguos accionistas de Yukos”.

El tribunal arbitral considera que “el incumplimiento fiscal de Yukos fue sin duda un pretexto para embargar sus activos y transferirlos a Rosneft. . .  Esta conclusión respalda la alegación de los demandantes de que el objetivo real de la Federación Rusa era la expropiación de la empresa y no el legítimo cobro de los impuestos.”“Este fallo reafirma los derechos de los inversores españoles y de todos los inversores en Yukos” afirman Mardomingo y Capell.

Miles de inversores de todo el mundo poseían acciones de esta empresa. Esta es la segunda resolución de un tribunal arbitral internacional que reconoce a estos inversores el derecho a una indemnización, tras el fallo favorable a un inversor del Reino Unido en un procedimiento similar en septiembre de 2010.

La demanda arbitral, Quasar de Valores SICAV S.A. y otros contra la Federación Rusa, se presentó en marzo de 2007 ante la Cámara de Comercio de Estocolmo. Un panel de tres prestigiosos juristas emitió un laudo unánime:  Jan Paulsson (presidente), de Freshfields Bruckhaus Deringer; Toby Landau QC, reconocido abogado de Essex Chambers; y el Juez Charles Brower del Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados Unidos.

Publicado en: diariojuridico.com