El Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona denuncia que muchos ayuntamientos deniegan de forma sistemática las reclamaciones que interponen los ciudadanos frente a la administración pública con escaso o nulo fundamento o directamente no resuelven la petición en el tiempo que establece la ley. Este silencio administrativo obliga al ciudadano a dirigirse a la via judicial generando a su tiempo dos consecuencias: una mayor saturación de esta jurisdicción y un mayor tiempo de espera para el justiciable, que deberá enfrentarse a un proceso que puede alargarse hasta cinco años.

Según datos del Colegio, la saturación en estos juzgados ha llegado al 250% , es decir, superior al ámbito penal, civil o social, todas ellas jurisdicciones con mayor litigiosidad. El decano del Colegio, Pedro L.Yúfera apuntó al arbitraje para resolver este asunto: “En estos momentos muchos recursos administrativos no son resueltos por las administraciones que las deben resolver, y por eso proponemos que los ayuntamientos sometan estos asuntos al arbitraje administrativo, que lograría una resolución y evitaría la judicialización que vivimos actualmente”. Según explicó Yúfera, este sistema permitiriía que los asuntos pudieran llegar a resolverse en seis meses.

Es una de las conclusiones que se recogen en el Informe de justicia que el ICAB presentó ayer y que recoge datos entre el período 2007 y 2011. Entre ellos, otro dato preocupante, es que el 98% de los juicios penales comienzan con retraso. O lo que es lo mismo, el 2% comienzan puntuales. Una cifra irrisoria que preocupa a los abogados que ya se han puesto en contacto con el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, con el que trabajan el asunto en una Comisión mixta.

Según explicaba la diputada del ICAB, Jenifer Lahoz, “no creemos que sea sólo un problema de medios, porque en muchas ocasiones comienzan con retraso los primeros juicios del día, eso lo atribuimos a una mala organización porque, por poner un ejemplo, no se comprueba hasta útlima hora si se han presentado los testigos citados a juicio”.

Además, desde esta entidad  aseguran que los estragos que causa la crisis son visibles en las peticiones de asistencia jurídica gratuita. Mientras que hace tres años se aceptaban el 47% de las peticiones de turno de oficio, actualmente esta cifra se eleva hasta el 65%. En este capítulo, los abogados proponen modificar alguno de los criterios que se tienen en cuenta para acceder a la justicia gratuita, pues aseguran que la existencia de una cifra determinada, deja fuera de esta asistencia a gente que también lo necesitaria.

Puedes ver este informe desde este enlace, http://www.icab.cat/files/242-321194-DOCUMENTO/Informe%20Justicia%202012b.pdf

Es precisamente por eso que plantean un sistema escalonado en el que, como ahora, los más necesitados no pagaran nada y en cambio, otros, con algo más de recursos, pagaran una pequeña parte del coste. Además, ante la difícil situación que vive el turno de oficio en muchas Comunidades Autónomas – aunque en Catalunya los pagos a los letrados se realizan con normalidad – des del ICAB proponen sanciones en el caso que la administración no cumpla con su deber. Una sanción que se traduciría en el pago de los intereses de demora si se tardara más de 90 días en pagar a los abogados. El decano Pedro L.Yúfera ha aprovechado también aquí para criticar que les recortes de la Generalitat afecten también a los abogados que realizan asistencia gratuita, porque asegura que el sueldo que estos reciben ya es lo suficientemente ajustado y reclama que aquí no se use la tijera.

Publicado en: diariojuridico.com