Pedro L.Yúfera es desde el pasado 11 de mayo el nuevo presidente del Consejo de la Abogacía Catalana – en adelante CICAC-. Llega al puesto tras ser decano del Colegio de Abogados de Barcelona desde el año 2009. Yúfera, nacido en Barcelona el año 1957, cuenta con una dilatada experiencia profesional. Abogado y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, compagina su actividad diaria en el bufete Yúfera & Giménez Torres con su labor como profesor en la Universidad Ramón Llull. Además, cuenta con extensa bibliografia publicada en su especialidad e incluso ha escrito una novela. 

Toma las riendas del Consejo que agrupa los Colegios de Abogados de Cataluña en un momento delicado. Muy delicado. Los letrados no son ajenos a la situación económica que vive el país que tiene sus consecuencias también en el mundo jurídico. La galopante crisis económica está llevando a los gobernantes a tomar medidas como la implantación de tasas en la justicia o la rebaja de sueldo de los letrados del turno de oficio.

Yúfera ya se manifestó en contra de estas medidas como decano del ICAB y ahora asegura que su cometido al frente del CICAC debe servir para fortalecer la abogacía catalana frente a estos cambios legislativos que propone tanto la Generalitat de Cataluña como el gobierno central. Pero la crisis, siempre protagonista, no es la única tarea a la que Yúfera va a hacer frente. En esta entrevista a DIARIOJURÍDICO el nuevo presidente del CICAC habla de modernización, de la promoción del arbitraje y la mediación y del papel que deben jugar los Colegios de Abogados en situaciones complicadas como la actual. Llega con fuerza y con 12 meses por delante para llevar a cabo su cometido. La cuenta atrás ya ha empezado.

¿Cuales son los principales retos que cree que tiene al frente del Consejo de la Abogacía Catalana?

El CICAC tiene hoy en día muchos retos, pero yo creo que se pueden destacar dos. De un lado, debemos ser una abogacía fuerte para poder tener peso a la hora de defender nuestra postura en las modificaciones legislativas que puedan venir. Ahora mismo, por ejemplo, debemos demostrar nuestra fortaleza, por ejemplo, en la decisión de si la colegiación debe ser obligatoria o no, en la introducción de tasas judiciales, etc. Y por otro lado, debemos luchar contra la crisis económica. Hay que intentar actuar de forma conjunta en todo aquello en lo que podamos ayudar desde esta profesión. Esto, de momento, lo planteaba al frente del ICAB, ahora se trata de hacerlo de forma conjunta con todos los colegios.

Una de las medidas que ha generado polémica en el sector es la introducción de tasas judiciales. Los colegios de abogados de Catalunya se han negado rotundamente a la medida que propone el nuevo ministro. ¿Por qué?

El problema de las tasas judiciales es que al final limitas el acceso a la justícia. Están por un lado los que no tienen medios económicos y litigan en la justicia gratuita. Por otro lado los que tienen mucho dinero y que pueden ir a juicio aunque haya que pagar tasas y finalmente está la clase media donde se encuentra la mayor parte de la población, que son quienes acaban pagando los platos rotos, porque si finalmente las cifras se elevan en la medida que está plenteando el ministro de justicia, litigar va a ser caro. Es ahí donde se limita el acceso y más teniendo en cuenta que los catalanes deberemos pagar una doble imposición

Han hablado con la Generalitat sobre esta doble imposición?

Sí, pero en estos momentos ellos valoran en términos económicos. Al final el problema que se plantea es que los catalanes deberán pagar las tasas estatales y también las autónomicas. Y a lo mejor si las tasas estatales revirtieran en la Comunidad Autónoma en función de lo que ésta ha pagado no sería necesario pagar también tasas autonómicas. Es decir, si Galícia cobra 50 euros en tasas mientras que en Cataluña se recaudan 100, se deduce que Cataluña utiliza más los medios de la justícia y gasta más, y por tanto debería recibir el dinero equivalente a lo que se ha pagado en impuestos porque a lo mejor entonces, si eso se potencia y se revierte en función de lo que se da, a lo mejor no debería hacerse la doble imposición. Aunque eso no depende exclusivamente de cobrar sino de la voluntad de hacerlo.

Algunas asociaciones de jueces han criticado que los abogados están en contra de las tasas porque les perjudica a nivel profesional. ¿Qué opina?

No es así. Una de las tasas por ejemplo que se implanta por parte de la Generalitat hace referencia a la ejecución de sentencia. Es decir que en caso de ganar un procedimiento judicial se debería pagar para la ejecución. Y eso no afecta al abogado, eso afecta al justiciable.

Según contempla el gobierno se deberá pagar una tasa para poner un recurso de apelación, y en el caso de un procedimiento en el que se reclaman 3.500 euros la tasa podría ascender a 800 o 1.000 euros. Eso a muchas personas no les sale a cuenta, y la situación que se produzca puede ser peligrosa, porque las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial recogen que en los procedimientos civiles se revocan un 40% de los procedimientos judiciales, lo cual significa que el juzgado de Primera Instancia no lo ha hecho correctamente y que susbanar eso a partir de ahora va a tener un coste que muchos no se pueden permitir. Eso, al final, supone una limitación de acceso a la justicia.

La crisis ha hecho aumentar las peticiones del Turno de Oficio al mismo tiempo que las administraciones públicas tienen problemas para pagar a los letrados. ¿Cómo gestionan este conflicto?

En cada Comunidad Autónoma hay plazos distintos. En Catalunya se paga a 60 o 90 días. Dentro de lo malo está bien, aunque la verdad es que preferiríamos que el plazo fuera siempre el mismo y así saber con seguridad cuándo se va a cobrar. Aunque en Catalunya el pago se está realizando correctamente. A pesar de ello, en el Informe Justicia 2012 hemos incluido un planteamiento: que las administraciones tengan sanciones en el caso de que no paguen a tiempo. Esas sanciones se traducirían en intereses de demora. Donde sí hemos discrepado es con la rebaja del 5 por ciento a los letrados. Los abogados del turno de oficio realizan una labor fantástica que avalan las encuestas realizadas.

Existe un sentimiento de que el abogado de turno de oficio no hace su trabajo correctamente lo cual no es verdad, y de hecho en las encuestas el resultado es superior al notable. Y la verdad es que las cantidades que se cobran ya son suficientemente bajas como para rebajarlas. Por todo el proceso el abogado recibe una compensación de 200 ó 300 euros, una cantidad bajísima si la comparamos con los precios de mercado. (que son libres pero superan los 1.000 euros). Los letrados desempeñan esta tarea porque lo consideran una responsabilidad social.

El Gobierno está planteado reformas penales para luchar contra el llamado “vandalismo urbano” que ha tenido protagonismo en los útlimos meses en Catalunya. ¿Cómo se observa desde los Colegios de Abogados?

Yo básicamente considero que cualquier decisión legislativa hay que tomarla como decimos en Catalunya “con seny”, es decir con tranquilidad, sentido común y de forma objetiva. No se puede legislar a raíz de acciones concretas, y sobretodo hay que ver qué derechos pueden quedar afectados con esa reforma normativa. Ahora da un poco la sensación que se está lesgislando en titulares, y eso es lo que puede generar una cierta preocupación. Es importante ver en cada momento qué reformas se necesitan, pero es importante llevarlas a cabo con sentido común.

Y en el capítulo de la modernización de la justícia. ¿Qué prioridades se deben tener…

Yo creo que lo más importante es tirar adelante la Oficina Judicial porque es una apuesta que se hizo y en la que se ha empezado a trabajar pero en la que falta mucho desarrollo. También se debe impulsar las conexiones telemáticas, y mejor organización. Ahora mismo hay algunas disfunciones, porque los funcionarios dependen de la Generalitat, los jueces del Consejo General del Poder Judicial y los secretarios a la administración de justicia, de modo que son tres grupos de personas con tres direcciones distintas y evidentemente, eso en algunos momentos lo hace complicado. Hay que encontrar soluciones para saber cómo gestionarlo. Que obviamente las hay.

Hoy en día por ejemplo un 60% de los procedimientos judiciales – al menos en Cataluña – son monitorios, son reclamaciones simples que podrían acabar con escritos. Se podrían crear juzgados específicos de estos casos, de manera que sacarías temas que no comportan una complejidad litigiosa y que informáticamente se podrían solucionar de forma ágil dejando libre los juzgados para el resto de actividades. Eso implica decisión política, implica que los funcionarios estén dispuestos a la movilidad. Cada vez que hay elecciones el tema sale a debate, se habla del Pacto de Justicia, y luego se pospone y pasa a segundo término.

¿Van a ser la mediación y el arbitraje una prioridad para el Consejo?

Sin duda. La mediación es una apuesta absolutamente necesaria e importantísima. Es un sistema alternativo de resolución de conflictos por el que hay que apostar porque evitaría litigiosidad y aliviaría y quitaría trabajo a los tribunales. Ahora lo que hay que hacer es apuesta concreta. Aquí en Catalunya hace tiempo que estamos pendientes de que se dicte un reglamento para reconocer la homologación de quién es mediador o no. En España ha salido la Ley de mediación y arbitraje, aunque ahora falta el desarrollo y ahora mismo a pesar de esto falta una apuesta convencida por estos métodos.

Antes apuntaba que las soluciones a la crisis eran una prioridad para el Consejo. ¿Cómo puede hacerse eso desde el CICAC?

Ya desde el ICAB establecimos cursos, no sólo de temas jurídicos sino de gestión de despachos, e organización para crear sinergias entre abogados. Porque por ejemplo si se ponen en contacto tres abogados de tres materias distintas – civil, administrativo y penal – se pueden juntar y compartir gastos en un mismo despacho. Hemos ayudado económicamente también a través de becas. Y ahora, todo esto que hemos hecho desde los distintos colegios, tenemos que implementarlo en el CICAC. Debemos intentar crear sinergias, de manera que abogados de distintos puntos del territorio puedan juntarse, buscar clientes que sean interesados para todos, etc. Y obviamente también debemos ver qué tipos de instrumentos de formación se les puede dar para facilitar las ventajas de tipo competitivo.

Publicado en: diariojuridico.com