Hoy concluye en Gran Canaria el V Encuento Empresarial Canarias-Africa 20011 donde empresarios, profesionales del derecho y representantes de diferentes gobiernos africanos se han reunido para analizar el estado de las relaciones entre el archipiélago canario y el continente africano. En este contexto globalizado, donde es necesaria la seguridad jurídica, muchas de estas relaciones comerciales se sellan mediante convenio arbitral.  Ver la aplicación a nivel internacional en las licitaciones públicas del arbitraje ha sido la ponencia de Alberto Dorrego, presidente del TACOP, Tribunal Arbitral de la Contratación Pública

Más de 150 empresas africanas se han dado  cita en uno de los eventos de mayor trascendencia empresarial a nivel nacional, que cuenta con la colaboración con las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Fuerteventura, Lanzarote y Santa Cruz de Tenerife, así como el Consejo Superior de Cámaras, el Gobierno de Canarias a través de la Sociedad Canaria de Fomento Económico (Proexca) y la Red Enterprise Europe Network Canarias (EEN), así como el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), Casa África, la Oficina de Proyectos Regionales para la Mujer de Naciones Unidas en Canarias, el patrocinio del Centro de Convenciones Expomeloneras y con el apoyo de los Fondos FEDER.

El V Encuentro Empresarial Canarias-África se realiza en el marco del acercamiento empresarial e institucional que la Cámara de Comercio de Gran Canaria desarrolla desde hace más de 10 años, para dar respuesta a las necesidades de continuidad planteadas por instituciones y empresas participantes en las cuatro ediciones anteriores celebradas en 2002, 2004, 2006 y 2008.

Arbitraje y sobrecarga de trabajo

Tal y como comentó el viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Pedro Herrera, aseguró que el arbitraje puede contribuir a mitigar la sobrecarga de trabajo de algunos órganos del sector y destacó su papel y su utilidad para resolver conflictos supranacionales, así como otros de nivel interno que por especialidad y complejidad requieran un tratamiento específico y singularizado que “difícilmente encontrarían en el ámbito judicial”.

Herrera subrayó que la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, que viene atribuida por la Constitución a los jueces y magistrados, “no es excluyente, pudiendo coexistir con otras vías que también son adecuadas para la resolución de conflictos intersubjetivos”. Por ello, incidió en la necesidad de “contar con convenios institucionales de colaboración y protocolos de actuación para potenciar y tratar de consolidar la Institución del Arbitraje”. La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias gastará 2,7 millones de euros en la mejora del sistema informático Atlante II, cuya implantación ha provocado múltiples problemas en los juzgados de las Islas.

Mayor seguridad jurídica

Para Alberto Dorrego, en declaraciones a DIARIOJURIDICO, es evidente que la seguridad jurídica de países como Marruecos, Mauritania o Cabo Verde ha crecido notablemente, así lo deja entrevér el informe Doing Business 2012 de las Naciones Unidas. La mayor parte de estos países suscribieron en su momento la Convención de Nueva York de 1958 y también tienen una judicatura sensible al procedimiento arbitral. “Ahora toca hacer pedagogía e informar a los empresarios como a los propios poderes públicos de que pueden contar con nuestra entidad. De hecho estamos ya arrancando nuestra internacionalización tanto en Latinoamérica como en el Continente africano. Contaremos con árbitros especialistas y solventes en estos temas”

En la actualidad muchas de las controversias que surgen entre las empresas españolas y estos países se dirimen en las tradicionales Cortes Internacionales, como pueden ser París o Londres, “sin embargo hay otras cuestiones de menos tamaño y más locales como que acaban en la Corte Atlantica de Arbitraje de nueva creación” comenta Dorrego. Desde su punto de vista hay un vacío importante que una institución arbitral como TACOP, que acaba de suscribir un acuerdo de colaboración con Puertos del Estado para el desarrollo del arbitraje en el sector público, “puede cubrir, máxime ahora que como ya le adelantado iniciamos nuestro proceso de internacionalización como tribunal arbitral en licitaciones públicas”

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Publicado en: diariojuridico.com