El Decano del Colegio de Notarios de Cataluña, Joan Carles Ollé, reivindicó con firmeza la necesidad de aprobar la Ley de Seguridad Jurídica Preventiva, tema repetidamente pospuesto por los sucesivos ministros de Justicia. Así lo ha afirmó en el transcurso de la “Jornada sobre Seguridad Jurídica Preventiva en el marco constitucional” que tuvo lugar recientemente en la sede colegial. “Es imprescindible – ha afirmado – para clarificar y resolver definitivamente cuestiones como el control de legalidad o las respectivas competencias de notarios y registradores; en definitiva, para modernizar y actualizar un sistema que se ha demostrado plenamente válido para mantener la paz social y para el desarrollo de los mercados, tanto en la época de bonanza como en tiempos de crisis”.

En este sentido, recordó que la actual crisis económica y financera internacional se originó con el grave problema de las hipotecas subprime en Estados Unidos, “que no es mas que, en definitiva, una crisis de seguridad jurídica. En nuestro país cabe destacar que, pese a estos momentos difíciles, el actual sistema, basado en la actuación indepiendente, sucesiva y complementaria de notarios y registradores, ha demostrado ser un sistema fiable, eficaz y que garantiza plenamente los derechos de los ciudadanos”. Además, recordó la necesidad de que el Gobierno consagre legalmente el control de legalidad notarial, tras la sentencia de 18 de agosto de 2008.

Por otro lado, Ollé destacó la excesiva judicialización de la sociedad actual en todas aquellas materias en que no hay propiamente un contencioso entre las partes, ámbito en el que ha destacado el riguroso documento elaborado el 2010, impulsado desde el Centro de Estudios Jurídicos de la Generalitat de Cataluña y en el que participaron todos los operadores jurídicos. El estudio incluyó importantes aportaciones en este ámbito, y el Decano destacó el hecho de que en nuestro país “el carácter mixto del notario lo hacen idóneo para asumir en el futuro nuevas funciones en beneficio de la sociedad en el ámbito de la jurisdicción voluntaria. Hay que apostar por la desjudicialización”. concluyó

Esta idea fue ampliamente respaldada por los participantes en la Jornada, entre ellos Pascual Ortuño, Director de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial, quien afirmó que “se ha sobrecargado a los jueces de responsabilidades, con ligitiosidad impropia. Además – continuó – el juez no ha de ser el brazo ejecutor del deudor o del banco, ya que la ejecución puede recaer, en muchos aspectos, en el ámbito notarial, ámpliamente prestigiado y preparado para asumirlo”.

Enrique López, Magistrado de la Audiencia Nacional, fue protagonista de otra de las ponencias, que presentó el moderador de la Jornada dada su forzada ausencia de última hora por un motivo familiar. En ésta, López afirmó que “es muy importante hacer el sistema previsible y eficaz en la resolución de conflictos”, destacando el hecho de que “el poder de los jueces es el poder del Derecho” y reivindicando un Estatuto jurídico diferenciado que garantice su plena independencia.

En cuanto a la reforma del poder judicial, señaló que “es necesario abordar con tranquilidad medidas profundas que permetan restaurar su crédito”. Para ello, subrayó que es necesario hacerlo desde cinco grandes ejes: el elemento personal – valorando la capacidad del juez para aplicar las normas -; el material – paliando el déficit estructural de la Administración de Justicia -; el formal – teniendo presente que la protección del derecho debe ser correctora de su vulnerabilidad -; y el temporal – afirmando que el hecho de que los procesos se alarguen en exceso comporta una pérdida de efectividad patológica que deberá resolverse-.

Finalmente, Francisco José Hernando Santiago, Magistrado del Tribunal Consitucional, y ex presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial hizo un laudo a la Constitución de 1978, asegurando que “ha sido un auténtico punto de referencia para muchos otros países en proceso democratizador, situando a España en un lugar preeminente en el contexto internacional”.

En referencia al debate abierto entorno a la necesidad o no de una reforma constitucional, Hernando se mostró contrario, afirmando que “la Constitución todavía es joven y creo injustificada cualquie reforma en términos globales o sustanciales”. Definiéndola como “la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico y auténtico pacto social de libertad”, de sus casi 33 años de historia. Hernando quiso destacar especialmente el hecho de que reconoce la responsabilidad del Estado por daños causados por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia o por error judicial; la creación del Tribunal del Jurado, en el año 1995, como manifestación del carácter democrático del Estado en la Justicia; y la acción popular, mecanismo que permite que cualquier ciudadano español pueda constituirse como parte acusadora en un delito penal.

La jornada reunió a muy destacados representantes del ámbito jurídico tanto de Cataluña como de Madrid, visualizando la necesidad de restablecer los puentes de unión necesarios para continuar construyendo una justicia al servicio de los ciudadanos.

Sobre el Colegio de Notarios de Cataluña.

El Colegio de Notarios de Cataluña es la entidad que integra y representa, como corporación de Derecho público,a todos los notarios que ejercen la profesión en el territorio catalán. Es el mayor de los colegios notariales de España, con 557 notarías demarcadas. El notariado presta una función pública de gran transcendencia basada fundamentalmente en dos principios básicos: garantizar la seguridad jurídica a los ciudadanos y hacer cumplir la legalidad en los negocios jurídicos de la vida civil y mercantil.

Publicado en: diariojuridico.com