La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la demanda de conflicto colectivo que presentó Jueces para la Democracia contra el Ministerio de Justicia y el CGPJ ante la situación de sobrecarga de los órganos judiciales.

En el auto se designa como ponente, según el sistema de turnos de la Sala, al Magistrado Ricardo Bodas, presidente de la Sala y miembro de Jueces para la Democracia, asociación de la que fue portavoz entre 1998 y 2002. 

En declaraciones a Diario Jurídico, Joaquim Bosch, portavoz de la asociación,  ha explicado que el magistrado ha comunidado este extremo a las partes en una diligencia para que pidan la recusación si lo consideran conveniente, aunque él no ve causa para abstenerse. En caso de qué alguna parte lo solicitase, lo resolvería un órgano superior.

Para Bosch, en este caso no se justifica la recusación: “las causas de abstención o recusación son casuas tasadas que no se dan en este caso, pero en cualquier caso las partes, en este caso el Ministerio o el CGPJ, pueden instarlo”. Según él, está situación no compromte la independencia de Bodas: “Ningún juez ni magistrado está vinculado por lo que opine una asociación a la que pertenece, siempre está vinculado por lo que die la ley, y siempre la aplicacará”.

En el Auto, se señala el día 3 de febrero de 2015 para un acto de conciliación y, para el caso de no aveniencia, se celebraría seguidamente la vista. La Sala de la Audiencia Nacional también ha admitido las pruebas propuestas por JpD.

La asociación ha presentado la demanda de conflicto colectivo porque no existe ningún plan de prevención de riesgos laborales para jueces y magistrados aunque más del 40% de los juzgados y tribunales soportan un una carga superior en un 150% a la carga máxima que deberían soportar según el criterio del CGPJ.