Los abogados consideran que la orden conjunta, publicada por los dos organismos el pasado 20 de abril, infringe la normativa europea y deja más desprotegidos a los inversores españoles que los del resto de Europa.

La denuncia se presentó ante el ‘Committee of European Securities Regulators’ (CESR) y ante la ‘DG Internal Markets and Services’ de la Comisión Europea, a los que piden que se obligue a los supervisores españoles a someterse a la Mifid, restableciendo el amparo de los clientes por las normas de conducta el mercado de valores.

Es previsible que la Comisión Europea conteste a esta denuncia en un plazo de un mes dada la gravedad de unos hechos, que se asemejan a las prácticas que derivaron en el “corralito” argentino en 2001.

Los denunciantes consideran que la orden del Banco de España y de la CNMV “deja fuera de la protección de la Mifid a gran parte de los inversores que han contratado ’swaps’ en el territorio español”.

Los abogados consideran que la medida “crea un régimen especial de menor protección, aplicable sólo a España y distinto del establecido para toda la Unión Europea” en la Directiva Mifid 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004.

La comunicación concluía que “en todos aquellos supuestos de vinculación del derivado con un producto/s bancario/s concreto/s, únicamente se exigirá para su comercialización el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa bancaria”.

El Banco de España y la CNMV delimitaron sus propias competencias en relación con la supervisión y resolución de las reclamaciones que afectan a instrumentos o productos financieros derivados de cobertura, los llamados ’swaps’.

Jausas y Zunzunegui piden a las autoridades europeas que se pronuncien antes de la presentación de una demanda contra Banco Santander y BBVA, en nombre de cerca de 50 afectados por los ’swaps’, cuyo un coste de cancelación se eleva a más de 50 millones de euros.

La Mifid, que introdujo un mercado único y un régimen regulatorio común para los servicios financieros de la UE, obliga a los bancos a realizar un test para evaluar los conocimientos financieros de los clientes antes de venderle determinados productos.

Publicado en: diariojuridico.com