Pigem fue diputada de CiU en el Congreso desde 2000 hasta 2011

Mercè Pigem ha presentado este sábado su renuncia como vocal del Consejo General del Poder Judicial, después de que la Guardia Civil descubiera que entraba desde Andorra hasta España con 9.500 euros en efectivo. Su hermana, junto a la que viajaba, llevaba 10.600 euros.

Pigem no ha cometido ningún delito ni infracción administrativa porque la ley permite llevar hasta 10.000 euros en efectivo sin declararlos pero el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, le pidió el viernes que renunciara porque considera que el CGPJ, como máximo órgano de gobierno de los jueces, “debe ser expresión de ejemplaridad y generar confianza en los ciudadanos; valores que podrían verse comprometidos por esta situación”.

En este sentido, Lesmes ha agradecido la “generosidad” de Pigem con su renuncia, “encaminada a preservar la imagen de ejemplaridad que en todo momento debe guiar la actuación del Consejo”. El presidente del CGPJ también ha agradecido su “dedicación a la institución y la profesionalidad demostrada durante su etapa como vocal”.

Pigem, que fue nombrada hace poco más de un año a propuesta de Convergencia i Unió, asegura en su carta de renuncia que los hechos “no suponen ninguna irregularidad” pero que han sido “instrumentalizados” en el contexto del  “grave enfrentamiento político con motivo de la situación en Catalunya”.

En este sentido, Pigem asegura que a pesar de que su actuación no ha sido irregular, ha decidido renunciar para evitar dañar la confianza de la ciudadanía en la institución. “No me siento capaz de seguir tomando las decisiones a que mi cargo me obliga, todas ellas de una gran trascendencia y sensibilidad para el gobierno de los Jueces, pensando que pueden ser ‘castigadas’. La campaña que padezco me ha hecho demasiado frágil para ejercer una función en la que lo único que debe primar es el interés general. Mis decisiones no pueden verse mediatizadas por el temor de que no sean ‘convenientes’ y así evitar que se reiteren una y otra vez las descalificaciones a que estoy siendo sometida”, explica en su carta.

En los próximos días, Lesmes pondrá en conocimiento del Senado la renuncia de doña Mercè Pigem para que esta Cámara proceda a la propuesta de nombramiento de un nuevo vocal.

Según una información de el Diario la renuncia de Pigem podría llevar al CGPJ a Antonio María Álvarez-Buylla Ballesteros, decano del Colegio de Procuradores de Madrid, ya que fue votado por el Senado como primer suplente en sus nombramientos del turno de juristas para el Poder Judicial. Según la misma información, Álvarez-Buylla, propuesto por el PP, se encuentra imputado por un delito de falsedad en documento público, por haber manipulado, presuntamente, el estatuto del Colegio de Procuradores. El proceso se inicio con la querella que presentó la Asociación Nacional para la Defensa del Procurador (ANDP).

Según esta asociación, el estatuto que se inscribió en el Registro de Colegios Profesional contenía modificaciones respecto al que aprobaron los procuradores. Concretamente, la ANDP, acusa Álvaerz-Buyla y al secretario del Colegio de añadir un párrafo que introduce unas cuotas variables en función de lo que gana cada procurador y que han elevado las cuotas para muchos de los colegiados.

No se trata de la primera actuación de la Junta del Colegio de Procuradores de Madrid que termina en los tribunales. Este mismo setiembre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló un acuerdo de la Junta que obligaba a todos los procuradores del Colegio, excepto a los miembros de la Junta, a adscribirse al Turno de Oficio. El tribunal consideró que el acurdo era contrario al Estatuto General de los Procuradores, la Ley de Justicia Gratuita, la Constitución, la Carta de Derachos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.