El consejero de Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, explica el proyecto

La Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para que la reunificación de 356 órganos judiciales, actualmente dispersos en 28 sedes, se convierta en una realidad. El primer paso que dará el Gobierno madrileño es remitir el anteproyecto de concesión de obra pública a la Consejería de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Madrid. Una vez se saque el anteproyecto a periodo de información pública, se abrirá el periodo de alegaciones, previsto para mediados de diciembre, y en enero de 2015 se convocará el concurso público, para que en el primer semestre del año pueda estar ya adjudicado, según explicó el consejero de Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria.

La Comunidad pretende abonar al adjudicatario un canon anual durante un período de entre 30 y 40 años equivalente al importe que se paga actualmente por el alquiler de los edificios judiciales y su mantenimiento, situado alrededor de los 40 millones de euros anuales.

Según explicó Victoria, el complejo albergará diariamente a más de 25.000 personas, entre ciudadanos, profesionales de la Justicia y otros trabajadores e integrará el Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Provincial, la Fiscalía Superior y Provincial, y los órganos judiciales del partido judicial de Madrid.

El objetivo de la Comunidad de Madrid es que esta Ciudad de la Justicia se convierta en un elemento “dinamizador” y “potenciador” de la zona noreste de la capital en general y del Parque de Valdebebas en particular, donde hay proyectadas más de 100.000 viviendas.

División en tres grandes áreas

El complejo albergará en sus más de 200.000 m2 los 356 órganos judiciales del Partido Judicial de Madrid, actualmente distribuidos en 28 sedes, y se convertirá en la mayor agrupación de órganos judiciales de España, seguida de Barcelona, con 152.

El recinto estará dividido en tres grandes bloques: penal, civil y administrativo e institucional. Cada uno de ellos albergará los órganos judiciales correspondientes a cada jurisdicción. Así, el primer bloque albergará los juzgados de lo penal, incluyendo el Juzgado de Guardia, situado al principio del recinto para facilitar su funcionamiento las 24 horas los 365 días al año; juzgados de instrucción; secciones penales de la Audiencia Provincial; Vigilancia Penitenciaria; Violencia sobre la Mujer; juzgados de Menores, y Fiscalía.

El segundo bloque estará destinado a los juzgados de lo Civil, incluyendo los de Primera Instancia y secciones civiles de la Audiencia Provincial, los juzgados de lo Social y Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), juzgados de lo Mercantil y sección mercantil de la Audiencia Provincial (AP), juzgados de los Contencioso Administrativo, Sala de los Contencioso Administrativo del TSJM y Registro Civil. El tercer bloque estará formado por un edificio institucional, que albergará las sedes del TSJM, el área de Administración Pública y las Salas Civil y Penal del TSJM. A estos hay que sumar el Instituto de Medicina Legal (IML), ya construido en el inmueble popularmente conocido como “el rosco”.

A partir de esta distribución por jurisdicciones, cada edificio podrá plantearse de manera aislada o construir un único edificio con pasarelas que interconecten todos los espacios de un mismo área como ocurre en la T4.

Tercer intento

Esta es la tercera vez que se aprueba un plan gubernamental con este objetivo, que pasa ahora por permitir que un gestor privado levante las sedes y organismos judiciales y que la Comunidad le abone los 40 millones de euros que ahora gasta en alquilar las actuales sedes dispersas por la capital.

El Presidente de la Comunidad, Ignacio González, acordó el pasado 31 de julio la disolución de la empresa pública que iba a promover el anterior proyecto, llamado ‘Campus de la Justicia’, un plan que pretendía construir 15 edificios arquitectónicamente vanguardistas y que costaría unos 500 millones de euros.

Era el plan de Esperanza Aguirre, quién planeó en 2004 agrupar los órganos judiciales de la región en una superficie bien conectada con el aeropuerto y a apenas 10 minutos de la plaza de Castilla, que finalmente no llegó a convertirse en realidad, por carecer de financiación suficiente. El Instituto de Medicina Legal (conocido popularmente como ‘El Donut’) es el único edificio que se llegó a construir y actualmente se encuentra cerrado. A diferencia del proyecto anterior, en esta ocasión se propone construir el campus sin crear nuevas estructuras administrativos ni incrementos presupuestarios.

Madrid es la segunda Comunidad autónoma con mayor tasa de litigiosidad, con más de 200 asuntos por cada mil habitantes, un 10% más que la media nacional. Además, es la primera Comunidad en número de órganos judiciales creados desde el 2003 (154) -con un total de 534- y la primera con más funcionarios por juez, con un 9,7 de ratio, por delante de Cataluña (9,4) y Andalucía (8,3).