Bruselas ha advertido de que se reserva el derecho a emprender acciones legales contra esta decisión porque el incremento del 3,7% se basa en un método objetivo y fijado por el Estatuto del Funcionario de la UE.

Los funcionarios europeos también advirtieron de que continuarán las movilizaciones con la entrada del nuevo año y amenazaron con convocar una huelga en el Parlamento Europeo durante la segunda semana de enero, cuando están previstas las audiencias de los nuevos comisarios.

El portavoz del Ejecutivo comunitario Amadeu Altafaj explicó en rueda de prensa que la Comisión “toma nota” de la decisión del Consejo de la UE y deja claro que está en “disconformidad” con ella. El colegio de Comisarios decidirá en su primera reunión tras el parón navideño si recurrirá a los tribunales.

Altafaj insistió en que para Bruselas no existen “alternativas” a la subida del 3,7% y que “no se trata de negociar (un acuerdo), sino de aplicar las leyes en vigor”.

El acuerdo entre los Veintisiete fue adoptado formalmente este miércoles por procedimiento escrito, tras más de un mes de negociaciones en el Consejo de la UE y varias movilizaciones protagonizadas por los eurofuncionarios. Cerca de 15 Estados miembros bloquearon durante semanas la subida del 3,7%, una medida a la que no se oponían otros países como España.

La subida de 2009 para los trabajadores públicos de la UE será por tanto la mitad de lo inicialmente previsto, si bien el texto contempla una “cláusula de revisión” que deja cierto “margen” para un ajuste en el futuro, precisaron fuentes europeas.

Tanto Bruselas como los funcionarios sostienen que el aumento del 3,7% es un ajuste anual “objetivo” que se basa en un cálculo matemático que tiene en cuenta el salario de empleados públicos de ocho Estados miembros y el coste de la vida en Bruselas.

Los servicios jurídicos del Consejo advierten, además, que si no se cumple con la subida a la que obliga este método acordado para el periodo 2004-2012, el Tribunal de la Unión Europea (TUE) podría fallar en contra, como ya hizo en un caso similar en 1972.

El Ejecutivo comunitario no ha querido confirmar aún si acudirá a los tribunales y se limita a decir que “estudiará todas las medidas” posibles tras confirmarse la decisión de los 27. Otras fuentes consultadas, sin embargo, insisten en que Bruselas ha dejado notar ya su disposición a llevar el caso ante el TUE.

El sueldo de un funcionario expatriado de alguna de las instituciones o agencias europeas oscila entre 2.500 euros brutos de una secretaria hasta los 17.500 euros de un director general. El aumento de sueldo que se discute afectará a unos 50.000 funcionarios.

Los ocho Estados miembros incluidos en el cálculo y que representan el 76% del PIB comunitario son Bélgica (con un incremento del 4,4% en los salarios de funcionarios nacionales en 2008), Alemania (3,1%), España (4,3%), Francia (3,8%), Italia (2,4%), Luxemburgo (4,5%), Países Bajos (2,3%) y Reino Unido (0,3%).

Publicado en: diariojuridico.com