El Supremo dictaminó también que las dos activistas deberán solicitar, en un plazo de cinco días, permiso administrativo para poder permanecer en Israel. Poco antes, la oficina del Fiscal del Estado había admitido que la detención de ambas había sido “totalmente inapropiada” por un problema sobre la jurisdicción de los inspectores de la unidad policial a la que habían sido trasladadas.

Las dos activistas, pertenecientes al Movimiento Internacional de Solidaridad (ISM, por sus siglas en inglés), fueron detenidas ayer domingo durante una incursión del Ejército israelí en la ciudad cisjordana de Ramala bajo la acusación de permanecer de forma ilegal en Israel. El Tribunal Supremo israelí paralizó ayer la deportación de ambas a la espera de su audiencia de esta mañana.

El Supremo decidió liberar a las dos mujeres tras el pago de una fianza a condición de que permanezcan únicamente en territorio de Israel. Las dos activistas habían recurrido contra su detención ante el Alto Tribunal de Justicia, ante el que alegaron que sus arrestos se habían producido en la Zona A, en la que la Autoridad Palestina tiene plena jurisdicción y la Policía israelí carece de competencias.

La Fiscalía ha reconocido que las detenciones fueron “totalmente inapropiadas” porque las dos mujeres habían sido trasladadas a la unidad policial de Oz, dentro de los territorios, y no a territorio bajo soberanía israelí, como tendría que haberse hecho. La fiscal del Estado, Ilil Amir, precisó que, pese a este percance, sólo se les debería liberar si se les prohibía la entrada en territorio de la Autoridad Palestina.

Durante la sesión, el juez Asher Grunis criticó la forma en que fueron detenidas las dos activistas. “Si las dos personas se encuentran ilegalmente en Israel, se debe actuar de acuerdo con las leyes de entrada en Israel. ¿A qué viene, por tanto, mantenerlas bajo arresto? Dadas las circunstancias, se debe considerar su liberación bajo ciertas condiciones”, afirmó el magistrado.

A la pregunta del juez sobre bajo qué condiciones aceptaría la Fiscalía su liberación, la acusación respondió, tras una consulta entre la Fiscalía del Estado y el Ministerio del Interior, que aceptaría su liberación si se les obligaba a permanecer en Israel y a pagar una fianza de 25.000 shekels (casi 5.000 euros). Finalmente, el juez fijó la fianza en 3.000 shekels.

Publicado en: diariojuridico.com