Sin embargo, admitió haber renunciado a establecer plazos “para no condicionar el deseado y anunciado consenso”. “Trato de medir mis iniciativas con gran mesura y conciliar los intereses de todos”, aseguró.

Cree que sería “irresponsable” no tomar medidas para proteger a la población y sobre todo a los menores frente al tabaco. No obstante, asegura que lo puede hacer “sin que suponga perjuicio para nadie, porque tenemos la experiencia de otros países donde (la ley) no ha tenido ningún efecto negativo, como son Italia, Irlanda, Reino Unido y otros más parecidos a nosotros, como México, Chile, Argentina o Uruguay“.

Hizo una mención especial a Estados Unidos, un país donde lejos de causar pérdidas económicas, la regulación antitabaco ha tenido “un efecto positivo”, porque allí la mayoría de la población es no fumadora.

Jiménez defendió además la “sostenibilidad y eficiencia” del Sistema Nacional de Salud (SNS), pero advirtió de que “es importante que todos actuemos responsablemente para tratar de contener el gasto público y hacer más eficientes los recursos que tenemos”, sin necesidad de recurrir al copago, que puede no aumentar la financiación y perjudicar al ciudadano.

Y expresó sus dudas sobre que el copago “tenga capacidad de incorporar más recursos económicos al SNS y pueda afectar la salud de los ciudadanos”.

La ministra admitió que, según la última encuesta de Atención Primaria, los ciudadanos van entre 5 y 6 veces al año a su médico de cabecera, por lo que algunos expertos recomiendan el copago “como ticket moderador de la demanda” ante la alta frecuenciación de los servicios, aunque puntualizó que está “en la media europea”.

La ministra opina que, con esta iniciativa, se dejaría en manos de los ciudadanos “una decisión médica” por motivos económicos, que podría perjudicar su salud. A su juicio, hay “muchas medidas” para consolidar el SNS, reducir el gasto y aliviar la carga financiera, reconoce que “le cuesta mucho hablar de sostenibilidad porque el SNS es eficiente”.

Jiménez destacó que el SNS “puede costar entre 63.000 y 70.000 millones de euros al año, lo que significa un 6% del PIB”. “Es una cifra acorde con lo que es el modelo de desarrollo económico de nuestro país”, aseveró, insistiendo en que, en los últimos 30 años, ha crecido un 1,5% del PIB y logrado “ser eficiente y controlar el gasto”.

Publicado en: diariojuridico.com