“España, tras Italia es el segundo país con más procedimiento abiertos por parte de la Unión Europea en materia fiscal.” Son palabras de Antonio Martínez, responsable de derecho fiscal del despacho Diaz-Bastien & Truán Abogados. “Nuestro país debe ir hacia una fiscalidad más racional, explica. “iniciativas como los tributos verdes son actividades muy a tener en cuenta, por su repercusión social . Se trataría de aprovechar el marco de la Ley de Economía Sostenible donde se habla de estos temas para introducir estos impuestos. La idea sería penalizar a aquellas empresas que incrementasen las emisiones de CO2”. Desde hace dos años esta firma gestiona las reclamaciones por el llamado céntimo sanitario, ahora de actualidad tras una sentencia de enero de este año del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 26 de enero, que abre la vía para la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por vulneración del Derecho comunitario, al equipararla a la ya existente por vulneración de la Constitución Española. Los bufetes de abogados españoles calculan que los contribuyentes españoles podrán recuperar más de 20.000 millones del céntimo sanitario, una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declare ilegal esta figura tributaria.

Antonio Martínez se incorpora en el año 2008 a Díaz-Bastien & Truan Abogados, en su oficina de Madrid, como abogado responsable del Grupo de Fiscal. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en el año 1996, realizo estudios de oposición al Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado y es Master en Asesoría Fiscal del Instituto de Empresa y en el Centro de Estudios Garrigues. Se encuentra colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde el año 1998, y cuenta con más de diez años de experiencia profesional. Su trayectoria se ha desarrollado en Landwell y Ernst & Young Abogados. Ha trabajado en Estados Unidos en Ernst & Young LLP.

Cuenta con una gran experiencia en el asesoramiento fiscal a empresas nacionales e internacionales en temas relacionados con fiscalidad nacional e internacional. También ha intervenido en procedimientos de impugnación de autoliquidaciones por la infracción de Directivas Comunitarias y, en general, cuenta con gran experiencia en materia de procedimiento tributario.

El céntimo sanitario, llamado en realidad Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, entró en vigor en el año 2002. Tiene un tipo estatal de aplicación en todo el estado. Algunas Comunidades Autónomas has incrementado el tipo estatal con sus tipos autonómicos. La Comisión Europea instó al Gobierno en 2008 a suprimirlo por oponerse a la legislación comunitaria. El procedimiento está a punto de concluir.

Según la opinión de nuestro entrevistado este recargo es incompatible con la Directiva de Impuestos Especiales, por lo que será derogado en los próximos meses. Ahora se abré un compas de espera. Es muy posible que el Gobierno busque un acuerdo político para poder mantener esta medida bajo otra fórmula, porque hay algo muy importante en juego: el modelo de financiación autonómica, que cuenta con los ingresos del céntimo sanitario.

¿Cuál es el trabajo de su despacho en el llamado céntimo sanitario? ¿Qué han venido haciendo hasta la entrada en vigor de la sentencia de 26 de enero del Tribunal de las Comunidades Europeas?

Antes de esta sentencia estamos, nosotros ya estábamos solicitando la devolución del IVMDH, mediante la impugnación de la autoliquidación presentada por el sujeto pasivo del impuesto. Queremos que se anule la citada autoliquidación y se produzca la devolución correspondiente.. Nosotros venimos trabajando desde el 2008 en esta dirección concreta, si bien esta vía se encuentra limitada por el período de prescripción de los 4 años.

¿Cuál es el perfil del contribuyente afectado?

La verdad es que no hay un tipo específico. Puedo referirle que estos afectados van desde la gran empresa hasta el propio autónomo. Podemos estar hablando de un colectivo que puede reclamar cerca de veinte millones de euros.

Con la sentencia de 26 de enero del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que abre la vía para la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por vulneración del Derecho comunitario, ¿qué plazos hay?

Los afectados tienen un año para efectuar la oportuna reclamación. Esta vía permitiría recuperar todas las cantidades recaudadas desde el año 2002, año en que entró en vigor el impuesto. El problema está en conservar una documentación tan antigua.

¿Hay alguna comunidad autónoma más afectada que otra por esta futura derogación del céntimo sanitario?

Creo que están todas las comunidades afectadas por la misma manera, salvo los territorios forales, porque el País Vasco tiene su propio céntimo sanitario que no ha sido denunciado por la Comisión Europea. De todas formas si se anulara la norma estatal se tendría que anular la norma foral, al tratarse de dos normas idénticas. Nosotros ya le puedo anunciar que presentaremos cuestión prejudicial y denunciaremos la norma vasca

¿Se sabe de algun incidente similar en Europa, en algún país vecino sobre el céntimo sanitario?

Ha habido iniciativas parecidas. En este momento le puedo comentar un impuesto que puso en marcha el Gobierno austríaco y fue derogado por la Comisión Europea. El problema con el impuesto de hidrocarburos es que es un impuesto armonizado; por eso gravarle con otro impuesto solo es permitido cuando hay un finalidad específica. Esto es algo complicado de desarrollar y ya hubo otros Estados que quisieron hacer algo similar y su intento fue anulado desde Bruselas. La Comisión Europea deja poco margen a las decisiones de los Estado en este tipo de impuestos. Por eso se vislumbra otro problema a medio plazo con el articulo 108 de la Ley de Mercado de valores que grava transmisión de acciones a entidades que tengan inmuebles desde el impuesto de transmisiones patrimoniales. Es bastante posible que tengamos un problema similar al del céntimo sanitario y se inicie otro procedimiento paralelo

Es evidente que un país como el nuestro desarrolla una amplia normativa y está sometido a numerosos cambios de su legislación, muchos de ellos de carácter político…

Nuestro país ya tiene experiencia en estos temas. Hace años fue sancionado por una infraccion normativa relativa al IVA y a las subvenciones. Es evidente que tenemos mucho gasto y hay que buscar fórmulas de financiación. Ante la bajada por efectos de la crisis de la recaudación general, solo queda el camino de “inventar” nuevo impuestos. El céntimo sanitario se creó para financiar la sanidad en las comunidades autónomas.

Entonces, ¿qué camino les queda a las comunidades autónomas en materia tributaria?

Que se planteen crear nuevos impuestos siempre y cuando, tal y como señala la constitución lo hagan sobre materias que no tenga competencia el Estado para evitar un doble imposición. Los resquicios que les quedan serían los llamados tributos verdes que es un campo aún por desarrollar. Son tributos donde el Estado no legisla y tendrían el campo abierto para desarrollar diferentes tipos impositivos. Tendrán que actuar con rapidez, cuando se derogue el céntimo tendrán que ver la fórmula de financiar su sanidad.

Otra vía sería darle más competencias fiscales a las autonomías. Este asunto hay que estudiarlo con cuidado para evitar la competencia desleal entre regiones. Estos límites deben ser marcados por el propio estado. Ya hubo conflictos entre País Vasco y la Rioja, lo que hacían a algunas empresas riojanas instalarse en la comunidad vecina.

¿Cuál cree que va a ser la actuación del Ejecutivo en este tema?

Tendrán que abolir el impuesto e intentar crear otro gravamen, para ello deberán modificar alguna otra directiva. No creo que este tema se resuelva ahora, siendo nuestro país presidencia de la Unión Europea. Creo que a lo largo del año que viene quedará zanjado este asunto.

Si le parece, abordamos ahora la fiscalidad en nuestro país. ¿Considera, como dicen otros expertos, que se debe abolir el Impuesto de Sucesiones en nuestro país, como ya se ha hecho en otras comunidades?

Sería bueno que se suprimiese. De alguna forma se trata de volver a grabar lo que ya se hizo en vida. El fallecido ya tributó en su día por su renta y patrimonio, el cual le costó mucho esfuerzo conseguirlo para que los herederos tengan que volver a pagar impuestos.

El marco de fondo está en buscar una armonización fiscal a nivel de todas las autonomías, cuestión complicada porque es evidente y notorio que los territorios forales no querrán perder sus privilegios. No es lo mismo bajar el impuesto de sociedades en País Vasco donde hay más margen de maniobra para la administración autonómica que en otras regiones como Extremadura o Andalucía donde la crisis ha pegado más fuerte.

Por último dénos su opinión sobre la financiación de las autonomías. ¿Qué habría que hacer en este sentido?

Lo primero que se debe hacer es reducir gasto. Y evitar la duplicidad de estructuras entre el Estado y las Comunidades autónomas. Es necesario por ello tender a la simplificación. No tiene sentido que exista una Agencia Estatal de alquiler y que haya otras provinciales o regionales. Una vez logrado este extremo, se trataría de impulsar una fiscalidad con sentido y racional. Que deje libertad a las operaciones empresariales que generan empleo y que se centrase en los problemas actúales que hay hoy en día.

Publicado en: diariojuridico.com