Lo que “aconsejan” las empresas de EE.UU. al Gobierno español

Publicado por juan el Monday 22 March 2010 a las 00:01

Las firmas, agrupadas en la Cámara de Comercio de EE UU en España, reclaman además reformas de las pensiones, la universidad y la administración.

Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, sostiene que este país requiere con urgencia reformas estructurales que incrementen la competitividad y atraigan capital extranjero: “es necesario que el Gobierno convenza a la población de su necesidad, porque, de otro modo, nos enfrentamos a una década de crisis económica”, explica.

El líder de la cámara razona que la demanda más extendida entre las empresas que la integran es la reforma de un mercado laboral “que permite un sistema de castas de compartimentos estancos y excluye la meritocracia”. Por eso, reclaman una rebaja del coste del despido para los trabajadores fijos, y mayor protección para los temporales. “La solución perfecta es inviable políticamente, pero debemos ir hacia un esquema que incentive las contrataciones”.

Malet participó el mes pasado en la macrodelegación empresarial que acompaño al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su viaje a EE UU. Según explica Malet, el presidente se comprometió entonces a llevar a cabo una reforma laboral “profunda”, a la que se sumaría, además, la de las pensiones públicas, si bien Zapatero “no señaló el contenido” de dichos cambios.

Pero la laboral no es la única reforma que reclaman las firmas estadounidenses. Otra es la de la administración pública: “Un salario de por vida no tiene sentido, y las administraciones necesitan más flexibilidad para reducir plantillas en tiempos difíciles. Además, deberían compensarse los logros más allá de las escalas”.

Dos cambios más se encuentran contemplados en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible: la reducción de cargas burocráticas y la agilización de los pagos. Sobre esta última, Malet afirma que, aunque la citada ley pretende reforzarla, “no lo va a lograr, porque no hay penalizaciones para los incumplidores. En el caso del sector público, debería sancionarse a los funcionarios que causen los retrasos”.

Publicado en: diariojuridico.com


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