El Plan de Modernización de la Justicia 2009-2012 es la traducción ejecutiva de ese consenso y constituye el eje central de la acción del Ministerio. Junto a ello, se han impulsado, también, diversas actuaciones para fortalecer la garantía y protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, así como para contribuir, desde el sistema de justicia, a dinamizar la economía.

INVERSIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

El presupuesto de Justicia creció un 13,77% en 2010, 218 millones más para mejorar el sistema de justicia.

Este incremento ha supuesto la mayor dotación económica para la modernización de la Justicia en la democracia. El conjunto de créditos del Ministerio de Justicia asciende a 1.804,82 millones de euros. De esta manera, se cumple el compromiso del Gobierno de dotar con 600 millones de euros adicionales el presupuesto del Ministerio de Justicia en los próximos tres años.

Como dato más relevante de este esfuerzo presupuestario destaca el incremento de 113,5 millones de euros (un 102,9% respecto a 2009) con destino específico a inversiones en modernización tecnológica e infraestructuras, lo que duplica la cuantía presupuestada el año pasado, al pasar de 110 millones de euros a 224 millones en 2010.

JUSTICIA MODERNA, ÁGIL Y DE CALIDAD

El Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia , aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de septiembre traza las distintas acciones del Ministerio de Justicia para los próximos tres años con el fin de que al término de la legislatura nuestro sistema de justicia haya dado un salto cualitativo en el nivel y calidad de la prestación de este servicio público esencial.

En el plan se concretan 24 programas de acción y 147 actuaciones. A lo largo de estos meses ya se han ejecutado varias medidas incluidas en el Plan para conseguir los objetivos marcados, así como otras que, sin estar expresamente recogidas en esta hoja de ruta, son necesarias para modernizar el funcionamiento de nuestra Justicia.

MEDIOS PERSONALES

Durante estos próximos tres años, se convocan 750 nuevas plazas de jueces, 450 nuevas plazas de fiscales y 800 de secretarios judiciales. En total, 2.000 nuevas plazas de servidores públicos en el sistema de justicia.

En 2010 se crean 200 unidades judiciales (50 de ellas de Jueces de Adscripción Territorial), de las 600 que se crearán hasta 2012, cuya distribución a partir de criterios objetivos de población y litigiosidad ha sido acordada con las Comunidades Autónomas en Conferencia Sectorial, y se convocarán 150 plazas de fiscales que permitirán completar el despliegue del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y más de 260 plazas de Secretarios Judiciales.

MATERIALES

Desde el mes de febrero del año pasado, se han finalizado las obras del nuevo edificio de Juzgados de Logrosán y de Almazán; la ampliación del complejo judicial Las Salesas y de la Audiencia Provincial de Teruel; el Instituto Nacional de Toxicología de Las Rozas y los

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y LOS MEDIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA
Estableciendo una arquitectura judicial de nuestro tiempo: la Nueva
Oficina Judicial.

Se ha aprobado, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, la Ley 13/2009 de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial, que entrará en vigor el próximo 4 de mayo, así como la Ley Orgánica 1/2009, complementaria de ésta.

La Nueva Oficina Judicial supone una auténtica reconversión de la justicia, una transformación integral en la organización y funcionamiento de los juzgados que pasarán de una estructura heredada del siglo XIX a una arquitectura más moderna y eficiente, propia de nuestros días.

Junto a las unidades de apoyo directo a jueces y magistrados, se crean servicios comunes especializados en los distintos ámbitos de gestión procesal (tramitación, comunicaciones procesales, ejecución) que servirán a varios juzgados. Se aprovechan las capacidades de profesionales altamente cualificados como los secretarios judiciales para atribuirles funciones y responsabilidades en la dirección de la nueva oficina y, en consecuencia, se descarga al juez de funciones no jurisdiccionales para que pueda centrarse en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. La implantación de la nueva oficina judicial en el territorio nacional se realizará de forma progresiva.

Personal al servicio de la Administración de Justicia para adaptarse al cambio.

Desde el mes de febrero, el Ministerio ha empezado a ejecutar un ambicioso Plan de Formación de tres meses de duración, en el que invertimos 3 millones de euros y que va dirigido a un total aproximado de 14.000 funcionarios públicos (secretarios judiciales de toda España y funcionarios de cuerpos de gestión procesal, tramitación y auxilio del denominado “territorio Ministerio”) con el fin de que adquieran las habilidades necesarias para desarrollar las funciones que les atribuye la ley en la nueva oficina judicial.

Jueces de Adscripción Territorial

La Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, ha creado los Jueces de Adscripción Territorial, jueces de carrera que están al servicio de los Tribunales Superiores de Justicia y que darán respuesta a las necesidades de refuerzos o las vacantes que puedan producirse en un juzgado.

De este modo, el Ministerio apuesta por una justicia profesional, reduciendo el número de plazas servidas por jueces interinos o magistrados suplentes.

La realidad social y demográfica y el mapa judicial

El pasado 24 de septiembre se constituyó una Comisión Institucional de Expertos para analizar las carencias de la actual Planta y Demarcación Judicial, fijada por una ley de 1988, y proponer las bases para su reordenación. El informe se emitirá durante el mes de marzo de 2010 y servirá de base para la elaboración de una nueva Ley de Planta y Demarcación.

Sistema científico de apoyo a la Justicia

A lo largo de este año ya se han constituido y puesto en marcha la Comisión Nacional para el uso forense del ADN y la Comisión Técnica Nacional para Sucesos con Víctimas Múltiples. Pronto será aprobada también la creación del Instituto de Medicina Legal de órganos centrales que igualmente, dotará de una mayor eficiencia al sistema de justicia.

TECNOLÓGIA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA

Haciendo posible que los juzgados y tribunales puedan comunicarse
entre sí y trabajar en red: El EJIS.

El 10 de diciembre, el ministro de Justicia, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, el fiscal general del Estado y las 11 CCAA con competencias en materia de justicia firmaron un convenio para la conexión informática de todos los órganos judiciales a través del Espacio Judicial de Interoperatividad y Seguridad (EJIS). Se trata de una plataforma que garantizará la interoperabilidad de los sistemas informáticos del Estado y las CCAA de modo que se podrá compartir información actualizada en todo momento, lo que permitirá ahorrar trámites a los ciudadanos ante los distintos juzgados y evitará errores en la toma de decisiones por carecer de la información necesaria.

Expediente Digital

Se trata de un valioso instrumento de modernización para aproximarnos al objetivo “papel 0” en nuestros juzgados. Su implantación, se ha iniciado en la Audiencia Nacional tras la firma el pasado 19 de octubre de un convenio entre el Ministerio y el CGPJ, que supone una inversión de 4 millones de euros.

ATASCO DE LOS JUZGADOS

El Consejo de Ministros informó el pasado 19 de febrero dos Anteproyectos de Ley que tienen por objeto reducir la litigiosidad y, por tanto, el número de asuntos que llegan a los juzgados mediante la potenciación de mecanismos extrajudiciales de solución de conflictos. Por un lado, el Anteproyecto de Ley de Mediación establece un procedimiento muy sencillo y rápido, dos meses, de bajo coste y libre de trabas burocráticas en el que puede llegarse a un acuerdo que tendrá el
mismo valor y eficacia que una sentencia.

La mediación es voluntaria, salvo en las reclamaciones de cantidad inferiores a 6.000 euros, en que es obligatorio intentarla. Del mismo modo, se prevé una mediación por medios electrónicos para cantidades no superiores a los 300 euros. El Anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Arbitraje, por su parte, refuerza la institución del arbitraje ampliando el perfil de los árbitros, atribuyendo a la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia la competencia en la materia, además de crear el arbitraje interadministrativo obligatorio en el seno de la AGE. Un mecanismo que evitará que los órganos y entes administrativos litiguen entre sí, reduciendo, en consecuencia, los asuntos que llegan a los tribunales, especialmente, en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Contra largos procesos

La ley 13/2009 de reforma procesal introduce el depósito para recurrir. Se trata de un depósito de una cantidad reducida (entre 25 y 50 euros) para desincentivar a quienes prolongan injustificadamente los procesos judiciales interponiendo recursos que, con gran probabilidad, no prosperarán. La estimación total o parcial del recurso supone la devolución del depósito. El Ministerio de Justicia destinará las cantidades que le corresponden en concepto de depósitos cuya devolución no proceda directamente, (el 40% se destina a las CCAA), a la modernización de la Justicia y a financiar el sistema de justicia gratuita.

Registro Civil único, informatizado y digitalizado

El Ministerio de Justicia elevó al Consejo de Ministros el pasado 8 de enero un Anteproyecto de Ley del Registro Civil que supone un cambio profundo del actual modelo de registro civil vigente desde 1957. Se configura un Registro Civil moderno, rápido y accesible, único para toda España, aplicando las nuevas tecnologías y adecuado a las necesidades de la ciudadanía. Los libros físicos de registro se sustituyen por una base de datos electrónica común, de tal manera que el ciudadano podrá consultarlo por Internet o realizar trámites en cualquiera de las oficinas del país. El nuevo Registro se configura como un registro individual, con una ficha personal única, donde figurará el historial civil de cada persona desde su nacimiento y se dejarán de expedir Libros de Familia, que serán sustituidos por certificaciones registrales que podrán solicitarse personalmente o a través de Internet.

La gestión del Registro se desjudicializa de modo que se descarga a los jueces de una función impropia, lo que permitirá que puedan dedicarse en exclusiva a su función constitucional de juzgar y ejecutar lo juzgado.

Para hacer posible el tránsito al nuevo modelo, hasta febrero de 2010, se han digitalizado el 99.8% de los registros civiles centrales (431 en total). La inversión del Gobierno en todo este proceso supera los 80 millones de euros.

Atención a las jurisdicciones

Es el caso de los juzgados de lo Social para los que se ha aprobado un Plan de refuerzo que afecta a 185 juzgados y en el que se ha invertido una cuantía superior a 950.000 euros. Así mismo, durante el año 2009, se han invertido más de 1.200.000 euros en refuerzos para los juzgados de lo mercantil. Por otra parte, destaca la ejecución del II Plan de Actualización del Tribunal Supremo al que se ha destinado una cuantía anual superior a 3 millones de euros y cuya aplicación ha permitido que el número de litigios pendientes de resolución haya disminuido en un porcentaje cercano al 40%.

En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, se ha puesto en marcha el programa de actuación por objetivos de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Madrid en el que se ha invertido más de 820.000 euros y con el que se está consiguiendo reducir el volumen de asuntos pendientes de forma notable (a 31/12/2008 el número de asuntos pendientes era de 40.591, habiendo pasado en 2009 a 34.370).

Dicho refuerzo se ha prorrogado durante seis meses más en febrero de este año, con el fin de lograr poner al día la Sala. Por ultimo, destaca también el programa de actuación por objetivos aprobado en enero para la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Andalucía, con sede en Málaga en el que se han invertido más de 83.000 euros y en virtud del que está previsto, se resuelvan más de 2.700 asuntos en los seis meses de duración del mismo (1 de enero a 31 de
junio de 2010).

AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

Se ha aprobado la Ley 19/2009, de 23 noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler, en cuya elaboración ha participado el Ministerio de Justicia, mediante la que se asegura la tutela eficaz de los derechos de los arrendadores, de manera que ante incumplimientos graves en el pago del alquiler pueden recuperar sus viviendas de modo rápido y sencillo. La reforma beneficia también a los inquilinos de buena fe, dado que la supresión de trámites y la reducción de plazos en los procedimientos impiden que se prolongue en el tiempo la incertidumbre sobre la resolución del conflicto, sin que con ello se vean alteradas sus garantías procesales. Las acciones, de desahucio y de reclamación de rentas, se tramitarán en juicio verbal, un procedimiento más rápido y sencillo. Además, se adoptan todo un conjunto de medidas de agilización de los procesos en cuanto a citaciones, emplazamientos y notificaciones. Se reduce a un mes el plazo que debe transcurrir entre el momento en que el arrendador interpone un requerimiento al inquilino por el impago de rentas y la presentación de la demanda y, finalmente, la sentencia condenatoria de desahucio puede ejecutarse directamente en el día y hora señalados, de manera que ya no habrá necesidad de iniciar un nuevo proceso.

Cobro de deudas

El 4 de diciembre el Gobierno ha informado el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía que van a beneficiar a las operaciones comerciales, sobre todo de pequeños y medianos empresarios.

Se da cobertura legal a las reclamaciones transfronterizas de créditos pecuniarios y a las reclamaciones de cantidad que no rebasen los 2.000 euros. También, se ha elevado, en el juicio verbal, la cuantía para la que no es precisa la intervención de abogado y de procurador, que pasa de 900 a 2.000 euros, en consonancia con la cuantía del proceso europeo de escasa cuantía.

JUSTICIA CIUDADANA

Modernizando el lenguaje jurídico

Una de las barreras con las que en ocasiones se encuentra el ciudadano en su relación con la Administración de Justicia es el lenguaje. Un lenguaje que con frecuencia resulta demasiado técnico y específico, de difícil comprensión para el interlocutor. La Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico, creada el pasado mes de diciembre, trabajará a lo largo de 12 meses para identificar los problemas lingüísticos básicos que las comunicaciones escritas, las vistas y las comparecencias presentan para el ciudadano, con el objeto de hacer más clara y accesible su transmisión y entendimiento.

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS CIUDADANOS

A lo largo de los últimos doce meses se han impulsado iniciativas para mejorar la calidad del marco jurídico que garantiza los derechos de los ciudadanos.

Mediante la reforma del Código Penal

El proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros, el 13 de noviembre. Se trata de una de las mayores reformas de este texto legal en la democracia. Se tipifican nuevos delitos como los de captación de menores para espectáculos públicos, piratería, captación, adoctrinamiento, adiestramiento y financiación terrorista, cohecho entre particulares, acoso laboral e inmobiliario, sobornos, ataques informáticos y fraudes en el deporte o tráfico ilegal de órganos, entre otros y se regula por primera vez la responsabilidad de las personas jurídicas.

Se endurecen las penas para los delitos sexuales contra menores de 13 años y, especialmente, en los relacionados con la corrupción, cohecho, delito fiscal, urbanístico y contra el medio ambiente. Se incorporan nuevas penas como la localización permanente como alternativa a las penas cortas de prisión (menos de seis meses) y se declara la no prescripción de los delitos de terrorismo con muerte.

Además, pederastas y terroristas tendrán el mismo tratamiento y no podrán alcanzar el tercer grado penitenciario hasta que no hayan cumplido la mitad de la pena. Una vez en libertad, serán objeto de medidas de libertad vigilada que podrán alcanzan una duración de 10
años. La reforma también prevé y completa los delitos contra la comunidad internacional, incorporando el reclutamiento de ‘niños soldados’, delitos sexuales en conflictos armados y la especial protección de mujeres y niños.

Víctimas sexuales

En el marco de la Presidencia española de la UE, el Ministerio de Justicia ha promovido la creación de la Orden europea de protección, una iniciativa legislativa que garantizará la eficacia en todo el territorio de la Unión de la protección de personas amenazadas y víctimas de delitos violentos. Esta Orden pone el foco precisamente en la víctima, con el fin de que las medidas dictadas en su favor en el país en el que reside se adopten también en cualquier otro Estado miembro al que se traslade.

Por otra parte, el 13 de marzo del año pasado, el Gobierno firmó el primer tratado internacional que tipifica como delito específico el abuso sexual a menores, el Convenio 201 del Consejo de Europa, denominado “Convenio de Lanzarote”, que supone la adaptación en este ámbito de protección de los derechos de los menores de los sistemas penales de los 47 estados miembros del Consejo de Europa.

España también ha ratificado en el año 2009 el Convenio para la prevención del terrorismo y el Convenio contra la trata de seres humanos.

Puralismo religioso

A través de la celebración de múltiples actividades en la materia y de la financiación por importe de 4 millones de euros de la Fundación Pluralismo y Convivencia, destinados, principalmente, a la subvención de proyectos de carácter educativo, cultural y de integración social llevados a cabo por las tres confesiones con Acuerdo de Cooperación con el Estado, evangélicos, musulmanes y
judíos.

Decomisos

El Consejo de Ministros de 31 de julio aprobó el Proyecto de Ley de Ejecución Automática de las Resoluciones de Decomiso en la Unión Europea, mediante la que se incorpora al Derecho español la Decisión Marco 2006/783/JAI del Consejo de Ministros de la UE, y que permitirá el reconocimiento mutuo automático de las resoluciones de decomiso impuestas por los jueces de cualquier Estado miembro de la UE. Esta norma jugará un papel de primer orden en la lucha contra la delincuencia organizada, ya que supone la creación de un mecanismo dirigido a evitar que la delincuencia organizada obtenga beneficios económicos de su actividad ilegal.

En este sentido, dentro del espacio europeo, se confiscarán los efectos provenientes de la comisión de una infracción penal, los instrumentos utilizados para ello y todos aquellos que, de acuerdo con la normativa vigente, puedan ser objeto de decomiso.

Protección de los consumidores y usuarios.

La Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios, en cuya elaboración ha participado el Ministerio de Justicia, incorpora la Directiva 2005/29/CE de prácticas comerciales desleales de las empresas.

Su objeto es proteger la competencia en interés de todos los que participan en el mercado, por ello establece la prohibición de los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita en los términos de la Ley General de Publicidad.

Desde el punto de vista procesal, destaca la unificación de acciones contra la competencia desleal, que hasta ahora era distinto en la Ley de Competencia Desleal y en la Ley General de Publicidad y que había sido fuente de decisiones contradictorias por los tribunales.

La ley también supone un impulso a los Códigos de Conducta y al establecimiento de sistemas de autocontrol, configurados con carácter obligatorio cuando el autor de la publicidad esté adherido al Código de que se trate lo que se traduce en un sistema mucho más eficaz que el anterior trámite de requerimiento previo.

Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, entre cuyas actuaciones destacan los trabajos que han permitido la firma Convenios de colaboración con las CCAA del País Vasco, Cataluña, Andalucía, Asturias, Cantabria, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura para la elaboración del mapa de fosas previsto en la Ley de Memoria Histórica.

ECONOMÍA CONTRA LA CRISIS

El Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible contempla una serie de modificaciones legislativas con objeto de reducir el coste y los plazos en la creación de empresas. Las sociedades de responsabilidad limitada podrán crearse en un plazo de entre 1 y 5 días, con un coste máximo de entre 100 y 250 euros, en función del capital social. Estas actuaciones no estarán sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Esta medida, en los próximos diez años, supondrá un crecimiento de 0,77 puntos en el PIB, es decir, 8.000 millones de euros.

Instrumentos jurídicos para que la insolvencia de empresas no termine necesariamente en su cierre, y agilizando los procedimientos concursales para no prolongar la incertidumbre.

La situación económica requería una adaptación de la ley concursal para facilitar y agilizar los tiempos de respuesta para las empresas con problemas y mejorar jurídicamente la posibilidad de refinanciación de empresas. En marzo de 2009 el Gobierno modificó mediante Decreto-Ley la Ley Concursal con esta finalidad, lo que fue avalado en el mes de abril por las Cortes Generales. Además, en la misma sesión parlamentaria, el ministro de Justicia se comprometió a constituir una comisión especial para una reforma más profunda de la Ley Concursal. Esta comisión, fue constituida en el mes de julio, y está integrada por 19 expertos en la materia que deben presentar sus conclusiones antes de que finalice el próximo mes de mayo.

Transparencia de los contratos de crédito y los derechos de los consumidores

El 18 de diciembre el Consejo de Ministros informó el Anteproyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo, en cuya elaboración ha participado el Ministerio de Justicia, a través del que se refuerza la protección de los consumidores en este tipo de operaciones.

De este modo, se regula de forma detallada la información básica que ha de figurar en la publicidad, en las comunicaciones comerciales así como en los anuncios de ofertas que se exhiban en los locales comerciales en los que se ofrezca un crédito o la intermediación para la celebración de un contrato de crédito. Igualmente, se establece una lista de las características del crédito sobre las que el prestamista ha de informar al consumidor de forma personalizada antes de asumir éste cualquier obligación y de advertirle de los riesgos en caso de impago o de endeudamiento excesivo.

Se regula también el derecho del consumidor al reembolso anticipado del crédito, así como su derecho al desistimiento sin penalización, y se fija el régimen sancionador para las entidades de crédito y las personas jurídicas o físicas que incumplan la Ley.

EL MINISTERIO DE JUSTICIA EN EL CONSEJO DE MINISTROS

REAL DECRETO-LEY de reforma de la Ley Concursal (27/03/2009).

REAL DECRETO por el que se establece la transformación del Juzgado de Primera Instancia núm. 10 de Santa Cruz de Tenerife en Registro Civil exclusivo (24/04/2009).

ACUERDO para la creación de una Comisión Institucional para la determinación, estudio y propuesta de los elementos esenciales de la nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial (24/04/2009).

INFORME sobre cumplimiento de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura (14/05/2009).

INFORME sobre el Plan Preventivo de Refuerzo para la Jurisdicción Social
(10/07/2009).

REAL DECRETO por el que se crean y constituyen 106 Juzgados, se constituye un Juzgado y se crean 28 plazas de Magistrado en Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales correspondientes a la programación de 2009 (17/07/2009).

El Consejo de Ministros aprueba la remisión a las Cortes Generales del PROYECTO DE LEY para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso (31/07/2009).

El Consejo de Ministros aprueba la remisión a las Cortes Generales del PROYECTO DE LEY ORGÁNICA de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso por la comisión de infracciones penales(31/07/2009).

ACUERDO por el que se fija el módulo para la distribución del crédito que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz.(31 de julio)

REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 437/1983, de 9 de febrero, de constitución y funcionamiento del Consejo Fiscal (28/08/2009).

ACUERDO por el que se aprueba el Plan Estratégico para la Modernización del Sistema de Justicia (18/09/2009).

El Consejo de Ministros aprueba la remisión a las Cortes Generales del PROYECTO DE LEY ORGÁNICA complementaria de la Ley sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados Miembros de la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (30/10/2009).

El Consejo de Ministros aprueba la remisión a las Cortes Generales del PROYECTO DE LEY Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (13/11/2009).

REAL DECRETO por el que se establece la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para el año 2009 (13/11/2009).

INFORME sobre la transformación de la Administración de Justicia: nuevas estructuras funcionales y organizativas (13/11/2009).

INFORME sobre el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía (04/12/2009).

INFORME sobre el Anteproyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo, a los efectos previstos en el artículo 22.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (18/12/2009).

REAL DECRETO por el que se establece la separación de juzgados de primera instancia y juzgados de instrucción en el partido judicial de Denia (Alicante) (18/12/2009).

ACUERDO para constituir la comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico (30/12/2009).

REAL DECRETO por el que se determinan los puestos tipos adscritos al Cuerpo de Secretarios Judiciales a efectos del complemento general de puesto, la asignación inicial del complemento específico y las retribuciones por sustituciones que impliquen el desempeño conjunto de otra función (30/12/2009).

INFORME sobre el Anteproyecto de Ley de Registro Civil, a los efectos previstos en el artículo 22.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (08/01/2010).

INFORME sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica, complementaria de la Ley del Registro Civil, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a los efectos previstos en el artículo 22.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (08/01/2010).

INFORME sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica complementaria a la Ley para la reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de Regulación del Arbitraje Institucional en la Administración General del Estado y a la Ley de Mediación de Asuntos Civiles y Mercantiles, para la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a los efectos previstos en el artículo 22.3, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (19/02/2010).

INFORME sobre el Anteproyecto de Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, a los efectos previstos en el artículo 22.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (19/02/2010).

INFORME sobre el Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de Regulación del Arbitraje Institucional en la Administración General del Estado, a los efectos previstos en el artículo 22.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (19/02/2010).

Publicado en: diariojuridico.com