Según la sentencia dictada el pasado 3 de febrero, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por uno de los ochos consejeros destituidos contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de 17 de julio de 2008 que dio por ejecutada la sentencia de indemnización.

El Supremo confirma así la sentencia dictada por la Sección Novena del TSJM de 17 de mayo de 2004 que anuló la resolución de la DGS y obligó a la Administración a indemnizar a los consejeros de la mutua sanitaria con la cuantía de sus retribuciones correspondientes al año 1996.

El Alto Tribunal confirma que la DGS incurrió en responsabilidad patrimonial del Estado por un mal funcionamiento de los servicios públicos y concluye que la sustitución del órgano de administración de Previsión Sanitaria produjo un perjuicio a los consejeros destituidos.

El Supremo acepta así la alegación del consejero cesado, que consideraba que la Administración pública se negó a ejecutar la sentencia de indemnización en sus propios términos.

El recurrente también alegó la vulneración del artículo 24.1 de la Constitución Española por indefensión al aplicarse sobre unas personas que no habían podido ser parte en el procedimiento. Por su parte, el abogado del Estado pidió al tribunal que rechazara al recurso de casación.

La sentencia considera que el cese de los consejeros de la mutua fue “ilegal”, a pesar de que se hubiera acordado como medida de control especial, tal y como estipula el artículo 39 de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

Publicado en: diariojuridico.com