El Notariado rescata al TC por el control de la legalidad
Presentado por Gregorio Peces Barba, Antonio Ojeda, actual presidente del Consejo General del Notariado, fue el invitado de honor del Club Siglo XXI en su ciclo “La Salida ante la Crisis”.
A lo largo de su intervención explicó la trayectoria de la figura del Notario a lo largo de los tiempos y exigió al Ministerio de Justicia que ponga solución al conflicto causado por la Sentencia del TS de 20 de mayo 2008 que cuestiona el trabajo de este colectivo como fedatario público.
“Seguimos esperando desde hace dos años a que el propio Ministerio de Justicia solvente este problema con una nueva normativa”, se quejó.
Ojeda mostró su preocupación de la falta de coordinación entre el Registro de la Propiedad y el Catastro lo que podría generar que “nuestro país quedara como una isla en Europa a partir del 1 de enero del 2014”, sin que el proyecto de Economía Sostenible, aprobado por el Ejecutivo recientemente solvente esta situación, desde su punto de vista.
Ojeda expuso durante cerca de una hora sus tesis sobre “Seguridad Jurídica y la Función Notarial”. Empezó su alocución explicando el concepto de seguridad, el papel del estado como garante y la función de los notarios a través del documento público en la llamada seguridad jurídica preventiva.
“Es evidente que los tiempos han modificado lo que entendemos como documento público”, comentó, “Ahora gracias a la Ley 24/2001 de 27 de diciembre se puede aceptar la copia autorizada electrónica con la misma validez que un documento físico.”
Ojeda prosiguió su intervención buceando en el pasado y explicando los orígenes de esta profesión que los estudiosos remontan a la Edad Media, pero que se estructura en la Europa Contemporánea desde la Revolución Francesa y la Ley del Notariado de 21 Ventoso del año XI.
En la actualidad, el Cuerpo Notarial está constituido en España por unos casi 3000 Notarios repartidos por prácticamente todo el territorio del país. “El sistema de la seguridad jurídica preventiva se financia con el arancel y sin ningún coste para el Estado. Las casi 3000 Notarías que hay en España emplean a casi 20.000 personas. Este arancel costea la inversión tecnológica del Notariado que ha permitido ANCERT, plataforma que desde el 2002 hace posible que los notarios tengan firma electrónica y hagan uso de ella, así como el Indice Unico Informatizado que permite saber el contenido de las operaciones que se realizan en nuestro país”, explicó.
“En este sentido la Orden EHA 2963/2005, de 20 de septiembre, Reguladora del Órgano Centralizado de Prevención en materia de blanqueo de capitales en el Consejo General del Notariado, ha permitido establecer un instrumento de inapreciable valor, incluso con anterioridad a la aparición de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, en la que se modifican los artículos 17, 23 y 24 de la Ley del Notariado en el sentido de resaltar la trascendencia e importancia pública de la función notarial. Conforme al art. 17.3 de la Ley, se crea en el Consejo General del Notariado otro nuevo organismo, el Órgano de Colaboración Tributaria (OCT), cuya finalidad queda ya reflejada en su mismo nombre.” Solo en el último año se han remitido 439 operaciones y cerca de 9117 requerimientos de información por parte de las Administraciones Públicas”, dijo.
Publicado en: diariojuridico.com
