En la jornada sobre “Administraciones Públicas: Auditoría y Transparencia”, organizada por la Fundación Popular de Estudios Vascos, Valentí Pich Rosell, presidente del Consejo General de Colegios de Economistas, ha resaltado que el peso del sector publico en la economía nacional es muy relevante.

Estimó el 17% de las personas con empleo son asalariadas del sector público y de estos, aproximadamente un 74% es personal al servicio de las administraciones locales y autonómicas. Asimismo el gasto público representa respecto al PIB niveles que superan el 46%.

La transparencia en el sector publico español requiere asegurar los principios de legalidad, eficiencia, economía y eficacia, identificativos de una buena gestión y ya que los organismos públicos, además de gestionar importantes presupuestos, son generadores de una gran cantidad de documentación económico-financiera, la mejora en la práctica de la auditoría en el sector público, conduciría a una mayor transparencia en la gestión.

Si bien hay que reconocer la buena labor de las instituciones de control y demás ejercientes en la fiscalización pública, que contribuyen con sus informes a la transparencia de su gestión, se deben implementar los cambios legislativos necesarios, que establezcan la obligación periódica de someter a auditoría externa las entidades públicas, por lo que es necesario disponer de una Ley de Transparencia para el Sector Público y en este momento se da una coyuntura política muy oportuna, por estar negociándose entre el gobierno central y la Federación Española de Municipios. FEMP, el cambio en el sistema de financiación del sector local, para aumentar su capacidad financiera.

Las funciones de los órganos de control público (Tribunal de Cuentas del Estado, Órganos de Control externo Autonómicos -OCEX-, Intervenciones del Estado y de las Comunidades Autónomas e Intervenciones de las Corporaciones Locales) suponen sin duda una importante contribución al control y mejora en el funcionamiento del sector público, pues la eficiencia de la gestión pública siempre ha sido un principio rector de la actividad de dichos órganos, que ejercen la función de fiscalización y control, comprobando a su vez, si la actividad económica del sector público es eficiente, pero este reconocimiento no impide realizar algún planteamiento de reforma en la regulación actual.

Publicado en: diariojuridico.com