La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) se muestra absolutamente en contra de una amnistía fiscal para financiar deuda pública española a un precio más bajo que el que ofrece el mercado, dado que tal medida sería muy injusta e iría en contra del art. 31 de la Constitución que establece que “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.

Según informaciones publicadas por el diario El Mundo, el Gobierno está barajando la posibilidad de “ofrecer el perdón o amnistía fiscal al dinero opaco situado en el extranjero o bien oculto a Hacienda en España a cambio de que financie la deuda española a un precio más bajo que el que ofrece el mercado”.

Es decir, que no solo se pretende aflorar ese dinero oculto sin ningún tipo de sanción ni recargo alguno, como establece la legislación vigente, sino que, lamentablemente, se va más allá y se ofrece a los defraudadores que han ocultado ese dinero a la Hacienda Pública un premio en forma de intereses, aunque sean menores que los del mercado.

IHE considera que la puesta en práctica de cualquier amnistía fiscal tiene efectos muy perjudiciales en la recaudación tributaria pues, si se asienta en la ciudadanía la idea de que la conducta de los defraudadores antes o después va a quedar impune, se incentiva que los contribuyentes no declaren voluntariamente todos sus ingresos y, por tanto, defrauden a la Hacienda Pública esperando a que se dicte la próxima.

Además, Ley General Tributaria ya ha previsto en su artículo 27 un sistema de recargos (de menor importe que las sanciones que se impondrían por los órganos de control en su caso) que aplicarían todos los contribuyentes que quisieran regularizar su situación tributaria.

Para la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), los países que ponen en práctica este tipo de medidas pierden durante décadas seriedad y credibilidad fiscal y provocan inevitablemente un derrumbe de la conciencia fiscal de los contribuyentes honestos, reduciendo la recaudación en periodo voluntario y provocando efectos muy perjudiciales para nuestra economía.

Frente a cualquier intento de amnistía fiscal, se debería potenciar la lucha contra el fraude fiscal como medida más justa y equitativa de obtener ingresos para financiar el déficit y para ello se deberían adoptar las medidas normativas, organizativas y de medios humanos y materiales que IHE viene proponiendo a las autoridades tributarias y a los Grupos Parlamentarios desde hace mucho tiempo e incluso, hace tan solo tres semanas, al propio Presidente del Gobierno.

Lejos de ello, lo que se ha hecho ha sido todo lo contrario, de modo que se ha reducido sustancialmente el presupuesto de la AEAT, tanto en los PGE para 2010 como con los posteriores recortes adicionales de los distintos Planes de austeridad aprobados este año; Planes que han llevado también a la inadecuada y perjudicial supresión del Departamento de Organización, Planificación y Relaciones Institucionales de la AEAT, a la drástica reducción de la oferta de empleo público al 10% de la tasa de reposición y, como colofón, a la dramática reducción de los sueldos de los empleados públicos.

IHE denuncia esta inoportuna y, a la larga, ineficaz medida porque supone un varapalo a la lucha contra el fraude fiscal. Por tanto puede ser inconstitucional porque, según ha señalado expresamente nuestro Tribunal Constitucional, la lucha contra el fraude fiscal es un fin y un mandato que la Constitución impone a todos los poderes públicos, singularmente al legislador y a los órganos de la Administración tributaria, y no una opción que quede a libre disponibilidad de aquellos.

Por ello, el legislador ha de habilitar las potestades o los instrumentos jurídicos que sean necesarios para una eficaz actividad de inspección y comprobación, pues se trata de una exigencia inherente a una “sistema tributario justo” como el que la Constitución propugna en artículo 31 y no hacer todo lo contrario como sería la pretendida amnistía fiscal.

Publicado en: diariojuridico.com