La reforma creará un sistema de alerta que detecte riesgos para la economía y tres nuevas autoridades comunitarias de supervisión (bancaria, bursátil y de seguros) para mejorar la coordinación entre supervisores nacionales.

El compromiso entre los Gobiernos y el Parlamento Europeo está “muy cerca”, explicaron fuentes comunitarias. Ambas instituciones quieren llegar a un pacto en primera lectura, que se votaría en el pleno de la Eurocámara que se celebrará entre el 20 y el 23 de septiembre en Estrasburgo. Sólo así se cumpliría el mandato de los jefes de Estado y de Gobierno, que exigieron que el nuevo sistema de supervisión esté en funcionamiento en 2011.

Durante las negociaciones, que arrancaron durante la presidencia española de la UE, el Parlamento ha logrado ya que los Gobiernos refuercen los poderes de las nuevas autoridades europeas de supervisión, cuya misión inicial se limitaba a elaborar normas comunes, supervisar a las agencias de calificación de riegos y mediar de forma vinculante cuando haya discrepancias entre los reguladores nacionales de los países en los que opera una entidad transfronteriza.

Gracias a las presiones de la Eurocámara, los Veintisiete han aceptado que las nuevas autoridades tengan además poderes para prohibir temporalmente operaciones que amenacen la estabilidad financiera, como las ventas a corto. Asimismo, en situaciones de emergencia, podrán dirigir directamente a los bancos decisiones de obligado cumplimiento, aunque sólo cuando haya un incumplimiento de la legislación comunitaria.

Los principales temas pendientes de pactar son tres. En primer lugar, el Parlamento quiere ampliar todavía más los casos en los que las nuevas autoridades puedan dirigir decisiones a las entidades financieras y no limitarlo únicamente a las infracciones de la normativa de la UE. Los eurodiputados pretenden también reforzar el poder de mediación de las nuevas autoridades. Finalmente, reclaman que la nueva legislación contemple la posibilidad de dar en el futuro nuevos poderes a las autoridades europeas para que puedan supervisar no sólo a las agencias de rating sino a otros actores del mercado de carácter paneuropeo, según las fuentes consultadas.

La Eurocámara ya ha renunciado a otra de sus reivindicaciones, que las autoridades europeas supervisaran directamente a las entidades cuya quiebra ponga en riesgo todo el sistema financiero. Eso sí, las autoridades desarrollarán una metodología común para identificar cuáles son los bancos sistémicos y exigirán que sean mejor supervisados.

Las autoridades no podrán adoptar ninguna decisión que pueda afectar a las responsabilidades fiscales de los Estados miembros, es decir, que le obligue por ejemplo a inyectar dinero a un banco con problemas. Esta era la máxima preocupación de Reino Unido, que obtuvo una cláusula de salvaguarda reforzada que le permitirá apelar ante el Ecofin cualquier decisión de las autoridades que considere que pueda tener impacto presupuestario. Esta especie de freno de seguridad significa que la última palabra la tendrán los ministros de Economía de la UE.

Persiste todavía el desacuerdo sobre la sede de las nuevas autoridades. Los Gobiernos y la Comisión quieren que la autoridad bancaria esté en Londres, mientras que el Parlamento reclama que vaya a Frankfurt.

Además de las tres autoridades de supervisión, la reforma creará un Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos, cuya función será observar y evaluar las posibles amenazas para la estabilidad financiera, emitir alertas de riesgo y recomendaciones de actuación y vigilar su aplicación. Sin embargo, las medidas correctivas que aconseje para evitar una crisis no tendrán carácter vinculante y podrán ser ignoradas por los Estados miembros.

El nuevo órgano estará formado por los gobernadores de los bancos centrales de los Veintisiete, así como por representantes de la Comisión y de las tres nuevas autoridades de supervisión.

Entre los riesgos que examinará el nuevo órgano destacan la solidez de la situación de los bancos, la aparición de burbujas o el buen funcionamiento de las infraestructuras del mercado. Una vez identificado el riesgo, el Consejo dirigirá una recomendación al país o grupo de países afectados. Pero esta recomendación no será de obligado cumplimiento, y a veces ni siquiera se hará pública. Eso sí, el país que decida no seguirla deberá justificar el motivo.

En un principio, Bruselas había previsto que fuera el presidente del Banco Central Europeo (BCE) el que presidiera el Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos. Pero se han tenido en cuenta las preocupaciones de Reino Unido, que no forma parte de la eurozona, y finalmente serán los miembros de este órgano los que elijan a su presidente.

Publicado en: diariojuridico.com