El objetivo, denunció UPTA, sería el de crear un tramo especial para la Administración local, principal cliente de las constructoras, y asegurarse así contratos en el futuro.

La organización de autónomos recordó que más del 50% de las empresas españolas son de titularidad personal y por lo tanto declaran sus rendimientos económicos a través del IRPF y no por el Impuesto de Sociedades.

“Es a los autónomos, como a los asalariados, a los que les afecta en particular cualquier modificación de este impuesto y con quienes el Gobierno debe tratar cualquier cambio sustancial en su composición”, afirmó el secretario general de UPTA, Sebastián Reyna, en un comunicado.

Para UPTA, es también “alarmante” que sean las empresas constructoras las que intenten conseguir el establecimiento en España de una tasa a los transportistas por el uso de las carreteras. “Posiblemente esta medida beneficie al sector de la obra pública, pero es un mazazo a la rentabilidad del trabajo de miles de transportistas autónomos”, advirtió la organización.

Publicado en: diariojuridico.com