Por Francisco Arnau, socio consultor del departamento Laboral de Roca Junyent.

Casi puede darse por sentado que, con los antecedentes existentes, las valoraciones del día después de la huelga general convocada convivirán contradictoriamente. Su éxito y, a la vez, su fracaso están asegurados.

Más fácil será objetivamente coincidir en que la huelga es, en todo caso, el fracaso del entendimiento y en que su salida natural es la vuelta al diálogo social responsable.

La crisis laboral, aquí y fuera, es incontestable tal y como acaban de certificar conjuntamente en Oslo el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que la huelga puede ser interpretada también como expresión de “la sensación de que reina la injusticia social”. Bastaría un dato: el paro juvenil supera en 2,5 veces como media la tasa del desempleo de los adultos, en los países que disponen de estadísticas (dos veces en España) y el desempleo derivado de la crisis asciende a 30 millones de personas (dos millones pertenecen a España).

La OIT, que habló de crisis antes de la crisis, hace tiempo que denunció el desigual reparto de los beneficios resultantes de la globalización económica, por lo que enfatizó sus acciones internacionales para lograr lo que en su terminología llama “la dimensión social de la globalización” inherente a todo intento de progreso.

Coincide también la opinión internacional en que los estímulos fiscales de los Gobiernos son insuficientes y en que la falta de confianza se da ahora incluso entre los mismos bancos. No confían unos en otros, acaba de escribir el Director del Instituto Internacional de Estudios Laborales de la OIT, Raymond Torres, lo que se traduce en que el crédito interbancario sigue estando anémico, por lo que el volumen de los créditos concedidos a la economía real disminuye en los países desarrollados.

Aislar en compartimentos estancos la economía y el trabajo remunerado es tan habitual como equivocado y la llamada economía del trabajo suele ser con frecuencia pura economía. De ahí la trascendencia de la Cumbre Internacional de Oslo promovida por dos prestigiosas instituciones que milagrosamente han unido ambas materias, gracias seguramente a las buenas relaciones que mantienen sus dos máximos dirigentes, el chileno Juan Somavia, Director de la OIT y el francés Dominique Strauss-Kahn, Director gerente del FMI. Dedúzcase, como corolario y de paso, la importancia de los liderazgos acreditados.

El europeísta Strauss-Kahn ha debido convencer ya al colegio de directivos del FMI de que la OIT no es “un nido de sindicalistas peligrosos”, tal y como parece que pensaban aquellos en sus despachos bloqueados a todo influencia de las normas internacionales del trabajo.

Ambas instituciones acaban de aceptar que no es, tampoco, ni práctico ni efectivo querer enclaustrar o recluir el diálogo social exclusivamente en las materias que convencionalmente denominamos sociales, sin su debido contrapunto económico, que es su natural sustrato y viceversa.

Tampoco cabe utilizar a los interlocutores sociales para difuminar responsabilidades políticas en la adopción de medidas de austeridad, necesarias a corto plazo, o de reducción de costes laborales La mesa de negociación ideal que Oslo propone con vistas a conseguir un “crecimiento vigoroso, sostenible y equilibrado, orientado a la creación de empleo” – título de la Conferencia-, debería disponer de una agenda amplia en cuanto a las materias abordables y duradera en el tiempo, así como de un abanico de posibilidades para alcanzar compromisos.

Por descontado, aficionados abstenerse. El diálogo social no puede confundirse con una conversación sobre temas sociales mantenida entre personas sin capacidad decisoria. “Senior political figures” es la expresión utilizada para referirse a la representación de los gobiernos y la de “representantes de alto nivel” para concretar la de patronales y sindicatos.

La mesa está, pues, servida a partir del 30 de septiembre. No importa el recinto siempre que los interlocutores mantengan las ventanas abiertas al mundo. Dando por supuesto que lo que interesa es el futuro, lo que éste nos viene marcando de forma inequívoca es, entre otras señales delatoras, que las prácticas laborales, al igual que las financieras y económicas, tienden a universalizarse.

La internacionalización de la empresa española, por otro lado, es materia pendiente y en el que no se logrará avanzar si la acción se reduce a lograr únicamente una mayor vinculación con los mercados internacionales mediante apoyos financieros a la exportación a través del recientemente creado FIEM o del Régimen del Seguro de Crédito a la Exportación.

La libertad de instalación es un derecho empresarial utilizado más como “derecho a fugarse” al exterior o deslocalizarse en busca de menores costes, sobre todo laborales, que como oportunidad de expansión. Otro Fondo, infrautilizado, de la Comisión Europea se ocupa de lo primero.

El proyecto de Economía Sostenible adolece del patente defecto de no estar centrado en el concepto medular, que OIT hace tiempo que homologó internacionalmente de “Empresa Sostenible”. La innovación tiene sus ámbitos, tecnológico, organizativo, de productos o de servicios. Pero innovar no es prescindir de lo ya inventado. En todo caso consistiría en mejorarlo.

No faltan materias urgentes, la configuración de la nueva Administración del Trabajo, por continuar con los ejemplos, es uno de los asuntos candentes que la comunidad internacional viene planteando. Su nuevo papel de gestión se relaciona con el grado de intervención que se desea para el Estado en las relaciones laborales. Ahí es nada. Así como el grado de coordinación necesario para que las cosas funcionen.

A este respecto, el fracaso de la Conferencia de Presidentes Autonómicos en España no ha merecido un segundo intento, tal como debiera exigir el convencimiento de su utilidad. Hay que aceptar, no obstante, el acto de contrición recogido en un Decreto-ley del pasado agosto (12/2010) en el que se apela a la coordinación con las comunidades autónomas para conseguir una mayor vinculación entre políticas activas de empleo y prestaciones de desempleo, aunque recogido como propósito de futuro.

Todo ello constituye materia prima de diálogo y concertación sin perjuicio de que su impulso político incumbe al Gobierno como primer responsable de lo que en Francia se denominó “maîtriser le progrès”, que equivale a orientarlo, no tanto a controlarlo.

De la obligación de ponerse al día en este contexto no están exentos los responsables políticos ni tampoco sindicatos y patronales. La solución a la crisis laboral pasa por reconocer que el derecho interno del trabajo ha visto debilitada su efectividad en un entorno globalizado. Es “la crisis de la territorialidad de esta rama del derecho” (Bronstein, 2009) de la que pueden obtenerse múltiples consecuencias de todo orden. Entre ellas, si se me permite, si una reforma tan limitada como la laboral española merecía, por sí sola, una tan desproporcionada respuesta como la comentada.

Publicado en: diariojuridico.com