El titular del juzgado, Eduardo López Palop, no ha tomado decisión alguna sobre la querella presentada el pasado 18 de noviembre por el Ministerio Fiscal y en los próximos días estudiará su admisión a trámite, así como la petición de imputación de Rivero por estos hechos.

El fiscal acusa a Rivero de obtener “un beneficio ilícito de 2,80 millones de euros al incumplir las obligaciones impuestas a quienes están en posesión de información privilegiada” mediante la compra en 2005 de acciones de la inmobiliaria, que entonces presidía.

La querella considera que “aprovechó este conocimiento reservado para comprar acciones de Metrovacesa por medio de sociedades de las que era beneficiario último (Quimafe y Eusko Levantear)”.

El empresario rechazó en un comunicado haber usado información privilegiada y se mostró confiado en que así quede demostrado, al tiempo que aseguró que el beneficio que le atribuye la querella es un “mero cálculo teórico”.

“Ninguna de las operaciones a las que se refiere la información publicada tiene nada que ver con un supuesto uso de información privilegiada, y así se demostrará oportunamente”, indicó Rivero.

La querella de Anticorrupción deriva de la investigación de estas operaciones realizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y que podría sumar la acusación por presunto delito de blanqueo de capitales por “operaciones de movimientos de efectivo y entre cuentas bancarias que resultan compatibles” con estas conductas, según explica el fiscal.

Rivero presidió Metrovacesa desde que su empresa Bami la adquirió en 2002 hasta que en 2007 la familia Sanahuja tomó el control de la inmobiliaria tras la ‘guerra de OPAs’ mantenida entonces por la compañía. En la actualidad, Metrovacesa y Rivero son primer y segundo máximo accionista, respectivamente, de la inmobiliaria patrimonialista francesa Gecina, donde cuentan con una participación del 26,9% y del 16,1%.

Publicado en: diariojuridico.com