El anuncio lo realizó el presidente de la Cámara y de CEIM, Arturo Fernández, durante una rueda de prensa ofrecida de forma conjunta con los presidentes de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM); la Confederación de Empresas de Comercio Minorista, Autónomos y de Servicio de la Comunidad de Madrid (CECOMA); y la Confederación de Comercio Especializado de Madrid (COCEM).

Estas entidades, cuya defensa será representada por el bufete Cremades & Calvo Sotelo, se sumarán a la Agrupación de Demandantes Afectados por el Espacio Aéreo. De este modo, los empresarios ofrecerán su colaboración al Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, sobre el que han recaído las denuncias, para solicitar la práctica de diligencias y pruebas.

Javier Cremades ha indicado que se ha remitido a la Cámara y a la CEIM un dictamen jurídico que analiza las posibles vías de reclamación por el cierre del espacio aéreo, siendo la más propia la de colaborar con la Fiscalía General del Estado.

Ha adelantado que volverán a solicitar una reunión con el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido para articular una estrategia de defensa. De hecho, Cremades ha apuntado que se podrían sumar a la petición de la Fiscalía de embargar de forma preventiva los bienes de los controladores para asegurar las posibles responsabilidades civiles que se deriven del proceso penal.

Cremades ha explicado que los empresarios de manera individual deberán reclamar por la compensación del lucro cesante, es decir, el dinero que han dejado de facturar con motivo de la huelga emprendida por los controladores durante el pasado Puente de la Constitución.

El lucro cesante es una forma de daño patrimonial que consiste en la pérdida de una ganancia legítima o de una utilidad económica por parte de la víctima.

CEIM ha puesto a disposición de los empresarios un servicio de orientación jurídica para que conozcan las vías de reclamar esa compensación por el lucro cesante por la actividad económica que no realizaron.

Fernández ha explicado que las acciones legales se emprenden por el perjuicio que supuso “la huelga salvaje” para la economía madrileña con la pérdida de 20 millones de euros al no recibir a cerca de 65.000 turistas.

Publicado en: diariojuridico.com