Bruselas cree que estas disposiciones son incompatibles con la libre circulación de trabajadores y capitales consagrada por el Tratado.

La petición se hace en forma de un dictamen motivado. Si las autoridades españolas no dan una respuesta satisfactoria en un plazo de dos meses, el caso podría acabar ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

El Ejecutivo comunitario alega que en España, tanto el Estado como las comunidades autónomas regulan los impuestos de sucesiones y de donaciones.

En la práctica, la legislación de las comunidades autónomas impone una carga fiscal mucho más baja sobre el contribuyente que la de la legislación del Estado.

En los casos en que la donación o la sucesión no entren en el ámbito de competencia de las comunidades autónomas, se aplica únicamente la legislación del Estado.

Así ocurre en concreto si los destinatarios residen en el extranjero o se trata de donaciones de bienes situados fuera de España. “Como consecuencia, los contribuyentes tiene que pagar más impuestos que si vivieran en España o si se tratara de donación de bienes situados en ese país”, denuncia la Comisión.

Bruselas considera que esto “constituye un obstáculo a la libre circulación de personas y capitales que infringe el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”.

La Comisión remitió un dictamen motivado a España el 5 de mayo de 2010, a raíz del cual se modificó la legislación española. Pero el Ejecutivo comunitario sostiene que ésta “sigue sin dar pleno cumplimiento al derecho de la UE”.

Bruselas ha decidido enviar a España un dictamen motivado complementario por el que le insta a introducir nuevos cambios en su legislación para garantizar el pleno cumplimiento.

Publicado en: diariojuridico.com