Desde la Asociación de Magistrados Jueces para la Democracia se ha expresado su más firme rechazo al aumento de controles policiales en centros de atención a colectivos vulnerables como los inmigrantes, denunciado por Cáritas, y exige al Gobierno que no ponga en riesgo la labor de las organizaciones no gubernamentales.

Según se señala en el comunicado “Hemos tenido acceso al último, exhaustivo y riguroso, Informe de Cáritas sobre la situación de los extranjeros en España, donde, además, se denuncia el aumento de controles y de requerimientos de información por parte de la Policía en los centros de asistencia. El informe sirve, en todo caso, para poner de relieve lo que debe resultar evidente para todos: la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentran cientos de miles de personas que no solo se han visto privadas de sus trabajos y fuentes de ingresos a consecuencia de la crisis sino que, además, en muchos casos, precisamente por su condición de extranjeras, carecen de redes familiares y personales que les permitan acceder a niveles mínimos de subsistencia digna.”

La propia asociación destaca el papel que juega Cáritas, que ” al igual que otras muchas organizaciones no gubernamentales, ha desarrollado y desarrolla una actividad asistencial de integración multisectorial y de soporte a los colectivos más vulnerables de enorme importancia social.”

Por ello, como Asociación judicial, prosigue la nota informativa, “queremos poner de relieve nuestro más firme rechazo a políticas públicas que, bajo la excusa de objetivos securitarios genéricos y de control de flujos de inmigración ilegal, puedan afectar de forma directa a la labor desarrollada por dichas organizaciones. Las consecuencias pueden resultar desoladoras en cuanto supongan cortocircuitar vínculos de asistencia y de integración indispensables, expulsando a muchas personas a la más extrema marginalidad y a la pérdida de toda posibilidad de vida digna.”

Son momentos muy difíciles pero también, por ello, para hacer efectivos los valores de la solidaridad y de la justicia, para promover el bien, como reclama nuestro preámbulo constitucional, precisamente con los más débiles y vulnerables. La Regulación de Extranjería y su ejecución no puede convertirse, como dijo Monseñor Romero refiriéndose a las leyes, en una serpiente que solo pica a los que van descalzos.

Reiteramos nuestro apoyo a la labor solidaria de todas las organizaciones que desde la acción están respondiendo a las crecientes necesidades de los extranjeros más vulnerables y exigimos del Gobierno que, al menos, no la ponga en riesgo mediante actuaciones que pueden socavar los fundamentos axiológicos de nuestro Estado Constitucional.

Publicado en: diariojuridico.com