La comisión de Ciencia e Innovación del Congreso de los Diputados aprobó ayer por la tarde la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, la nueva ley de ciencia, después de más de dos años de trámites pese a las criticas del colectivo investigador. Este texto legislativo fue refrendado por todos los grupos políticos menos IU e ICV, que aunque no tienen representación en dicha comisión rechazaron el texto porque señalan que empeora la carrera investigadora

A pesar del apoyo mayoritario de una ley “necesaria”, como han reconocido la mayoría de los portavoces, porque suple a la Ley de Investigación Científica y Tecnológica de 1986-, la nueva norma no satisface a los investigadores, las sociedades científicas, ni a las universidades.

No obstante, esta comisión cuenta con competencia legislativa plena para enviarla directamente al Senado, por lo que no tendrá que pasar por el pleno de la Cámara Baja. Su entrada en vigor se prevé para primavera, presumiblemente entre abril y mayo. Sin embargo, las asociaciones de científicos e investigadores, entre los que despunta la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), son muy críticos con el proyecto, sobre todo con la financiación. Este colectivo ha impulsado la plataforma Investigación Digna y un Manifiesto firmado por cerca de 3000 investigadores

Para uno de sus portavoces, Amaya Moro-Martín, esta nueva ley “no logrará solventar uno de los problemas más acuciantes de la investigación en España: la ausencia de una carrera atractiva, al no mejorar las condiciones del sector ni de la los investigadores.”• Una de las reivindicaciones de esta Plataforma de investigadores es que los llamados Contratos de Acceso garanticen la creación de un número suficientes de plazas de personal laboral fijo o de funcionariado a las que los investigadores que pasan las evaluaciones puedan optar. Esto evitaría que investigadores cualificados se vieran obligados a dejar su trabajo o emigrar al extranjero. Otra de las reivindicaciones es que las becas en el ámbito público y privado pasen a ser contratos.

Los científicos también lamentan, la reducción de los presupuestos dedicados a la investigación científica. Según esta asociación, que engloba a 30.000 cientificos y 70 sociedades, el presupuesto empleado en I+D+I ha caído un 18%, y ha provocado que “la ciencia española pase por un momento delicado”

Para consultar el Manifiesto de Investigación digna, haz click aqui, http://www.investigaciondigna.es/

Publicado en: diariojuridico.com