El Ejecutivo de José Luís Rodríguez Zapatero planteará en las próximas semanas una reforma para encarecer las prejubilaciones y obligar a las grandes empresas con beneficios a que asuman los gastos del proceso. Al menos, de esta forma los ministros de Fomento y Trabajo, José Blanco y Valeriano Gómez, así se manifestaron recientemente aunque fueron notorias las discrepancias entre ambos discursos.

Esta medida podría haber sido impulsada tras el anuncio la semana pasada de Telefónica de reducir en un 20% su plantilla en el Estado. El pasado lunes, el titular de Trabajo apuntó en ese sentido, que Telefónica podría verse afectada por la modificación legal que prepara el Gobierno. En declaraciones a una emisora radiofónica, Gómez confirmó que la compañía reúne las características que el Ejecutivo está perfilando para determinar qué tipo de empresas se verían obligadas a asumir el coste de las prejubilaciones que actualmente cubre el sistema.

Según dijo, la idea es que una empresa de “suficiente tamaño, que tenga un volumen de beneficio suficientemente amplio y lleve a cabo expedientes de regulación con consumo de prestaciones por desempleo, contribuya a que el gasto disminuya pagando ella misma la prestación”, a lo que añadió que “Telefónica sí entraría dentro de esas condiciones”.

Sin embargo, el ministro de Fomento, desmintió que el Ejecutivo haya tomado esta decisión como consecuencia del ERE anunciado por la compañía dirigida por César Alierta. “Esta reflexión no surge como consecuencia del ERE, sino como una decisión y determinación que tenía el Gobierno encima de la mesa dentro de un proceso de reformas que son importantes para nuestro país”. En otra alocución radiofónica, afirmó que “para garantizar las pensiones para nuestros hijos y todos los españoles dentro de 20 o 30 años hacíamos una reflexión, que era necesario endurecer las condiciones por las que se estaban estableciendo las prejubilaciones, en caso de empresas que dan beneficios”.

Reforma. pese a las declaraciones y los anuncios, poco se sabe de ese encarecimiento que prevé el Gobierno. Ni a qué tipos de empresas afectará, ni cuándo entrará en vigor, ni cómo se pondrá en marcha.

Valeriano Gómez, aseguró que hay dos proyectos legislativos en marcha -la reforma de las pensiones y la de las políticas activas- que deben “aprovecharse” con el fin de que “no tarde demasiado” el cambio en la ley que rige las prejubilaciones. “Hay instrumentos suficientes para poder aprovechar el tiempo y que no tarde demasiado este tipo de reformas”, añadió. El ministro de Trabajo insistió en que despedir de forma pactada con los trabajadores es un derecho que existe, pero dijo que cuando se trata de empleados que no van a buscar activamente empleo, “la compañía debe asumir las cargas del sistema de prestaciones”. Por último, el dirigente insinuó que la iniciativa intentará ser pactada con los agentes sociales, para discutir detalles, como la definición del tipo de empresa y sus trabajadores o el nivel de beneficios que debe tener.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, criticó a este nuevo anuncio, al considerar que “es una especie de globo sonda ahora en este ámbito de la negociación, porque -el gobierno- ha planteado esta idea pero no de manera firme y contundente”,

Sin embargo, el Partido Popular no se mostró en contra de la medida y dio visos incluso de poder apoyarla, ya que el coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, mostró su rechazo a las prejubilaciones en el marco de ERE en grandes empresas al considerar “paradójico” que se permitan justo cuando hay un proyecto de ley para retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años, por lo que se mostró ante el congreso, dispuesto a estudiar un cambio legal para limitarlas “si es necesario”. También el portavoz de Trabajo de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, apuntó a favor de este tipo de medidas porque considera que es una práctica “inmoral e irresponsable”. Campuzano remarcó que antes de decidir si apoya o no la reforma que el Gobierno quiere llevar al Congreso tendrá que “conocer su redacción definitiva”.

Publicado en: diariojuridico.com