La quiebra del Estado de Derecho con una Justicia al servicio de los intereses del Gobierno, la Banca y la Clase Política ha sido el leiv motiv de la manifestación que congregó la tarde del pasado sábado en Madrid a más de 15.000 perjudicados por la intervención de Fórum Filatélico y Afinsa hace ahora cinco años. La convocatoria que, inicialmente, iba a recorrer el tramo urbano que va de Cibeles a la Puerta del Sol, se interrumpió en el cruce de Alcalá con Gran Vía, donde se escenificó la connivencia entre jueces, políticos y banqueros.

Desde lo alto de una plataforma un “juez” insultaba y provocaba a los manifestantes “no sois nada –decía- no tenéis derecho a nada”. A medida que el subía el tono de la provocación, aumentaban los gritos contra el gobierno y la justicia. En medio del climax, un “banquero” entregaba una cartera llena de dinero a un “político” y este al “juez” para que matara civilmente a los ahorradores de Fórum y Afinsa, que finalmente fueron condenados a la horca. La puesta escena culmino con la quema de la efigie de la Justicia y de dos monigotes que representaban a “jueces” y “Gobierno”.

Tras la escenificación, los manifestantes marcharon hacia Cibeles donde permanecieron concentrados, cortando durante casi una hora las principales arterias del centro de la ciudad, hasta que fueron desalojados por la policía.

Ni la lluvia ni el mal tiempo desanimaron a las más de 15.000 personas, procedentes de diferentes puntos del país, que acudieron a la convocatoria del quinto aniversario de la intervención de Fórum Filatélico y Afinsa bajo el lema “Cinco años ignorados”.

Como en otras ediciones, Zapatero, el PSOE, el Gobierno, la Justicia y la Banca fueron el blanco de las críticas. En sus pancartas y carteles, los manifestantes denunciaron el total abandono y desprecio que sufren por parte del Gobierno, la Justicia y la mayoría de partidos políticos, cinco años después de la intervención de las dos empresas.
En esta ocasión, no hubo manifiesto final, sino que se prefirió apelar a la rabia y la desesperación de los perjudicados que, cinco años después, están dispuesto a “todo, porque ya lo hemos perdido todo”.

La manifestación marca un punto de inflexión en las protestas de los afectados, que han anunciado que subirán el tono de sus acciones “porque es la única manera de que se atiendan nuestras demandas”. Cinco años después, sigue habiendo casi medio millón de afectados que se sienten víctimas de los tres poderes fácticos más desacreditados del país: políticos, jueces y banca, y ha llegado la hora de obligar al Gobierno a escuchar sus quejas, basadas en que la intervención que llevó a cabo el Estado, ha dejado a 500.000 ahorradores sin su dinero, daño cifrado en cerca de 5.000 millones de euros.

Hoy cinco años después los afectados aseguran sentirse ignorados y a este olvido y desprecio del Gobierno y de la mayoría de los partidos políticos se añade la politización descarada de la Justicia en defensa de los intereses del Gobierno de turno y no de los ciudadanos. Todos los representantes de asociaciones de afectados coincidieron en denunciar las “contradicciones” entre unas jurisdicciones y otras, ya que mientras unas justifican la intervención en el carácter financiero de la actividad de las empresas, otras, para evitar la responsabilidad patrimonial del Estado, han calificado dicha actividad de mercantil. “Esto es de una incoherencia que sería surrealista si no fuera criminal, dado el problema del que estamos hablando”.

A pesar de todo, las representaciones jurídicas de los perjudicados están dispuestas a aprovechar las mencionadas contradicciones en las sentencias para emprender nuevas vías de reclamación en defensa de sus representados. “La batalla jurídica no ha terminado con la Sentencia del Tribunal Supremo, ni mucho menos”, aseguran. “Agotaremos todas las posibilidades, porque sabemos que tenemos razón”.

Los afectados se sienten víctimas de los tres poderes fácticos más desacreditados del país: políticos, jueces y banca, “estamos sufriendo las consecuencias de un Gobierno consentidor con la Banca”, aseguran. “Se nos trata como apestados, se nos niega lo que es nuestro, mientras la justicia se pone al servicio del Poder y de un sistema que ha demostrado su ineficacia a la hora de proteger a los ahorradores”, afirman las asociaciones convocantes. “Hemos podido ver cómo el Gobierno regala dinero de todos los españoles a unos Bancos y Cajas de Ahorros que, además de haber realizado una gestión ruinosa de sus activos, son culpables de la crisis que asola al país, mientras que a nosotros se nos niega el mismo trato y atención que a los clientes de esas entidades financieras”.

Una situación que deriva, según los convocantes, en la reiterada quiebra del Estado de Derecho. “El español vive sumido en una inseguridad jurídica permanente derivada de la continuada politización y manipulación de la justicia, del relativismo que preside su aplicación”.

Los afectados de Fórum Filatélico y Afinsa se encuentran en un punto de no retorno “Si para que no hagan caso hay que tomar la calle y crear conflictos lo haremos”, aseguran, “no vamos a renunciar a nuestra condición de ciudadanos en un Estado de Derecho que políticos, jueces, Gobierno y Banca se empeñan en quebrar”. Según los convocantes de la manifestación, “se trata de un problema que nos afecta a todos por igual y reivindicamos la acción ciudadana general. Hace cinco años nos tocó a nosotros, pero tal y como están las cosas, pasado mañana puede ser cualquier conciudadano el que se vea pisoteado y ejecutado por los poderes públicos que deberían velar por él”.

Tres procedimientos judiciales

Han pasado cinco años y los afectados de Fórum Filatélico y Afinsa se encuentran incursos en tres procesos judiciales: Mercantil, Penal y Contencioso Administrativo y preparan un recurso en casación ante el Tribunal Supremo tras las sentencia de la Audiencia Nacional que exime al Estado de responsabilidad patrimonial.

Los casi quinientos mil perjudicados por el escándalo de Fórum Filatélico y Afinsa pertenecen a todas las Comunidades Autónomas y los ahorros intervenidos ascienden a cerca de seis mil millones de euros, de acuerdo con los datos facilitados por la Administración Concursal de ambas compañías.

Aproximadamente el 80% de las inversiones de los clientes no superan los 20.000 euros, “cantidad y porcentaje que refleja un perfil modesto, de pequeño y mediano ahorrador, víctima principal de la falta de control y regulación del mercado de los bienes tangibles durante los más de veinticinco años de actividad de las empresas”.

Publicado en: diariojuridico.com