Por Ignacio Ortíz del Río, Asociado senior de Deloitte Abogados y Asesores Tributarios.

El pasado 1 de abril, el Gobierno remitió al Congreso de los Diputados su Proyecto de Ley sobre la actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.

Al margen de la coyuntura económica bajo la que se ha auspiciado dicha reforma, son claramente las cuestiones de ámbito demográfico las que venían reclamando desde hace tiempo una revisión del modelo de la Seguridad Social si queremos seguir manteniendo las prestaciones que, hasta la fecha, ha venido satisfaciendo el sistema de previsión social público español.

El desarrollo demográfico experimentado por la sociedad española a lo largo del siglo XX, junto con el incremento de la esperanza de vida de su población motivado, entre otras razones, por la mejora del sistema sanitario y de la higiene, y el notable descenso de la natalidad producido en los últimos años, ha llegado a originar tensiones demográficas que podrían terminar haciendo inviable el actual sistema de Seguridad Social al resultar insostenible la balanza “contribuyentes” -“beneficiarios”.

Ambas realidades, el actual descenso de la población española y el incremento de la esperanza de vida, que podríamos cifrarlo en 2/3 años por década, hacen necesario que nos paremos a reflexionar qué medidas deberemos adoptar si queremos seguir manteniendo nuestro actual estado del bienestar, enunciado como principio constitucional.

Dicha solución pasa por tres órdenes perfectamente compatibles entre sí. Es más, me atrevería a decir que igualmente necesarios e importantes: ser más productivos, ampliar la edad de jubilación y fomentar las aportaciones a esquemas empresariales e individuales de previsión social complementaria de carácter voluntario, mediante los correspondientes incentivos fiscales.

Efectivamente, al ser menos contribuyentes y al vivir los beneficiarios de las prestaciones públicas mucho más de lo que pudiéramos haber imaginado hace tan solo cincuenta años, se hace necesario que la productividad de los españoles en edad de trabajar se incremente a fin de compensar, además del descenso de la población trabajadora, la tardía incorporación al mercado laboral. Lo que implicará, entre otras medidas, un mayor gasto público en educación, así como mayores inversiones tanto públicas como privadas en investigación y desarrollo. Para esto, quizás, la sociedad española deba evolucionar un poco más para mentalizarse que dicho esfuerzo representa, no sólo una necesidad, sino claramente una inversión y no un gasto.

Pero es el segundo de los motivos, la ampliación de la edad de jubilación, la que ha motivado fundamentalmente el Proyecto de Ley al que hacíamos alusión más arriba.

El Ejecutivo, consciente de las tensiones demográficas que actualmente vive España, ha iniciado las primeras reformas para garantizar la “generosidad” de nuestro actual modelo de Seguridad Social. Evidentemente, uno de los más amplios en términos relativos del Espacio Económico Europeo.

En este sentido, el Proyecto de Ley sobre la actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social se asienta en cuatro pilares (la sostenibilidad para garantizar las pensiones del futuro; la adecuación, ya que combina una mayor corrección entre el esfuerzo contributivo y las prestaciones recibidas; la flexibilidad, como derecho que se puede ejercer a través de diversas formulas; y la gradualidad, ya que entra en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2012 de manera gradual hasta 2027), que se sustentan, entre otras, en las siguientes novedades:

Se incrementa la edad de jubilación progresivamente hasta los 67 años en un periodo transitorio de 15 años, que comienza en 2013 y culmina en 2027, si bien se permite la jubilación a los 65 años siempre que se haya cotizado un mínimo de 38 años y 6 meses.

Se amplía el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión y se adapta la escala utilizada para la determinación de ésta. En definitiva, se busca que la escala que se emplea para la determinación de la pensión en función del esfuerzo de cotización evolucione progresivamente hasta convertirse en totalmente proporcional.

Se incentiva la prolongación voluntaria de la vida laboral después de la edad de jubilación mediante el aumento de la base reguladora.

Se amplía la protección social a madres y padres a efectos de determinar la cotización a la Seguridad Social. En particular, se adoptan medidas para impulsar los mecanismos que incorporen los periodos de atención y cuidado de los hijos o personas dependientes como elementos a considerar en las carreras de cotización.

Se amplía la cobertura social a colectivos que, en la actualidad, están excluidos de la misma, entre los que se encuentran las personas que efectúan determinados programas de investigación bajo la figura de becarios.

En definitiva, si queremos hacer frente a los retos que se le plantean a la sociedad española desde el punto de vista demográfico, deberán comenzar a adoptar medidas consensuadas todas las fuerzas políticas, y que, desde luego, tengan una vocación de permanencia en el tiempo, no siendo una arma política, a la vez que la población mentalizarse de que éstas llevarán aparejadas un precio. Coste, que resultará necesario si realmente queremos asegurar los derechos que dimanan de la formulación social del Estado.

En nuestra opinión, dichos retos pasan por:

Proteger la edad de jubilación, pero siendo conscientes de que si llegamos con mejor calidad de vida a los 65 años, y adicionalmente, podremos vivir todavía 20 años más, deberemos prolongar la vida laboral. Máxime, cuando el acceso a la vida laboral se ve retrasado por la formación que van adquiriendo las nuevas generaciones.

Buscar soluciones paralelas al envejecimiento de la población. Menos trabajadores, pero más cualificados a fin de resultar más productivos. Lo que derivará en la necesidad de invertir en educación e investigación y desarrollo.

Incentivos para hacer una realidad la previsión social privada como complemento de la Seguridad Social. Entre otras medidas, debería fomentarse un régimen fiscal que resultase verdaderamente atractivo y estable en el tiempo a fin de favorecer el cobro de prestaciones en forma de renta vitalicia cuando estas procedan de la jubilación, incapacidad, fallecimiento o dependencia severa o gran dependencia.

Impulsar los sistemas de capitalización colectivos mediante fórmulas que permitan a las empresas amortizar dichos gastos (e.g. compensaciones fiscales o reducciones en las cuotas a la Seguridad Social).

Promover, mediante incentivos fiscales, el traspaso de rentas procedentes del patrimonio inmobiliario en rentas vitalicias. En definitiva, establecer mecanismos para redirigir el ahorro hacia la previsión social a medio y largo plazo.

Incentivar el desarrollo de la previsión social empresarial en el ámbito de la pequeña y mediana empresa, base fundamental en el tejido empresarial español.

Lograr la plena integración de los inmigrantes como demandantes de trabajo para mejorar su productividad y que nos ayuden a suplir la disminución de la población en la que nos vemos actualmente inmersos.

Conciliar la vida laboral como hacen otros países de nuestro entorno.. Paradójicamente, los países con mejor conciliación de la vida laboral (e.g. países escandinavos, Dinamarca, Holanda, Alemania) son los que menores tasas de desempleo presentan y los que, lógicamente, mayores márgenes de productividad representan.

Publicado en: diariojuridico.com