En un documento adoptado ayer la Comisión establece una serie de medidas que permitirán a fiscales y jueces de toda la UE luchar con mayor eficacia contra los defraudadores. La Comisión planea fortalecer la legislación penal sustantiva clarificando la definición de infracciones como la malversación de fondos y el abuso de poder, así como potenciar las competencias de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y Eurojust (el organismo de cooperación judicial de la UE).

La UE estudiará también de qué manera una Fiscalía Europea especializada podría aplicar normas comunes en materia de fraude y otras infracciones contra los intereses financieros de la UE. Merced al Tratado de Lisboa, que refuerza las capacidades de la UE en el ámbito de la lucha contra el fraude confiriéndole competencias legislativas en materia penal, estas medidas serán posibles.

La protección del dinero de los contribuyentes es una prioridad para la Comisión Europea. Los contribuyentes deben tener la confianza y la seguridad de que los fondos de la Unión Europea sólo se utilizan para llevar a cabo las políticas aprobadas por los legisladores de la UE. En la actualidad, los instrumentos disponibles para detectar y prevenir el mal uso de los fondos de la UE son, a veces, inadecuados e insuficientes. Las autoridades de los Estados miembros se enfrentan aún a muchos obstáculos que impiden la protección efectiva de los fondos de la UE contra la delincuencia. Esto es así porque hay diferentes normas en materia de procedimientos, infracciones y sanciones, lo que va en detrimento de las investigaciones contra el fraude transfronterizo y de las actuaciones judiciales.

Viviane Reding, Vicepresidenta de la Comisión y Comisaria de Justicia de la UE, ha declarado: «Sólo en 2009, hubo presuntos casos de fraude por importe de 280 millones EUR, en relación con fondos comunitarios, lo que representa menos del 0,2 % del presupuesto total de la UE. En tiempos de austeridad económica, cada céntimo de euro del presupuesto de la UE cuenta. La UE no tolerará que el dinero del contribuyente sea malgastado. Las infracciones por fraude contra el erario público de la UE son infracciones cometidas contra los contribuyentes de la UE. Gracias al Tratado de Lisboa, se han potenciado los instrumentos legales para combatir el fraude transfronterizo.».

El Comisario Algirdas Šemeta, responsable de la Lucha contra el Fraude, ha declarado: «Los criminales no se detienen en las fronteras, sino que incluso se aprovechan de las mismas para evitar la persecución de la justicia. En la Unión Europea, esto no es aceptable. Hay que asegurarse de que un presunto fraude no sólo sea investigado por la OLAF y las autoridades nacionales, sino también perseguido. La mejor investigación no puede proteger el dinero de los contribuyentes si no es objeto de seguimiento coherente por las fiscalías y tribunales nacionales de los Estados miembros.».

Nuevos instrumentos para luchar contra las infracciones cometidas en detrimento de los intereses financieros de la UE

La UE dispone ahora de una serie de instrumentos legales necesarios para aceptar este reto. Los Tratados de la UE incluyen provechosas posibilidades de proteger los intereses financieros de la UE, tales como el establecimiento de normas mínimas en materia penal (artículo 83 del TFUE), nuevas competencias en materia de investigación para Eurojust, el órgano de cooperación judicial de la UE (artículo 85 del TFUE) y la posibilidad de crear una Fiscalía Europea para combatir las infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la UE (artículo 86 del TFUE).

La Comunicación de la Comisión contempla diversos sectores en los que podría mejorarse la legislación penal al objeto de proteger los intereses financieros de la UE:

- Procedimientos más estrictos: la Comisión facilitará a fiscales y jueces de la UE la lucha contra los defraudadores, ampliando el intercambio de información entre los diferentes intervinientes, incluyendo a la policía, las aduanas, los servicios tributarios, las autoridades judiciales y otras autoridades competentes; se prevé una nueva propuesta sobre asistencia administrativa mutua para la protección de los intereses financieros de la UE.

- Fortalecimiento de la legislación penal sustantiva: la Comisión considera que las actuales definiciones de importantes infracciones penales, tales como la malversación de fondos y el abuso de poder varían ampliamente en toda la UE, por lo que deberán clarificarse mediante iniciativas para la protección de los intereses financieros por la legislación penal.

- Fortalecimiento de las competencias de los organismos a escala europea: tanto la OLAF, actualmente en fase de reforma (IP/11/321 y MEMO/11/176), como Eurojust deben reforzarse aún más para llevar a cabo sus investigaciones con mayor eficacia (SPEECH/11/201).

- La UE estudiará de qué manera una Fiscalía Europea especializada podría aplicar normas comunes en materia de fraude y otras infracciones contra los intereses financieros de la UE (SPEECH/10/89).

Medidas legales insuficientes

La gran variedad de ordenamientos jurídicos en Europa hace que la protección de los intereses financieros de la UE suponga un reto particular. El fraude y la corrupción que afectan a los fondos de la UE a escala nacional pueden revestir muchas formas. Los delincuentes pueden obtener ilegalmente fondos de la UE para proyectos en el ámbito agrícola, investigación, educación o infraestructura. También pueden intentar sobornar a funcionarios públicos.

La policía, los fiscales y los jueces de los Estados miembros de la UE deciden, sobre la base de sus propias normas nacionales, el método de intervención para proteger las finanzas de la UE, si ha lugar. Como consecuencia, el porcentaje de condenas en casos de infracción contra el presupuesto de la UE varía considerablemente en toda la UE, desde un 14 % a un 80 %.

En colaboración con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y Eurojust, los investigadores nacionales, los fiscales y los jueces se esfuerzan ya por luchar contra estas infracciones. Sin embargo, se enfrentan a serios obstáculos, legales y prácticos.

Entre éstos, cabe citar la limitación de competencia a los casos que surjan en su propio país, las cuestiones legales sobre el uso de pruebas procedentes del extranjero y normas desiguales sobre la lucha contra el fraude y las infracciones correspondientes. Esto acarrea que las autoridades nacionales procedan al archivo de casos sin presentarlos ante los tribunales, aún cuando la OLAF ya hubiera investigado y considerado el caso suficientemente grave.

Por ejemplo, en un caso que afectaba a varios Estados miembros y a terceros países, la sospecha de un fraude aduanero a gran escala – por valor de más de 1 millón EUR – no fue investigada por ninguna de las autoridades nacionales de los Estados miembros en cuestión.

Desde 2000, los servicios judiciales nacionales desestimaron 93 de un total de 647 casos de la OLAF sin motivos específicos y 178 por razones discrecionales.

Para mayor información:

Página web de la Vicepresidenta Viviane Reding, Comisaria de Justicia de la UE:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/

Página web del Algirdas Šemeta, Comisario de Fiscalidad, Unión Aduanera, Lucha contra el Fraude y Auditoría:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Publicado en: diariojuridico.com