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Según la última memoria del Consejo General del Poder Judicial, en 2010 se produjeron cerca de cien mil ejecuciones hipotecarias con resultado de embargo, cuatro veces más que al inicio de la crisis. A pesar de este aumento del número de familias en quiebra, los ciudadanos no disponen de un mecanismo adecuado para negociar el pago de las deudas.

Ante esta realidad, y cuando los casos particulares que transcienden están creando un verdadero escándalo social, CEACCU ha puesto en marcha una campaña para pedir a los Grupos Parlamentarios y al ministerio de Economía que cambien las leyes para que se equipare a las familias con las empresas, de modo que puedan liquidar sus deudas con los activos disponibles en el momento de la quiebra.

Esto supone que, por ejemplo en el caso de un préstamo hipotecario, se cancelen los pagos pendientes con la entrega de la vivienda.

CEACCU pretende promover esta reforma en el marco de la subcomisión creada en el Congreso para analizar la reforma de la normativa hipotecaria y que comenzará sus trabajos a final de mes.

Para la organización se trata de una reivindicación posible porque “si lo es para las empresas, también lo será para las familias” Para la presidenta de CEACCU, Isabel Ávila: “El Gobierno, igual que vela por la salud financiera de las empresas, con más motivo ha de hacerlo con la salud económica del consumidor, cuya capacidad de solucionar un problema de este calibre es mucho menor”

CEACCU, que desde el año 2001 ha venido alertando de los riesgos del sobreendeudamiento familiar, pidió por primera vez en 2006 una ley de “suspensión de pagos también para las familias. El pasado 19 de mayo con un encuentro con el portavoz de economía del CiU empezó una ronda de contactos con los Grupos Parlamentarios para impulsar estas reformas.

Otros de los cambios legales que CEACCU plantea son:

“Que se habilite un procedimiento sencillo y sin costes para las familias, alternativo al concurso de acreedores, teniendo en cuenta el gasto adicional que representa este sistema: Así, para un caso tipo de un usuario cuyo pasivo estuviera compuesto por las siguientes deudas: hipoteca (126.000 euros pendientes de amortizar), compra de automóvil (15.000 euros) y créditos al consumo (9.000 euros), el coste de poner en marcha un concurso de acreedores ascendería a los 19.700 euros”.

“Que en el proceso de renegociación de la deuda, se contemplen garantías para las familias en situación de quiebra sobrevenida (por paro o enfermedad) que evite los embargos y permita mantener la vivienda habitual”.

http://www.ceaccu.org/sobreendeudamiento/por-que-es-necesaria-una-ley-de-segunda-oportunidad-para-familias-en-quiebra

Publicado en: diariojuridico.com