Por Jose Javier López de Castro Martínez, Coordinador Asociación Perjudicados Fórum Madrid.

La policía se vio sorprendida y desbordada el pasado sábado, 7 de Mayo, cuando la manifestación convocada por los perjudicados de Fórum Filatélico y Afinsa Bienes Tangibles tomó un rumbo imprevisto y desconocido hasta ese momento. ¿Qué ocurrió para que miles de personas buenas y pacíficas, muchas de ellas de más que avanzada edad, asaltaran las calles de Madrid y cortasen el centro de la capital durante casi dos horas? ¿Qué ha pasado para que miles de manifestantes que a lo largo de cinco años se han distinguido precisamente por el respeto, la paciencia y la moderación en sus reivindicaciones, de pronto eleven el tono de éstas hasta el punto de enfrentarse a las fuerzas del orden?

Lo que ha pasado son cinco años. Cinco años sin solución digna para medio millón de personas, la mayor parte de las cuales han perdido todos o gran parte de sus recursos económicos. Cinco años desde que el 9 de Mayo de 2006 se intervinieran las empresas en las que, hasta ese momento, nadie les dijo que no debían confiar, sino todo lo contrario. Cinco años ignorados por los políticos y los medios de comunicación. Cinco años toreados por los jueces. Cinco años de abandono e indefensión, en definitiva, que han llevado a muchos de ellos a la desesperanza, pero a muchos más a la desesperación que empuja a realizar acciones como las del pasado sábado, aun a riesgo de sufrir fuertes sanciones administrativas.

Daño sobre el daño. La respuesta a las amenazas de los responsables antidisturbios por parte de las personas que se sentaron delante de ellos en mitad de la calle, era siempre la misma: “ya me lo han quitado todo, ¿qué más puedo perder?”. Varios cientos de miles de ciudadanos españoles siguen sin comprender que la mejor medida para librarlos de la presunta estafa filatélica fuera dejarlos, de un minuto al siguiente, con una mano delante y otra detrás, sin los ahorros honestamente ganados después de toda una vida de trabajo.

Menos aún se comprende que los responsables de la tremenda decisión de intervenir de la forma circense en que se hizo, no hubieran previsto el gravísimo perjuicio que se causaba a tantas personas y esquiven ahora la obligación de hacer frente al problema social causado. Y me refiero no a los jueces de la Audiencia Nacional, sino a nuestros dirigentes políticos. A nadie debe extrañar que la mayor parte de los cánticos y lemas que se corean en estas manifestaciones denigren al Gobierno actual, a su presidente y a diversos ministros, pues el propio Partido Socialista se encargó de adjudicarse el “mérito” de la intervención a los pocos días del acontecimiento y lo hizo en el primer párrafo de un boletín interno de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Si uno se cuelga semejante medalla, después no debe incomodarle ser objetivo de duras críticas, especialmente si, además, se dedica a avivar el fuego con repetidas faltas de respeto a la dignidad de los perjudicados, como ha sido el caso de las deplorables declaraciones emitidas en diferentes momentos por José Blanco, Pedro Solbes o Elena Salgado, entre otros.
Pero la situación no es sólo responsabilidad de este Gobierno, por supuesto, sino también de los anteriores, y la solución es asunto que deben asumir todos los grupos parlamentarios. A todos se les ha reclamado desde hace cinco años el imprescindible acuerdo político, la compensación económica que es posible y razonable si existe la voluntad necesaria. Todos han frustrado las expectativas que en ellos ponían quinientos mil españoles. Una vez tras otra ha sido inalcanzable el acuerdo, ya sea por el boicot del Gobierno, por la timidez de las propuestas, por la desgana de unos partidos poco comprometidos o por la directa manipulación de otros, como PNV y CiU, que han apoyado las reivindicaciones de los perjudicados con el único fin de utilizarlos como moneda de cambio, para presionar al Gobierno y obtener en contrapartida otro tipo de prebendas político-económicas para sus autonomías.

A esta penosa evidencia, hay que sumar la complejidad y el caos de los diferentes procedimientos judiciales que están en marcha –mercantil, penal y contencioso-administrativo– y las vergonzosas contradicciones entre las sentencias emitidas por las diversas jurisdicciones, discordancias que ensucian y ponen en tela de juicio la argumentación que justifica todo el proceso desde el inicio hasta el día de hoy. Es de todo punto escandaloso, inmoral y obsceno que, para realizar la intervención, la querella de la fiscalía califique la actividad de las empresas como financiera y que para escapar de la subsiguiente reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado por falta de vigilancia y control, tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo, concedan a la misma actividad la calificación de “mercantil y suficientemente regulada”.

Este cambio de las reglas del juego en mitad del partido, esta discrepancia de criterios, claramente interesada y torticera, no sólo degradan a los politizados tribunales que incurren en tales enredos, sino que supone la inexistencia de una tutela judicial efectiva para los ciudadanos de nuestro país, la indefensión de los mismos ante los poderes públicos, el evidente fracaso de nuestro sistema de garantías y, por ende, la negación y quiebra del Estado de Derecho que tanto nos ha costado levantar.

Los perjudicados de Fórum y Afinsa somos conscientes de la difícil situación económica que atraviesa España, somos solidarios y no pedimos fórmulas milagrosas de hoy para mañana. No queremos un Estado paternalista, pero si el Estado falla de forma incuestionable, el Estado debe ser consecuente y responder, es de justicia. Hoy, como hace cinco años, seguimos reclamando atención real y verdadero interés por parte de una clase política pancista e indiferente ante las dificultades de la población que la mantiene. No somos ni avariciosos ni especuladores, sólo ahorradores que luchamos por los derechos fundamentales que nos asisten. Y nuestra lucha, más allá de su resultado final, sin duda favorece la salud del sistema. Reivindicamos, como tantos colectivos en estos tiempos, la acción social, pacífica pero contundente, contra los abusos del poder.

Publicado en: diariojuridico.com