¿Puede un cliente darse de baja de un servicio con la misma facilidad que se da de alta, a través de Internet? ¿Es posible realizar quejas y reclamaciones virtuales con garantías de que sean atendidas? ¿Han adaptado las empresas españolas sus webs a las personas con discapacidad? ¿Son accesibles para las personas mayores?

El Despacho Santiago Mediano Abogados, a través del Observatorio Jurídico-Social Santiago Mediano Abogados, ha elaborado un estudio que da respuesta a esta y a otras muchas preguntas sobre el impacto y grado de cumplimiento de la Ley 56/2007 de Medidas de impulso de la sociedad de la Información (LISI). Esta Ley, que se aprobó el 28 de diciembre de 2007, promueve la accesibilidad a la Sociedad de la Información de toda la ciudadanía y contempla la eliminación de las barreras que impiden a consumidores y usuarios mantener una interlocución fluida con las principales empresas de este país.

El estudio, que ha sido coordinado por Juan Carrasco, jurista experto en Tecnologías de la Información, analiza si transcurridos dos años de la obligación de disponer de un canal de interlocución telemática las empresas han puesto en marcha medidas que permitan a los consumidores contratar, darse de baja, realizar quejas, sugerencias, rectificar datos personales o modificar contratos por vía electrónica.

Las compañías que prestan servicio de especial relevancia económica están obligadas a adoptar medidas que faciliten el acceso a través de Internet a sus usuarios. Sin embargo, son muchas las entidades y organizaciones que aún siguen sin hacer accesibles sus servicios.

Principales conclusiones del estudio:

-Menos de un 50% de las empresas analizadas cumplen con lo establecido en la Ley y han habilitado páginas que constituyan un verdadero canal de interlocución telemática con la ciudadanía.

-Las empresas más comprometidas con la obligación de hacer accesibles sus servicios telemáticos pertenecen al sector bancario y al transporte aéreo.

-La mayor parte de las entidades analizadas no han incorporado la firma electrónica, uno de los pilares de la interlocución telemática.

-Sólo un 30% de las empresas han adaptado sus servicios online para hacerlos accesibles a las personas con discapacidad y también a las de edad avanzada, evitando situaciones de discriminación de estos colectivos, tal y como establece la Ley.

-Se ha observado un grado de cumplimiento elevado a la hora de llevar a cabo la contratación de bienes y servicios, sin embargo, la mayoría de las empresas no ofrecen las mismas facilidades a la hora de concluir o rescindir los contratos.

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El Observatorio Jurídico-Social Santiago Mediano Abogados es una institución dedicada a analizar el impacto recíproco entre realidad social y jurídica para, en su caso, hacer propuestas encaminadas a la mejora de la convivencia y el progreso social.

Santiago Mediano Abogados es la firma de referencia en materia de Propiedad Intelectual e Industrial, Derecho del Entretenimiento y de las Tecnologías de la Información. Sus abogados son los principales asesores en España de las Industrias del Entretenimiento y la Tecnología, en todas sus vertientes. En la cartera de clientes del Despacho figuran las mayores compañías nacionales e internacionales de dichos mercados.

Estudio Santiago Mediano Web

Publicado en: diariojuridico.com