Jorgo Chatzimarkakis, el eurodiputado responsable del informe aprobado por la Comisión de Energía en el Parlamento Europeo, explicó que los objetivos principales del proyecto de reglamento sobre la integridad de los mercados energéticos y la transparencia (REMIT) son evitar el abuso y la manipulación en el mercado mayorista de energía. Los principales cambios a la propuesta de reglamento pretenden conseguir la máxima transparencia del mercado aplicando sanciones mínimas y normas más claras.

La Comisión de Energía del Parlamento Europeo quiere sanciones armonizadas entre los Estados miembros mediante la aplicación de normas mínimas. Los eurodiputados también votaron a favor de utilizar las actuales estructuras de información, siempre que sea posible, para evitar cargas administrativas adicionales para los participantes en el mercado.

Sobre el registro de los participantes en el mercado, la Comisión de Energía prevé que cada Estado miembro posea un sistema de licencia o un registro de los participantes. En los casos en que un país no se adhiera al sistema de concesión de licencias de la UE, las autoridades nacionales deberían aplicar el sistema comunitario de registro obligatorio.

Según los eurodiputados, se tienen que incluir todos los contratos de gran volumen. En la propuesta de la Comisión, todos los contratos para el suministro de energía a los comerciantes que son “consumidores finales” (independientemente de si su consumo es alto o bajo) estarían exentos de esta legislación. Los eurodiputados no están de acuerdo ya que los contratos de gran volumen (cuando el comerciante consume más de una cierta cantidad de GWh) se tiene que tratar como venta al por mayor y por lo tanto, estar sujetos a la normativa. Por supuesto, los comerciantes más pequeños estarían exentos. El punto de corte preciso se decidiría por la Comisión en una etapa posterior a través de un “acto delegado”, aunque esto se tendría que aprobar por el Parlamento.

La Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) será la encargada de controlar los datos sobre las transacciones de energía para que se cumplan las nuevas normas. La información recogida se remitirá a las autoridades nacionales, que serán responsable de la investigación posterior y su aplicación. REMIT está sujeta al procedimiento de codecisión a través del cual deciden su aprobación tanto el Parlamento Europeo como el Consejo. Por tanto, se espera que comiencen las negociaciones entre ambas instituciones en junio, con la votación plenaria final prevista para el mes de septiembre.

Esta información llega en el momento que se conoce la intención del Gobierno español sobre la mineria. El nuevo plan de la minería tendrá como objetivo su cierre en 2018, sin margen de prórrogas, y apenas habrá más ayudas para la reactivación de las Cuencas. En el aire quedan los fondos aún pendientes de gastar. Este es el negro horizonte anunciado por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, a los máximos responsables estatales de FITAG-UGT y CC OO, en una reunión celebrada a principios de mayo, en Madrid. Los sindicatos rechazan de plano la posición del Gobierno central.

La hoja de ruta del Ministerio de Industria ante el inminente comienzo de la negociación de un nuevo Plan del Carbón pasa por asumir los planteamientos de la nueva «decisión» para el sector aprobada, el pasado diez de diciembre, por la Unión Europea: el cierre de las minas que no sean competitivas en 2018; en el caso de Asturias, casi todas, incluidos los pozos de Hunosa. Además, se reducirá de forma considerable el dinero destinado a la reactivación de las comarcas, hasta tal punto que los fondos mineros, tal y como los conocemos hoy, desaparecerían, principalmente los destinados a infraestructuras, y sólo se concedería algún tipo de ayuda dirigida a la creación de empleo y a la atracción de empresas para las Cuencas.

Publicado en: diariojuridico.com