“Ya que el Diálogo Social se encuentra en precario, cuando se recupere sería indispensable que las organizaciones representativas de los trabajadores autónomos – reclamó el profesor José Barea, Presidente del Observatorio del Trabajo Autónomo de ATA – estén, con voz y voto, defendiendo los derechos y reivindicaciones del colectivo al que representan. Un colectivo que supone más de 80% del tejido productivo español y que genera el 40% del empleo y el 20% del PIB”.

También señaló que “más del 95% de trabajadores autónomos están mutualizados, por tanto más de 3 millones de trabajadores por cuenta propia son mutualistas”.

“Las Mutuas – añadió Barea – gestionan prácticamente la totalidad de sus prestaciones, siendo los autónomos, el único colectivo para el cual las Mutuas gestionan la prestación por cese de actividad e incluso la incapacidad temporal, además de las contingencias profesionales que también gestionan dichos organismos para los trabajadores asalariados. Por tanto, no solo resulta crucial que las organizaciones representativas de trabajadores autónomos participen en el debate sobre los órganos de gobierno de las Mutuas, sino que resulta actualmente impensable que no formen parte de éstas”.

“Una vez más se margina, en contra del propio Estatuto del Trabajo Autónomo (Ley de 11 de julio de 2007) a un colectivo cuya presencia está lejos de ser marginal. Los datos muestran que los trabajadores autónomos son los profesionales más mutualizados del mercado laboral y por tanto, carece de sentido que se les excluya y que no se contemple que estén representados a través de sus organizaciones para garantizar la defensa de sus intereses y el seguimiento de las coberturas de este colectivo”.

Por su parte, Juan López Gandía, miembro del Observatorio del Trabajo Autónomo de ATA, apunta que el marco del diálogo y la concertación social “estaba pensado, por definición, para el dependiente y asalariado, ajeno a los frutos y a los riesgos de cualquier actividad emprendedora. De ahí que únicamente se concibiera la concertación social entre el Gobierno y las organizaciones sindicales y patronales. El autoempleo o trabajo autónomo no tenía el protagonismo y la importancia que ha adquirido hoy”.

Como dice la Exposición de Motivos de la LETA (Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo) en la actualidad la situación es diferente, “estamos en presencia de un amplio colectivo que realiza un trabajo profesional arriesgando sus propios recursos económicos y aportando su trabajo personal, y que en su mayoría lo hace sin la ayuda de ningún asalariado. En España, el 94 % de los autónomos que realizan una actividad profesional o económica sin el marco jurídico de empresa no tienen asalariados o sólo tienen uno o dos con lo que se mueve en una zona intermedia de titularidad de intereses entre empresarios y trabajadores, por lo que es lógica una representación profesional propia, no excluyente, pero sí diferenciada de las de unos y otros”.

“La participación de las organizaciones sindicales y patronales a las que están afiliados los autónomos – indicó López Gandia – no se limita sólo a las vías explícitamente contempladas por la LETA, en el mismo plano que las asociaciones profesionales, sino que también alcanza al diálogo social, la política de concertación social”.

“Por esta razón, lo lógico sería – subraya el catedrático de la U. de Valencia, López Gandia – que también los autónomos o afiliados a las asociaciones profesionales pudieran participar en el diálogo social entre gobierno, organizaciones sindicales y patronales representativas, al menos en aquellos temas o cuestiones prelegislativas que afecten a los trabajadores autónomos y no sólo en una fase posterior meramente consultiva a través del Consejo del Trabajador Autónomo o del CES una vez elaborado el anteproyecto de ley. El hecho de que el art. 22 de la LETA contemple la consulta o parecer al Consejo del trabajador Autónomo sobre los anteproyectos de leyes o proyectos de Reales Decretos que incidan sobre el trabajo autónomo, no impide que los propios anteproyectos sean objeto de negociación en la mesa del diálogo social con las asociaciones profesionales de los autónomos”.

“Los cambios introducidos por la LETA suponen un giro importante en el mismo concepto de participación y en el papel a desempeñar por las asociaciones profesionales de autónomos. Supone dar entrada también a las asociaciones profesionales en la negociación de las medidas que les afecten en el mismo plano o pie de igualdad que las organizaciones sindicales y patronales, sin que deba limitarse a la participación “institucional”. La participación institucional es perfectamente compatible con la concertación o diálogo social, sin que una forma determinada de participación impida la otra. Al contrario, el diálogo social aporta un plus de legitimidad política y social a las medidas adoptadas. Y así ocurriría también en el caso de las que afecten a los trabajadores autónomos, si se diera entrada a las asociaciones profesionales en este nivel de negociación”.

Por su parte, Juan José Rubio Guerrero, catedrático de Hacienda Pública, Foro Independiente de Analistas Fiscales y miembro del Observatorio del Trabajo Autónomo de ATA, comentó que “los trabajadores autónomos constituyen un colectivo fundamental en el tejido económico de nuestro país. Razones de equidad, como la equiparación progresiva del tratamiento de estos trabajadores al que reciben los afiliados al Régimen General de la Seguridad Social, así como de estricta eficiencia económica, a partir del papel fundamental que desempeñan los autónomos en la creación de empleo y riqueza, han obligado y seguirán obligando a los sucesivos Gobiernos a implementar una serie de medidas en los campos social y fiscal con el objetivo de una mejora sustancial de las condiciones en las que realiza su actividad este colectivo. En este sentido, el reconocimiento de las asociaciones de trabajadores autónomos en las mesas de dialogo social se convierten en una necesidad imperiosa para sentar la bases de una recuperación económica estable y sólida a la que aspiramos, como país, en un futuro incierto pero, esperemos, próximo”.

“No debemos olvidar tampoco – concluye el profesor Rubio Guerrero – los problemas específicos de financiación y organización de las actividades a los que se enfrentan, y que se traducen en unos costes financieros, administrativos, laborales o contables superiores a los que tienen que afrontar las grandes empresas, y que tampoco son, del todo similares, a los de las PYMES”.

Lorenzo Amor, Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ATA en relación al diálogo y la concertación social manifiestó que “no se puede limitar exclusivamente a la relación empleado-empleador, obviando la realidad de nuestro tejido socioeconómico, formado en un 70% por autónomos persona física y sin forma jurídica empresarial”.

“Además, – añadíel Presidente Nacional de ATA – resulta ilógico que en estos momentos patronal y sindicatos opinen sobre aspectos que afectan a los autónomos en materias como jubilación, protección social, políticas activas o formación, cuando las propias organizaciones representativas de los autónomos tienen ya su propia legitimidad reconocida y su marco legislativo propio que entró en vigor en octubre de 2007 – la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo – y que le da capacidad jurídica singular para representar a un colectivo tan amplio como es el de los empresarios y trabajadotes autónomos”.

Por último, Mª José Landaburu, Secretaria General de UATAE, aporta en este sentido que “nunca se ha contemplado el papel que los autónomos pueden jugar en los distintos procesos de negociación, en la medida en que han sido y son elementos claves de ambos factores, sociales y profesionales, por una lado, y también productivos. Apartar a los autónomos de los procesos de negociación ha derivado en una pérdida de derechos y de conquistas sociales que los trabajadores por cuenta ajena vienen tiempo disfrutando.”.

“Es necesario – apunta la Secretaria General de UATAE – que todos entendamos la importancia de este instrumento de negociación, de participación y de regulación, como un elemento utilísimo en el funcionamiento de las empresas y para el desarrollo social y profesional de los autónomos”.

Publicado en: diariojuridico.com