En vísperas de la aprobación de la negociación colectiva por el Gobierno, visto el desencuentro entre sindicatos y patronal, vuelta a la escena de Juan Antonio Sagardoy, patriarca del despacho del mismo nombre. Y una vez más su claridad de argumentos y contudencia dialéctica no defraudó a nadie. Ahora, retirado de primera línea, dirige la Fundación de su bufete pero no por ello deja de estar implicado en la actualidad sociolaboral del país. Ayer se presento ell Instituto de Relaciones Laborales y Empleo (IRLE), organismo dependiente de esta institución y conocimos las medidas que se impulsan para frenar el desempleo juvenil

Este primer informe de IRLE se llama “Propuesta de medidas urgentes en materia de empleo juvenil” y tanto Juan Antonio Sagardoy Bengoechea, Presidente de la Fundación Sagardoy como Jesús R. Mercader, Director de Programas de Formación e Investigación del Instituto para las Relaciones Laborales y el Empleo de la Fundación Sagardoy, ambos Catedráticos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, lideran el proyecto y contestaron las preguntas de los diferentes medios informativos

El informe propone una reforma legislativa, encaminada a aminorar el desempleo juvenil y a incentivar la contratación de los jóvenes por parte de los empresarios. De todo ello se deduce que las relaciones entre Universidad y Empresa no acaban de funcionar, sobre todo en la inserción del mercado laboral y que la Formación Profesional hay que cambiarla en su planteamiento. Concretamente, proponen esta reforma en dos ámbitos de actuación: Legislación Laboral y Seguridad Social.

Renovación de la legislación laboral

El informe aboga por un cambio radical de los antiguos contratos de prácticas para la formación por un nuevo contrato de ingreso y fomento del empleo juvenil. En este aspecto, exige una clarificación del marco regulador del régimen de becas, ya que han detectado la existencia de enormes vacíos legales, lo que no hace sino fomentar el uso fraudulento de estas ayudas.

Además, propone la extensión de la duración del periodo de prueba en jóvenes, así como modificar la regulación del régimen de programas de cooperación educativa por obsoleta. En lo referente al contrato a tiempo parcial, desde el Instituto de Relaciones Laborales y Empleo proponen flexibilizar las reglas laborales y reforzar el régimen de protección social.

Asimismo, el estudio apuesta por programas de fomento para la empleabilidad de los jóvenes trabajadores, entre los que destacan:
1. Programas estatales de orientación curricular, previos a la edad de inserción en el mercado laboral.
2. Programas locales y autonómicos de asesoramiento individualizado de orientación para jóvenes desempleados.

En este aspecto, proponen incluir tanto a aquellos jóvenes que no hayan completado la escolaridad obligatoria como a los que carezcan de titulación profesional. Asimismo, incluye el desarrollo de un programa de activación inmediata para determinados desempleados de entre 18 y 19 años de edad.

3. Programas locales de orientación al autoempleo para emprendedores.

4. Uso de la redes sociales como instrumento para la formación e información de los jóvenes.

5. Desarrollo de las políticas de movilidad en los jóvenes del aprendizaje del inglés.

Con todo, el IRLE aboga por vincular la formación a las necesidades empresariales, y aprovechar así al máximo el tiempo
de formación del joven trabajador. Además, considera necesario generalizar el sistema salarial de ingreso, para evitar grandes diferencias entre los empleados. Como consecuencia, propone la extensión del modelo de escalas salarias en función de la edad, en donde se valore la capacidad del trabajador.

Seguridad Social

El informe propone también medidas en materia de Seguridad Social. En primer lugar, realiza un análisis crítico de los programas de fomento del empleo como mecanismos de creación de empleo de los jóvenes y mejora de su estabilidad.

En este aspecto, considera la posibilidad de implantar bonificaciones por la contratación indefinida de jóvenes entre 16 y 30 años con problemas de empleabilidad. De igual modo, apuesta por bonificaciones del 100% de las cuotas patronal y obrera por la celebración de contratos formativos.

En segundo lugar, el IRLE orienta sus propuestas sobre la Seguridad Social en articular instrumentos que mejoren la acción protectora. Propone favorecer el acceso a las prestaciones, modulando el periodo de carencia en función de la edad del sujeto y asimilando a tiempo cotizado el periodo destinado a formación. Por último, abogan por mejorar la intensidad de la acción protectora, modificando la deficitaria protección del contrato para la formación y ampliando la edad de percepción de la pensión de orfandad.

Unión Europea

La tasa de desempleo juvenil en España duplica la tasa de la Unión Europea, superando en nuestro país el 43%. El país con menos tasa de desempleo juvenil es Holanda, con menos del 7%, muy seguida de Alemania, con un 8%. Reino Unido y Francia tienen una tasa de paro juvenil del 20% y 23%, respectivamente. El IRLE asegura que “estos datos obligan a realizar un planteamiento de la normativa laboral y de Seguridad Social que pretende tener incidencia en el desempleo juvenil”. Para ello, se han estudiado las experiencias de otros países de la Unión Europea, buscando propuestas de reforma en esta materia.

Desde el Instituto diferencian tres modelos de referencia que están implantados en algunos países europeos. El primer de ellos es el utilizado en Francia y Luxemburgo, donde los contratos formativos están vinculados al aprendizaje, oficio o experiencia profesional. Por su parte, el implantado en Alemania y Holanda está basado en la alternancia entre trabajo y formación. Por último, en el tercer modelo, desarrollado en Inglaterra, los programas de asesoramiento individualizado para jóvenes en riesgo de exclusión social adquieren una gran importancia.

Sagardoy Abogados, fundado en 1.980, es el despacho líder en el área de Derecho del Trabajo, Seguridad Social, tanto en servicios de asesoramiento de empresas, como en materia contenciosa. La firma tiene sedes en Madrid, Barcelona, Sevilla, Las Palmas, Oviedo y Vigo. Pertenece, como socio fundador, a la Alianza Internacional “Ius Laboris” (International Employment Law, Pensions and Employee Benefits Alliance). Componen la asociación despachos especializados en el asesoramiento jurídico-laboral, con establecimiento en más de 44 países

Publicado en: diariojuridico.com