Por Fernando Gomá.Notario. Socio fundador de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial
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El pasado sábado 14 de mayo, en Madrid, 26 personas, de muy diversas ideologías pero unidos por la convicción de que la independencia real de la Justicia frente al poder político es un valor fundamental en una democracia y de que se puede y se debe hacer algo para conseguirla, fundamos una asociación, al amparo de la LO 1/2002 de 22 marzo reguladora del derecho de asociación que desarrolla el artículo 22 de la Constitución Española la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.

Desde que en el año 1985 un drástico cambio legislativo atribuyó al Parlamento la elección de todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de gobierno de los jueces, el poder político dominante ha ido ocupando de manera incesante el espacio constitucionalmente acotado al Poder Judicial provocando tal grado de politización y progresiva merma de su independencia que al día de hoy España ocupa en el ranking mundial (según el Word Economic Forum on Judicial Independence) el puesto numero 57, detrás incluso de países situados en la órbita del tercer mundo.

Un decadente proceso que hace tiempo rebasó los límites de lo democráticamente tolerable y respecto del que ninguna de las sucesivas mayorías políticas que se han alternado en el Gobierno se ha preocupado de evitar, reduciendo de facto a la minima expresión ese contrapoder al que nuestra Constitución encomienda velar por la igualdad de todos en la aplicación de la Ley y por el efectivo respeto a los derechos fundamentales y libertades publicas en ella proclamados.

Toda esta situación es la que provoca la constitución de la Plataforma, cuyos siete objetivos básicos, que figuran en sus estatutos, son:

1).-Elección democrática por los jueces de todos los órganos de gobierno interno del poder judicial: jueces decanos, presidentes de audiencias y de tribunales superiores de justicia, salas de gobierno así como de los doce vocales de procedencia judicial de los veinte que integran el CGPJ.

2).- Mantenimiento en poder de los jueces de las funciones estrictamente jurisdiccionales que le asigna la Constitución, lo que exige su nítida delimitación de las funciones legalmente atribuidas a los secretarios judiciales y la conservación por aquellos de la instrucción penal en tanto el Ministerio Fiscal siga dependiendo jerárquicamente del poder ejecutivo.

3).- Elaboración de una nueva planta judicial conforme a la media europea de 20 jueces/ 100.000 habitantes, superando así la proporción de 10/100.000 que aún existe en España.

4).- Inversión en justicia conforme a la media europea del 3,5% del presupuesto, superando el actual 1/% en que se encuentra España.

5).- Consecución para los jueces de una carga de trabajo que, al ser humanamente asumible y conciliable con su vida personal y familiar, les permita resolver los asuntos con la independencia, prontitud y calidad que los ciudadanos merecen, alejada, por tanto, de cualquier módulo retributivo de carácter productivista .

6).-Aprobación de un nuevo estatuto judicial en el que desaparezca la discriminatoria situación de los jueces en materias como derechos y beneficios sociales, prevención de riesgos laborales y condiciones de jubilación y en el que, para la debida salvaguarda de su independencia, se incorpore una reforma de su régimen disciplinario que termine con su actual estatus de inseguridad jurídica y régimen de responsabilidad cuasi objetiva.

7).-Establecimiento por ley de un sistema retributivo de los jueces y magistrados que contribuya a garantizar su independencia desde la vertiente económica, de modo que su adecuada remuneración como poder del Estado no quede sujeta al arbitrio de cada gobierno de turno.

La asociación se propone, asimismo, defender la efectividad del Estado de Derecho, la sumisión de los poderes públicos al imperio de la ley, la interdicción de la arbitrariedad y la igualdad ante la ley. Dada su naturaleza no profesional, quedan expresamente fuera de los fines de esta asociación la promoción y defensa de los demás intereses estrictamente profesionales o corporativos de los jueces y magistrados y demás miembros asociados que no afecten a la independencia del Poder Judicial establecida en la Constitución.

Se trata esencialmente de los mismos objetivos ya expuestos en un documento firmado en 2010 por unos 1400 jueces, y llamado “Manifiesto por la despolitización y la independencia judicial”, el cual no tuvo la difusión que tanto su contenido como sus firmantes merecían.

Es una asociación de carácter transversal y no profesional, plural, democrática y absolutamente independiente de los poderes públicos y organizaciones políticas, sindicales, empresariales o de cualquier otra índole cuya actividad vaya estrictamente encaminada a esa finalidad mediante la consecución de los siete objetivos básicos indicados y de cualesquiera otros que sirvan o coadyuven a esa misma meta. Los socios fundadores son 14 jueces y magistrados, y 12 procedentes de otras profesiones jurídicas, pero como es natural aspira a que el mayor número posible de personas se vea atraída por la propuesta y decida asociarse a la Plataforma. En estos momentos hay socios de multitud de profesiones, aparte, como es natural, de jueces: abogados, catedráticos, profesores, notarios, estudiantes, abogados del Estado, etc.

En estos meses previos a la apertura del año judicial, la Plataforma consolidará el proceso de constitución y organización interna, y presencia en las redes (ya tiene Facebook y Twitter), tras la cual comenzará su actividad en pos de sus objetivos, aunque es posible que haya noticias antes de ese plazo. Los fundadores de la Plataforma no pecamos de ingenuidad, conocemos perfectamente que problemas graves como los que provocan su creación no pueden solucionarse ni fácil ni rápidamente, por ello aspiramos a constituirnos como una “fuerza tranquila”, sólida y con recorrido. De cada uno de los pasos que se vayan dando en tal sentido se informará oportunamente

Publicado en: diariojuridico.com