Son absolutamente necesarios aquellos cambios que permitan modernizar, simplificar y agilizar la legislación y los procedimientos para los ciudadanos y las empresas, con el objetivo de fomentar y facilitar la contratación y las inversiones. Y el reto es hacerlo manteniendo la inexcusable seguridad jurídica”. Esta es la vía, según ha afirmado Joan Carles Ollé, Decano del Colegio de Notarios de Cataluña, de conseguir que nuestra sociedad “pueda alcanzar las máximas cuotas de competitividad y excelencia legislativa y jurídica en las transacciones y los negocios para salir reforzados de la actual crisis”.

Así lo ha afirmado en el marco del Almuerzo Cambra de hoy, organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona en la Lonja de Mar de Barcelona, y que ha contado con la asistencia de Núria de Gispert, presidenta del Parlamento de Cataluña; Pilar Fernández Bozal, consejera de Justicia; Miguel Ángel Gimeno, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; y Germà Gordó, Secretario del Govern, entre otras destacadas personalidades del ámbito jurídico, político y social.

En una ponencia titulada “Seguridad Jurídica en una sociedad en cambio”, Ollé ha dejado bien claro que el límite para aplicar las reformas es que “en ningún caso podemos perder seguridad jurídica”, entendida como aquella que permite la predictibilidad en las relaciones jurídicas. Así, ha incidido en la importancia de evitar el confusionismo en las leyes y el exceso de normativa, que dificulta la interpretación y conciliación. Además, ha afirmado que “la retroactividad de la ley, en cuanto perjudica o modifica los derechos individuales, también va contra el principio de seguridad jurídica”, calificándolo como “un fenómeno demasiado frecuente en la legislación española y catalana que no ayuda a atraer inversores y capitales.”

De hecho, ha recordado que la crisis económica y financera internacional tiene su origen en el problema de las hipotecas subprime en Estados Unidos, que ha definido como “un fallo monumental de seguridad jurídica en el sistema anglosajón, provocado por un defecto de regulación y de controles”. En cambio, ha calificado el sistema judicial en España y Cataluña como “globalmente seguro y de calidad” y ha destacado el actual sistema de seguridad jurídica preventiva, basado en el binomio notaría-registro, “que constituye un sistema hipergarantista y perfectamente homologable con el de los países más avanzados”.

En el transcurso de la conferencia, el Decano del Colegio de Notarios de Cataluña ha repasado algunas de las reformas legislativas que se han puesto en marcha recientemente o se están tramitando. Así, ha destacado, en cuanto a la constitución de sociedades, que “es esencial una legislación que fomente la regeneración del tejido productivo del país”, afirmando que la legislación estatal no ha cuajado “por no apuntar a la raíz de los obstáculos que entorpecen la creación de empresas”. Ha asegurado que “es necesario crear las condiciones legales adientes para la creación de nuevas empresas, ofreciendo las máximas facilidades económicas y jurídicas a los emprendedores para que puedan canalizar las inversiones e impulsar nuevos proyectos”.

Por otro lado, ha afirmado que “en Cataluña existe un exceso de legislación, que se traduce a menudo en un cierto confusionismo legal”, y ha calificado de “muy positivo” el anteproyecto de ley Ómnibus, actualmente en tramitación, que en caso de prosperar “supondrá un cambio radical en el sistema, en beneficio de empresas y particulares, en la medida que persigue una importante simplificación legislativa y administrativa”.

En cuanto a la circulación internacional del documento público, ha advertido que se trata de una “linea de actuación que desde el notariado se valora muy positivamente”, pero que esta unificación es necesario hacerla tomando como referencia los sistemas con un mayor grado de excelencia.

En referencia a la reforma del sistema hipotecario, ha recordado que “la eventual modificación legal del principio de responsabilidad patrimonial universal, en caso de producirse, no debería tener efectos retroactivos, ya que se introduciría un elemento importante de inseguridad jurídica que podría afectar muy negativamente la solvencia de nuestro sistema financiero”. En referencia a las ejecuciones hipotecarias ha reinvindicado corregir determinadas disfunciones, entre ellas limitar los vigentes intereses de demora, claramente excesivos; aumentar hasta el setenta u ochenta por ciento el valor mínimo de adjudicación en subasta; y endurecer la regulación sobre las tasaciones, que ha calificado como “una de las principales grietas del sistema”.

También ha querido destacar la importancia de la solución alternativa de conflictos como medio para agilizar y simplificar los procedimientos, destacando la mediación, el arbitraje – ámbito en el que ha valorado muy positivamente la reciente ley de Arbitraje, que permitirá a los notarios y otros juristas ser árbitros de derecho – y la jurisdicción voluntaria. En cuanto al proyecto de ley de reforma de la ley Concursal, ha reinvidicado la necesidad de “revisar los mecanismos legales que hacen que la mayoría de concursos terminen con la liquidación de las empresas”.

Finalmente ha asegurado que “los nuevos tiempos exigen una legislación innovadora y liberal, quizás incluso audaz en las reformas, pero exigente en las garantías jurídicas. Y este proceso de reformas – ha concluído -, unido a un sistema judicial, notarial y registral como el nuestro, que garantiza la máxima seguridad jurídica, es lo que nos permitirá salir de la crisis bien posicionados y reforzados, constituye el mejor polo de atracción para los inversores, y es la mejor base para la reactivación económica.”

Publicado en: diariojuridico.com