Rafel Audivert. Socio Dº Público y Medioambiental Roca Junyent.

El pasado 6 de marzo entró en vigor la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (LES), norma que introduce reformas en diversos sectores en aras a reducir, mejorar el transporte y la movilidad sostenible. No cabe duda que las normas, por sí mismas, no ayudarán a gestionar mejor los vectores ambientales si no van acompañadas de una conciencia social que haga efectivo su cumplimiento. Igualmente, la gran cantidad de normas dictadas y sus sucesivas modificaciones en materia ambiental no ayudan a crear un marco jurídico adecuado que otorgue suficiente seguridad jurídica al mercado, lo cual puede ser disuasorio en las inversiones que en su caso se pudieren generar. Amén de los vaivenes en la normativa dictada en materia energética, con los incentivos iniciales y penalidades posteriores a la generación de energía procedente de fuentes renovables. Lo que unido a la situación financiera que sufre el mercado, con una economía que necesita ser revitalizada con urgencia, lleva a la necesidad de ordenar el sector energético de forma prioritaria.

La LES consagra principios ya conocidos pero no por ello suficientemente reforzados a la práctica como la seguridad en el suministro, eficiencia económica y el respeto al medio ambiente. Se fijan objetivos nacionales para el año 2020 relativos al ahorro, eficiencia energética y la utilización de las energías renovables de conformidad con los criterios establecidos en la Unión Europea. Pese a que las últimas normas dictadas en materia energética generan un cierto estado de confusión en el régimen económico de las energías procedentes de fuentes renovables, la LES intenta en un orden normativo aumentar la participación de dichas fuentes de energía reforzando la previsibilidad y la eficiencia de las decisiones de política energética, y especialmente, incidiendo en la reducción de la participación de las energías con mayor potencial de emisiones de Co2.Todo ello reforzando el papel de la Conferencia Sectorial de la Energía y fomentando la investigación, el desarrollo y la innovación en materia de energía renovables y eficiencia energética, medidas ellas a todas luces insuficientes si no van acompañadas de sistemas de financiación adecuados que procuren su viabilidad.

En coherencia con lo establecido en dicha norma el Gobierno deberá aprobar un documento de planificación, estableciendo un modelo de generación y distribución de energía de conformidad con lo expuesto, y por supuesto, en el marco del Estado autonómico donde las CCAA han definido igualmente el modelo a seguir, especialmente en materia de energías procedentes de fuentes renovables. En este ámbito, y entendemos que en aras a uniformizar dichos modelos de planificación, la LES otorga a la Conferencia Sectorial de la Energía la facultad de coordinar, gestionar y realizar el seguimiento y aplicación por parte de las CCAA de la política energética.

Las fuentes de energía en el presente y futuro son y serán diversas, conviviendo las procedentes de los combustibles fósiles, las renovables, la nuclear y alternativas o mixtas como las plantas de ciclo combinado o las de biomasa. Con el objetivo de conseguir lo que se denomina como autosuficiencia energética, y en un horizonte inicial del 2020, la LES establece diversas líneas de actuación que deberán ser complementarias entre ellas, y que a buen seguro no estarán exentas de polémica. Así, se deberá optimizar la participación de las energías renovables en la generación energética y, en particular, la eléctrica. Dicho objetivo deberá conseguirse compatibilizando su producción con la determinación de los niveles de participación de otras fuentes vigentes, y con especial énfasis en la energía nuclear, sujeta siempre a un intenso debate social y político condicionado sin duda por accidentes como el de Fukushima, de riesgo imprevisible pero a su vez que obliga a replantear los sistemas de seguridad vigentes.

Ya hemos comentado que uno de los objetivos prioritarios de la LES en materia energética es la reducción de CO2. Para ello se fomentará los sistemas de captación de dióxido de carbono en el marco de las acciones que lleven a cabo el Conejo Nacional del Clima y la Comisión de Coordinación de Políticas del Cambio Climático. Se prevé que las personas físicas y jurídicas puedan compensar sus emisiones de Co2 mediante inversiones en incremento y mantenimiento de masas forestales o programas agrarios, entre otros. Y se crea un Fondo de carácter público cuya función principal es la adquisición de créditos de carbono, especialmente los derivados de proyectos realizados o promovidos por empresas en el marco de los mecanismos de flexibilidad el Protocolo de Kioto para incentivar la participación de empresas españolas en este mercado. Pero estos mecanismos serán insuficientes si generadores difusos de Co2 como el transporte no sufren un cambio estructural que ayude a limitar dicho foco de contaminación. La LES prevé la modernización de dicho transporte (reciente ejemplo las ayudas a la compra de vehículos híbridos), uso eficiente de los medios de transporte, planes de formación y evaluación así como el fomento de nuevas tecnologías. Todo ello de difícil implantación en la actual coyuntura económica pero que sin embargo debe generar un esfuerzo colectivo de modernización, siendo un factor esencial de crecimiento económico “sostenible”.

El sistema energético español está condicionado por un contexto internacional ciertamente complicado, y tiene ante sí el reto de intentar crear un sistema autosuficiente en el que será esencial la convivencia de los sistemas de generación de energía. Reto que deberá afrontar no pocos obstáculos en su camino. Paradójicamente en demasiadas ocasiones son las entidades ecologistas las que se oponen a la implantación de renovables, lo cual genera un discurso manifiestamente contradictorio al rechazarse las fuentes convencionales y poner obstáculos a la vez a la implantación de renovables (en especial los parques eólicos); las primas a la energía procedente de tecnología fotovoltaicas han generado una burbuja de difícil alcance y consecuencias en un ya tocado sector financiero; los precios del petróleo condicionan y limitan el crecimiento económico en los diversos sectores productivos que dependen en demasía de los combustibles fósiles para su supervivencia (sin olvidar en cualquier caso el sorprendente descenso el precio del gas en Estados Unidos). Por tanto, se debe imponer una planificación coherente, diseñada no en un orden político, sino pragmático y funcional, y que responda a la necesidad colectiva de implantar de forma ordenada fuentes de energía renovables que no respondan a políticas de improvisación, sino al objetivo de preservar el interés general del crecimiento económico y la protección del medio ambiente con un modelo alternativo al que hemos adoptado hasta la fecha.

Publicado en: diariojuridico.com