Bajo el lema ‘Nuevos retos ante la crisis’, a lo largo del fin de semana pasado mañana tuvo lugar en Albacete el 26 Congrso de esta asociación judicial. El objetivo ha sido debatir una serie de propuestas que provienen de las distintas comisiones delegadas”,comentó en rueda de prensa el portavoz nacional de esta asociación judicial, José Luis Ramírez, y asi se harán públicas cuando sean aprobadas

Tras el correspondiente debate en las diversas Comisiones Técnicas y Territoriales que integran la asociación, el Congreso ha aprobado diversos documentos con los siguientes contenidos:

1.- En el ámbito del proceso penal

-JpD denuncia la incapacidad del Ministerio de Justicia para promover una reforma estructural del proceso penal. Incapacidad que alcanza incluso a reformas parciales proyectadas en la Ley de Agilización Procesal.

-JpD reclama la legitimidad de la Judicatura y del Consejo General del Poder Judicial para proponer iniciativas en el ámbito de las reformas legislativas, denunciando la pretensión monopolizadora que sobre dicho ámbito pretende ostentar la Fiscalía.

-JpD exige una regulación urgente de la posición de las personas acusadas en el proceso penal, respetuosa con el derecho a la presunción de inocencia, que permita que declaren sentadas, sin grilletes, junto a sus abogados y asistidos con intérpretes debidamente cualificados que los informen en todo momento del contenido del debate procesal.

2.- En el ámbito del derecho privado

-JpD reclama la promulgación de una ley que regule el sobreendeudamiento de particulares y pequeños empresarios, evite la concesión abusiva de créditos, y establezca un sistema de pagos aplazados a los deudores de buena fe, en el marco de un proceso gratuito estableciendo un patrimonio mínimo inembargable con especial protección de la vivienda familiar

-JpD demanda el compromiso del Banco de España para la adopción de normas de disciplina bancaria que imponga la
obligación de pactar en contratos de préstamo hipotecario la limitación de la garantía al valor de tasación del bien, permitiendo la liquidación de la deuda con la dación en pago del inmueble.

-JpD demanda la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el ámbito del sistema de subasta, de modo que se garantice la publicidad real y que la adjudicación por el acreedor del bien que constituya la vivienda familiar sólo proceda por el 80 % del valor de tasación.

-JpD pone de manifiesto la existencia de un margen interpretativo de las normas que permite valorar en cada caso la alteración extraordinaria de las circunstancias derivadas de la crisis económica, para moderar las consecuencias en caso de incumplimiento contractual.

3. En materia migratoria

-JpD manifiesta su defensa del reconocimiento del derecho a migrar como derecho humano universal

-JpD denuncia la actual situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros como espacios ajenos al control efectivo del derecho.

-JpD rechaza los discursos xenófobos con finalidades electoralistas, y recuerda la obligación constitucional de las administraciones públicas de garantizar el derecho a la salud y la educación de todas las personas, sean o no residentes legales en territorio español.

4. En defensa de las instituciones judiciales

-JpD quiere mostrar su preocupación ante el constante ataque al que se ven sometidas las diversas instituciones judiciales por su actuación jurisdiccional; en particular en aquellos casos que, por diversos motivos, adquieren relevancia mediática, especialmente si afectan a instituciones del poder político.

-Un ejemplo reciente lo ha constituido el ataque orquestado contra nuestro compañero Alberto Jorge Barreiro, magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo, con el que se sigue una línea ya emprendida contra otras personas de esta asociación de forma especialmente virulenta e injusta, cuando instruyen determinadas causas por delito.

Por ello, queremos ahora mostrar públicamente nuestro apoyo a todas esas personas, siendo muy conscientes de que existe una fundamental diferencia entre compartir o no compartir una determinada resolución y cuestionar la honradez, independencia y compromiso democrático de quien la dicta. Seguiremos analizando y criticando las resoluciones judiciales, sean o no de personas de esta Asociación, pero ahora es también importante que transmitamos nuestro apoyo y cariño a las personas que han sufrido esos ataques mediáticos que repudiamos y consideramos preocupante síntoma de lo mal asumida que aún está la independencia judicial.

5. En el ámbito de las políticas económicas y sociales

-JpD denuncia el abandono de derechos democráticos básicos a favor de las tesis económicas que pretenden administrar los derechos fundamentales de los ciudadanos, negando amparo a los más desfavorecidos y condicionando el estado del bienestar a los intereses de los grupos económicos y financieros, obviando su responsabilidad en la crisis en la que nos hallamos inmersos.

-JpD celebra la explosión ciudadana que ha supuesto el denominado movimiento 15-M, que en clave positiva mantiene que otra democracia es posible. No podemos dejar de reflexionar sobre el movimiento, expresar nuestro parecer y defender el derecho como marco de convivencia, elemento central de la ciudadanía, sometido a los intereses y valores sociales y no a los mandatos de los poderes económicos y financieros.

-JpD considera que la efectividad de derechos básicos de los ciudadanos, como el acceso a la vivienda y a una renta básica de subsistencia, son pilares de una nueva democracia, que debe tener como objetivo independizar a la ciudadanía de la tiranía de los mercados y poderes económicos.

Igualmente, quiere poner de relieve la importancia del fomento de la libertad sindical real, la erradicación de todo fenómeno de corrupción, el establecimiento de mecanismos de control social sobre el funcionamiento de los sistemas financieros, un nuevo modelo de relaciones laborales democrático y menos jerarquizado, el derecho a una política redistributiva a favor de las personas con menos ingresos en el terreno de la educación, sanidad y protección social, políticas de reparto de empleo basadas en la igualdad y la solidaridad, potenciando mecanismos efectivos de igualdad frente a los colectivos más discriminados, la efectiva independencia de los poderes públicos y la dotación a Justicia de los medios necesarios.

-JpD denuncia los recortes en sanidad, educación y justicia, pilares claves del Estado social.

-JpD sostiene que se impone luchar contra la pérdida de legitimidad democrática a la que estamos asistiendo, donde el respeto a la legalidad y la defensa del constitucionalismo social deben ser nuestra preferente orientación en la aplicación de las normas.

Publicado en: diariojuridico.com