Por Francisco Fonseca Morillo, Director de la Representación de la Comisión Europea en España

La lucha contra el cambio climático, el accidente nuclear de Fukushima, los crecientes precios del petróleo, los apagones o las crisis de suministro de gas… Todo ello ha puesto de nuevo sobre la mesa el debate sobre el futuro de la energía. En este debate, los participantes olvidan a menudo la energía más limpia, más barata y más segura que existe: la que no consumimos.

Según las propias estimaciones de la Comisión, si consiguiéramos incrementar nuestra eficiencia energética en un 20%, nos ahorraríamos al año 200.000 millones de euros y dejaríamos de emitir a la atmósfera más de 70,000 millones de toneladas de CO2. Invertir en eficiencia energética es ecológico, crea crecimiento y empleo y además ahorra dinero.

De hecho, la UE se fijó en 2007 el objetivo de lograr este 20% de ahorro de energía primaria en 2020 y ha incluido este objetivo entre los cinco objetivos principales de la estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. Una combinación de políticas de eficiencia energética y de medidas de apoyo se ha implementado a nivel europeo y nacional, promoviendo un uso más eficiente de la energía en los sectores de uso final, tales como los edificios, los electrodomésticos y equipos industriales, el transporte o la industria, así como en la generación de energía.

A pesar de los importantes progresos realizados, las estimaciones recientes de la Comisión, teniendo en cuenta también los objetivos nacionales de eficiencia energética para el año 2020 que los Estados miembros se han fijado en el contexto de la estrategia Europa 2020, indican que la UE hoy en día alcanzará apenas la mitad de su objetivo del 20% en 2020.

El Parlamento Europeo y el Consejo Europeo han instado a la Comisión a adoptar una nueva y ambiciosa estrategia de eficiencia energética con una acción decidida para aprovechar el enorme potencial de la eficiencia energética. Muchos responsables de todos los sectores interesados también han solicitado una revisión de la estrategia actual y nuevas medidas para activar la mejora de la eficiencia energética y el ahorro.

En respuesta a esta demanda, y para dar un nuevo impulso a la eficiencia energética, la Comisión presentó, el 8 de marzo de 2011, un nuevo Plan de Eficiencia Energética (PEE) que establece medidas más ambiciosos para lograr ahorros de la generación y el uso de la energía. A continuación la Comisión preparó una propuesta legislativa que transforma los principales elementos del plan de acción en medidas vinculantes: la propuesta de Directiva de Eficiencia Energética, que la Comisión adoptó el pasado 22 de junio.

La nueva propuesta legislativa contiene un paquete de medidas para alcanzar en 2020 el objetivo europeo de eficiencia energética. Teniendo en cuenta que la fecha límite está a la vuelta de la esquina, es importante que la propuesta sea rápidamente adoptada y aplicada en los Estados miembros. De hecho, la propuesta va más allá de la consecución del objetivo del 20% y pretende establecer un marco común para la promoción de la eficiencia energética en la Unión más allá de 2020.

Así, se propone establecer la obligación legal de imponer medidas de eficiencia energética obligatorias en todos los Estados miembros. Por ejemplo, los distribuidores de energía y las empresas minoristas de venta de energía estarán obligados a sugerir medidas de eficiencia energética a sus usuarios finales, y deberán probar que el ahorro energético de ese año es equivalente al 1,5% de sus ventas de energía comparados con el volumen de ventas del año anterior. Como alternativa a los esquemas obligatorios, los Estados miembros tienen también la posibilidad de proponer otros mecanismos de ahorro de energía como, por ejemplo, programas de financiación o acuerdos voluntarios que conduzcan a los mismos resultados, sin imponer obligaciones a las empresas de energía. Estos enfoques alternativos se han introducido para dar cabida a varias experiencias exitosas que existen en varios Estados miembros como Suecia, Finlandia y los Países Bajos.

La propuesta de Directiva anima además al sector público a predicar con el ejemplo. Las administraciones pueden influir en el mercado exigiendo criterios de eficiencia energética en los edificios, productos y servicios que compre o contrate. La directiva establece que las autoridades públicas tendrán que reducir progresivamente el consumo de energía en sus propias instalaciones, llevando a cabo cada año la renovación de al menos 3% de la superficie total de sus edificios para que sean más eficientes.

Se persigue también un incremento del ahorro de energía entre los consumidores. Por ejemplo, la propuesta quiere facilitar el acceso a los datos sobre el consumo de energía en tiempo real e histórico a través de una medición individual más precisa y frecuente, de modo que los consumidores puedan administrar mejor su consumo de energía.

También se proponen incentivos para las PYME de modo que puedan realizar auditorías de energía y aprovechar las mejores prácticas de otras partes de Europa. Las grandes empresas, por su parte, tendrán que hacer cada tres años una auditoría de su consumo de energía para ayudar a identificar el potencial de ahorro energético.

En el sector de la generación de energía, la propuesta establece un mayor control de los niveles de eficiencia de las nuevas plantas de generación de energía. Asimismo, los Estados miembros deberán realizar planes nacionales de calefacción y refrigeración, de modo que puedan planificar las estructuras necesarias para aprovechar el calor residual de plantas eléctricas o industriales.

En esta misma línea se incluye la obligación de instalar unidades de cogeneración (con ciertas excepciones posibles) para todas las nuevas plantas de generación de electricidad o de producción industrial (y para aquéllas existentes que sufran una renovación mayor) cuando tengan más de 20 MW de excedente de calor.

Finalmente, se pretende lograr una mayor eficiencia en los sectores de transmisión y distribución de energía, asegurándose de que los reguladores nacionales tienen en cuenta criterios de eficiencia energética en sus decisiones, en particular al aprobar las tarifas de red.

La Comisión considera que las medidas vinculantes propuestas deberían hacer posible la consecución del objetivo voluntario del 20% de aumento de la eficiencia energética. Sin embargo, si en 2014 llegamos a la conclusión de que la UE no tiene posibilidades de alcanzar el objetivo del 20% con las medidas actuales, la Comisión no excluye la proposición de objetivos nacionales vinculantes.

En estos tiempos de crisis económica y energética, tenemos que poner el esfuerzo en aquellas medidas que nos permitan generar ahorros en dinero, en consumo y en emisiones de CO2, mientras generamos crecimiento económico y empleo. La eficiencia energética tiene en esta área un potencial indiscutible. Con esta nueva propuesta, la Comisión Europea quiere animar a los Estados, la industria y los consumidores a invertir con decisión en la más limpia, segura y barata de las energías. Como se atribuye al legendario Dr. Covián de igual manera que el único alimento que no engorda es el que se queda en el plato, la mejor energía es la que se ahorra.

Publicado en: diariojuridico.com