Clemente Auger, magistrado emérito del Tribunal Supremo y ex presidente de la Audiencia Nacional, aseguró ayer en el transcurso de los Cursos de Verano de El Escorial que España asiste a un movimiento de judirización de la vida política y al consiguiente ascenso de los jueces y los juristas, lo que se traduce en una influencia de éstos profesionales sobre el funcionamiento del sistema político”. Para Auger, los políticos se han plegado a esta influencia y tratan de hacer de los tribunales el árbitro de sus diferencias. Desde su punto de vista, actualmente la política “juega a esconderse y es necesario recuperarla”.

Auger que ha intervenido en el curso “La Justicia y el Estado Social de Derecho”, que patrocina la Fundación Ankaria señaló sobre el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces, aseguró que el peligro de politización no es menor que el principio de clientelismo, aludiendo al sistema de elección vigente hasta 1985, cuando los miembros del Consejo eran nombrados íntegramente por los jueces. Para el ex presidente de la Audiencia Nacional la reforma de 1995 no alteró el funcionamiento del Poder Judicial. No obstante, como respuesta a la tensión e influencia recíproca entre Poder Judicial y Política, se mostró partidario de incrementar el nivel de responsabilidad personal de los jueces en el ejercicio de su actividad.

Por su parte, el catedrático de Derecho Penal Gonzalo Rodríguez Mourullo denunció en su intervención que “el proceso penal en España se está alejando de la Constitución ante la pasividad y la tolerancia de quien debe defender la legalidad”. Desde su punto de vista cada día “asistimos a un mayor número de vulneraciones de derechos fundamentales en la fase de instrucción sumarial que terminan viciando el posterior desarrollo del proceso penal”. A su juicio, “el divorcio entre la doctrina jurisprudencial y la mala praxis” está poniendo en entredicho el sistema garantista en materia judicial que consagra la Constitución Española.

El catedrático de Derecho Penal, cito en su exposición, como prácticas irregulares más comunes en el proceso penal los abusos producidos en la detención y prisión provisional, que se realizan con el completo beneplácito del fiscal sin que se cumpla el riesgo de incomparecencia del individuo. “Estos comportamientos son irregulares y no deben salir gratis. Debe producirse una reparación moral de la persona objeto de este tratamiento y debe hacerse constar una anotación en el historial de los jueces que practiquen detenciones irregulares”, aseguró.

Señaló como ejemplo las “penas de telediarios”, que suponen la exhibición de los detenidos en actitudes degradantes ante los medios audiovisuales. “Con frecuencia es una pena anticipada que convierte la presunción de inocencia en presunción de culpabilidad”. También apuntó como casos de mala praxis procesal las entradas y registros domiciliarios, cuando la policía se incauta de todo tipo de materiales de manera indiscriminada, sólo con el fin de buscar pruebas que consigan mantener abiertos los casos.

Rodríguez Mourullo subrayó también los excesos que frecuentemente se producen con la declaración del secreto del sumario, “que muchas veces vulnera el derecho a la defensa” y se interpone al empleo de elementos de prueba pertinentes. “La ley establece un mes de secreto del sumario, pero la realidad es que éste se prorroga varias veces, lo que supone un retorno al procedimiento inquisitivo”.

Regular SITEL por Ley Orgánica

El académico fue muy crítico también con la intervención de las conversaciones telefónicas, y en especial con el uso de herramientas tecnológicas como SITEL (Sistema Integrado de Interceptación Telefónica) a cargo de la Policía, que ponen en riesgo derechos fundamentales de los ciudadanos. “Nadie puede oponerse a los avances tecnológicos –dijo-, pero su uso debe regularse y limitarse por ley orgánica”. “La legislación sobre este asunto es raquítica e insuficiente”, apuntó. Desde su punto de vista, “frente a la idea de que todo vale, hay que responder con tolerancia cero, pues no todo es lícito en el descubrimiento de la verdad”, sentenció.

Publicado en: diariojuridico.com