La Ley de Enjuiciamiento Criminal sufrirá su primer cambio fundamental en 129 años. Según las primeras reformas que se conocen sobre este borrador, los jueces dejarían de investigar y su misión sería velar por las garantías y derechos del sospechoso. Se refuerza así su posición de jefes y garantes del proceso. Además se establecerían filtros para garantizar la presunción de inocencia: el juez de garantías primero, el juez de la audiencia preliminar después y por último, el juicio.

De esta forma La fiscalía sería quien dirija la investigación y archivaria el caso si considera que no hay indicios de delito. Aunque su decisión es recurrible ante el “juez de garantías”. La policía verá limitada sensiblemente su capacidad de actuación. Dependerá exclusivamente, en régimen de monopolio, de lo que le ordene el fiscal y cesará su actividad cuando identifique el presunto responsable. Por primera vez se regula la colocación de micrófonos en las viviendas, las intervenciones telefónicas y se define la actividad del agente encubierto.

El plazo de incomunicación por orden judicial podría ampliarse, según el documento, hasta los 13 días y aumentan las garantías. El detenido será grabado en video y estará asistido cada ocho horas por un médico forense y otro designado por el Mecanismo de Prevención de la Tortura.

La reforma incluye nuevas limitaciones a la figura de la acusación popular que no podrá por si sola sentar a nadie en el banquillo. La nueva ley impide que Partidos políticos y sindicatos sean acusación popular por lo que casos como “Gürtel” no volverán a tener protagonismo por la personación de partidos interesados.

Una vez abierto el juicio oral las declaraciones efectuadas ante el fiscal o la policía, durante la investigación, carecen de valor. El juicio no comenzará como hasta ahora con el interrogatorio del procesado y quienes le acusan deberán demostrar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. El acusado se sentará además, junto a su letrado. Los juicios de faltas quedaran limitados y el fiscal podrá archivarlos por razones de oportunidad.

Las asociaciones de jueces defendieron la necesidad de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que el Gobierno podría aprobar antes del final de la legislatura, pero exigen que se adopten también medidas para garantizar la autonomía e independencia del Ministerio Público.

La novedad sustancial de la reforma de la LECrim es que la instrucción recaerá en manos del fiscal, en lugar de en los jueces como hasta ahora, una modificación que las asociaciones judiciales respaldan si se reforma al tiempo el régimen del Ministerio Fiscal, cuyo máximo representante es nombrado por el Gobierno.

Por encima del principio de jerarquía que cumplen hoy en día los fiscales, con la reforma de la LECrim deben seguir el de autonomía para que “ese fiscal al que se le adjudique la investigación de un caso no pueda ser dirigido por un superior, porque se pondría en tela de juicio la tutela judicial”, ha dicho el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Marcelino Sexmero.

En la misma línea se han pronunciado el portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), Javier Varona, y el de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, quien ha destacado que “el principal riesgo de la modificación que se plantea” es no dotar a los fiscales de esa independencia.

Para la conservadora APM, el anuncio persigue “diluir la polémica” surgida el mes pasado cuando ante el malestar de la Fiscalía se retiraron en el Congreso las enmiendas al proyecto de ley de agilización procesal que afectaban al proceso penal.

Sobre la clarificación de la figura del “imputado”, que pasará a denominarse “investigado”, Sexmero ha señalado que viene motivado por las quejas de políticos y personalidades públicas imputadas. Respecto a la posible limitación de la autorización de escuchas telefónicas sólo para investigaciones de delitos penados con más de cinco años de cárcel, supondría “impunidad” en casos de cohecho o corrupción política.

Las asociaciones ven bastante “precipitada” la reforma de la LECrim antes de que acabe la actual legislatura, tal y como ayer sugirió el ministro de Justicia, Francisco Caamaño. “Es imposible que salga adelante por falta de tiempo”, ha dicho Javier Varona, quien considera “imperioso” hacer bien la modificación de la ley con “un mínimo de estudio y consideraciones en la tramitación parlamentaria”. De igual modo, la progresista Jueces para la Democracia (JpD) ha vaticinado en una nota que “lamentablemente, todo apunta a que, por falta de apoyos parlamentarios, la reforma, indispensable, no saldrá adelante” esta legislatura.

Publicado en: diariojuridico.com