El Tribunal Constitucional ha dictaminado que el Estado puede imponer a las Comunidades Autónomas, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, objetivos de estabilidad presupuestaria como medida política y económica de carácter general.

Así lo ha establecido el pleno del TC en una sentencia en la que ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Cataluña contra varios artículos de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria de 2001, que consideraban que vulneraban la autonomía política y financiera de la Generalitat.

La sentencia recuerda que la libertad de las Comunidades Autónomas para establecer un plan de ingresos y gastos no se establece constitucionalmente “con carácter absoluto” y que la autonomía financiera de las mismas “no excluye, sin embargo, la existencia de controles, incluso específicos”.

Precisamente ese fallo judicial llega cuando ayer tuvo lugar la reunión del Consejo de Política Fiscal. El Gobierno suavizar,a su propuesta para limitar el gasto de las comunidades autónomas al inicio del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y abre la vía a que se establezcan techos de gasto “a la carta” dentro del Estado.

A lo largo de esta reunión el secretario del Consejo y alto funcionario del Ministerio de Hacienda, Alain Cuenca, comunicó a los consejeros de las distintas comunidades que su nueva propuesta consiste en que cada autonomía podrá fijarse su regla de gasto en función del ciclo de años que quiera, no necesariamente los mismos que la Administración central.

Según fuentes autonómicas del Partido Popular, esta medida, combinada con otras modificaciones “abre la puerta a distintos techos de gasto para cada comunidad autónoma, abre la puerta a distintos objetivos de estabilidad presupuestaria para cada comunidad autónoma e incentiva el déficit y pone en peligro el objetivo común de déficit”.

El Gobierno planteaba originalmente que todas las comunidades aceptaran la misma regla de gasto del Estado consistente en que el gasto público no debe crecer por encima del crecimiento medio del PIB expresado en términos nominales durante nueve años: los cinco anteriores, el año en curso y la previsión de crecimiento de los tres años siguientes. Cuenca ha comunicado que cada comunidad podrá elegir ahora el plazo de cómo calcularlo.

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Publicado en: diariojuridico.com