En 2010 se produjeron cerca de cien mil ejecuciones hipotecarias con resultado de embargo (93.622), cuatro veces más que al inicio de la crisis cuando esa cifra era de 25.943, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Desde hace cinco años, CEACCU está exigiendo que, en estas situaciones, las familias afectadas dispongan de una “Ley de Segunda Oportunidad”, que equipare en derechos a las familias con las empresas, de modo que, al producirse la quiebra, se puedan liquidar las deudas con los activos disponibles en ese momento.

CEACCU (Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios) ha ido manteniendo desde hace varios meses diferentes encuentros con las fuerzas parllamentarias de cara a presentar sus propuestas para mejorar la protección de las familias en quiebra.

CEACCU considera que el marco normativo actual, con el recurso principal de la Ley Concursal, no ofrece suficiente amparo a los consumidores: Según las estadísticas judiciales ofrecidas por el INE, correspondientes al año 2010, tan solo se declararon en España 905 concursos de persona física sin actividad empresarial. Frente a ello, informa el Consejo General del Poder Judicial que en 2010, las ejecuciones hipotecarias con resultado de embargo se incrementaron un 234% en 2009, recayendo principalmente en las clases medias. Y en 2010, ascendieron a 93.622 procedimientos judiciales.

Estas cifras contrastan con el número de procedimientos concursales desarrollados por personas físicas en los Estados de nuestro entorno. Así, en Alemania en el año 2007, se formularon 164.597 concursos, de los cuales 105.000 lo fueron de consumidores. En Francia, desde la entrada en vigor de la norma y hasta finales de diciembre de 2006 ya se habían registrado 2.031.868 demandas de consumidores ante las diferentes comisiones y en Estados Unidos superó el millón y medio en el año 2005.

Entre sus propuestas, CEACCU defenderá la necesidad de lo que denomina “Ley de la Segunda Oportunidad”, que equipararía en derechos a las familias con las empresas, de modo que, al producirse la quiebra, se puedan liquidar las deudas con los activos disponibles en ese momento.

Además, demandará “la ampliación a cualquier operación de financiación de la facultad extraordinaria moderadora prevista por el artículo 11 de la Ley de Ventas a Plazos de Bienes Muebles (LVPBM) que permite al órgano judicial de modo excepcional y por justas causas apreciadas (desgracias familiares, accidentes de trabajo, paro, larga enfermedad u otros infortunios) el señalamiento de nuevos plazos o alterar los convenidos, así como la moderación de las cláusulas penales”

Informe CEACCU del Sobreendeudamiento de las Familias

Publicado en: diariojuridico.com