Por Ignacio Temiño Ceniceros. Socio de Abril Abogados

Leo en estos días, con gran alegría, que al fin se desatasca la Patente Comunitaria única, pero me produce profunda decepción que nuestros representantes políticos persistan en bloquear el proyecto invocando motivos lingüísticos, que parece compartir solo Italia, que recordemos, tampoco es lengua EPO a pesar de presentar muchas más patentes que nosotros.

Vaya por delante que quiero a la lengua de Cervantes, mi lengua, tanto como el que más. Ahora bien, el corazón no puede ir contra la razón. Nuestra lengua no es una lengua ni de ciencia ni de tecnología. Puede que lo sea algún día, pero no lograremos este reconocimiento por “imponerla” políticamente de la noche a la mañana en el sistema de patentes. Tampoco se retrasará nuestro desarrollo en lo más mínimo por no trabajar en nuestra propia lengua, ya que hoy día, cualquier proyecto de investigación que se precie, aunque se documente en castellano, precisa conocer la lengua tecnológica por excelencia, que es el inglés, aunque solo sea para situar el objeto en el estado de la técnica que le afecta.

Es verdad que no estamos en igualdad de condiciones y que británicos, alemanes y franceses juegan con una pequeña ventaja al poder operar en sus respectivas lenguas. No lo voy a negar, pero esta desventaja la tienen también los ciudadanos y empresas de los demás estados miembros con sus propias lenguas. Encuentro legítimo que se defienda nuestra lengua, como no, es la obligación de nuestros representantes en Bruselas, pero no a costa de paralizar un proyecto legislativo de suma importancia para nuestro desarrollo futuro. Me temo que se confunde el orden y la prioridad de nuestros intereses.

Podrá decirse que somos más los que hablamos castellano que finlandés por ejemplo, y que nuestra lengua es más importante, pero es un argumento de corto recorrido si observamos nuestra posición tecnológica. Igualmente es engañarse a uno mismo excusar nuestro retraso tecnológico en la discriminación política de nuestro idioma, y sino que me expliquen cómo es posible que países como Holanda o Suecia, con menos de la mitad de población nos tripliquen en número de solicitudes EPO.

Creo que todos estamos de acuerdo en que el sistema actual de Patente Europea, además de lento, es muy costoso, y gran parte de la culpa de ese elevado precio la tienen las traducciones y las validaciones con las que el Convenio de Londres no ha podido terminar. Los datos no engañan, las grandes corporaciones europeas presentan tantas patentes en los EE.UU. como en la EPO, algunos países como Gran Bretaña incluso presentan más patentes en EE.UU. que en Europa. No hay un único motivo que explique esta situación, razones comerciales y de negocio también intervienen, pero que nadie dude que la lentitud y el alto coste del sistema EPO aleja a muchos interesados, tanto si su lengua es una de las oficiales como si no lo es.

Si me pongo en la piel de un empresario español con proyectos a patentar, adivino que si tengo que elegir, optaré por tener un sistema legal ágil y económico antes que un sistema caro y lento pero que respete los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos comunitarios. Y si hablo como experto en patentes, entonces soy más rotundo, lo que necesitamos todos, y sobre todo los españoles, es un sistema más barato, más sencillo, sin complicadas y costosas traducciones –sean a idiomas importantes como el italiano o el español-, sin pagos de anualidades por cada país, sin validaciones nacionales, y sin tener que contratar a un abogado o agente de patentes en cada estado. Acabar con estas barreras sí que puede ayudar a fomentar nuestro I+D+i.

La mejor prueba de lo que digo la tenemos en nuestros propios datos, y es que en España, donde la lengua de tramitación es el castellano, se han reducido el número de solicitudes de patentes y modelos de utilidad en proporciones muy similares al descenso en el número de patentes europeas que hemos presentado los españoles.

Según se lee en el proyecto aprobado, que podrá ser una realidad en dos años según nos dicen, la discriminación lingüística se va a intentar minimizar permitiendo presentar la patente en cualquier lengua de la Unión sin pagar después el coste de la traducción a una lengua oficial (probablemente se hagan traducciones automáticas), y aplicando otras medidas similares. Obviamente esto no borra la desigualdad por completo, pero al menos evita que los solicitantes de países de lengua no oficial deban asumir un extra coste por este motivo.

Dicho todo lo anterior, debo también manifestarme plenamente a favor del Tribunal Único de patentes que también está proyectando para toda la Unión Europea, y que el proyecto aprobado vuelve a reivindicar como parte de la reforma. Tras casi treinta años de sistema EPO, con soberanía de las jurisdicciones nacionales de cada Estado miembro (en todo lo relativo a infracción y nulidad de una patente europea concedida y validada en los países de interés), podemos hacer un balance de aciertos y defectos que nos ayuden a mejorar la cooperación que ya se ha logrado.

La jurisdicción única y con competencia exclusiva es necesaria por muchos motivos, no solo económicos y de tiempo (como el sistema de la Patente única) sino también por una cuestión de seguridad jurídica, de homogeneidad y uniformidad en la apreciación de lo que es una violación de una patente y lo que es un motivo de nulidad de una patente, sobre todo o por lo menos en aquellos casos de violaciones supranacionales, que ocurren en varios países a la vez.

Todo lo anterior debe servir para que tengamos un sistema más accesible, pero también más seguro. Como dijo hace unos años el asesor de la Comisión François Leveque, el sistema de patentes está ahogando al sistema de I+D+i, se hace preciso por lo tanto que la accesibilidad venga acompañada de una mejora en la calidad, en la uniformidad, en los tiempos de respuesta, y en definitiva en la seguridad jurídica que el sistema de innovación y desarrollo precisa, para avanzar con certidumbre y garantías.

Publicado en: diariojuridico.com