Las asociaciones Jueces para la Democracia (JpD) y “Francisco de Vitoria” rechazaron ayer la “precipitada alteración” de la Constitución, que mañana inicia su tramitación con la toma en consideración en el pleno extraordinario del Congreso.
En un comunicado, la Asociación Jueces para la Democracia se ha mostrado en contra de la propuesta de reforma de la Carta Magna “por sorpresa, en periodo estival y de forma precipitada, marcando plazos imposibles y con negociaciones opacas” sólo participadas por las cúpulas de los dos principales partidos políticos.

JpD ha expresado su oposición a que se juegue con la norma básica del Estado “de espaldas a la ciudadanía, suplantando a los propios representantes políticos, para imponer una determinada orientación de política económica con el objetivo de contentar los intereses concretos que se esconden detrás de los mercados”.

Para este colectivo, el consenso ciudadano sobre la Constitución es fundamental, al tratarse de la norma básica que regula la convivencia y no solo aspectos concretos de la organización política o económica.

El PSOE y el PP no pueden sustituir la voluntad de todos los votantes, según Jueces para la Democracia, que ha lamentado que las formas hayan impedido que se conozcan los motivos concretos de la modificación y el texto completo con suficiente tiempo para su análisis.

También ha censurado que no se respeten las Cortes como lugar de debate para que la sociedad pueda conocer los argumentos de los distintos grupos políticos y que los dos grandes partidos hayan optado por “imponer el voto a ciegas” para ratificar lo acordado previamente por algunas personas de sus respectivas direcciones.

En declaraciones a Efe, el portavoz de la asociación de jueces y magistrados “Francisco de Vitoria”, Marcelino Sexmero, criticó la poca importancia y el poco calado de la reforma de la Constitución en los capítulos III y VII que “no son de directa aplicación, por lo que se trataría de una mera declaración de principios que el poder político podría violar”.
Sexmero ha estimado que “no tiene sentido” que la reforma constitucional, en el apartado como el modelo de sociedad económica, se haga sin el concurso de todas las fuerzas políticas, de la misma manera que se aprobó la Constitución de 1978.

Se mostró en contra de la ruptura del equilibrio constitucional para cambiar el modelo de la economía social de mercado por un modelo liberal por parte de los dos principales partidos políticos, sin el apoyo de las demás fuerzas políticas.

Movilizaciones sindicales

Por su parte, El secretario Acción Sindical de CC.OO., Ramón Gorriz, y el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, anunciaron ayer el acuerdo entre ambos sindicatos y otras organizaciones sociales para convocar concentraciones en toda España contra la reforma constitucional propuesta por PSOE y PP para fijar un límite de déficit público. Los días que se han señalado son este miércoles, 31 de agosto, y el jueves, 1 de septiembre.

Tras mantener una reunión con el Sindicato de Estudiantes de España, Plataforma 2015 Y +, Consejo de la Juventud, Paz Ahora y Coordinadora de ONG’s de España, ambos dirigentes sindicales señalaron que también convocarán una manifestación en Madrid para el 6 de septiembre, víspera de la fecha prevista para el debate de la norma en el Senado.

Las organizaciones explicarion que las fechas de las movilizaciones de esta semana se fijarán definitivamente tras discutir con otras organizaciones y “ciudad por ciudad” la manera en que se articularán de mejor manera, pues la voluntad es “unir” tendencias. Asimismo, se han comprometido a apoyar cualquier movilización convocada con estos mismos objetivos.

Los dirigentes sindicales han calificado el acuerdo PP-PSOE de “muy grave”, pues con esta reforma, dicen, se pone en riesgo el tejido social español, además de haberse planteado de una forma “inaceptable”. “Con esa actitud se pillan números para generar el conflicto social”, advirtió Gorriz.

El objetivo de estas protestas es conseguir que los Grupos Parlamentarios se opongan a la reforma y, en caso de que se apruebe, que se convoque un referéndum para que la ciudadanía pueda dar su opinión.

Publicado en: diariojuridico.com