Por Caridad de Nicolás, asociada del departamento de energía de Salans España

Dentro del debate permanente abierto sobre la necesidad de una política energética real y común para la Unión Europea, en el año 2007, el Consejo Europeo aprobó un conjunto de medidas entre las que se encontraba el famoso 20-20-20. Dichas medidas estaban dirigidas a lograr el triple objetivo para 2020: 20 por ciento de reducción de CO2, 20 por ciento de aumento de la eficacia energética y que el 20 por ciento de la energía consumida en la UE, proceda de fuentes renovables.

Cuatro años después de la aprobación de dichas medidas, los avances para conseguir dichos objetivos han sido escasos. Según las últimas estimaciones, la UE llegará a alcanzar aproximadamente la mitad de los objetivos de reducir en un 20% su consumo de energía y alcanzar el 20% de eficiencia energética que se había marcado para el año 2020. Esta es una de las principales razones para que el pasado 22 de junio, la Comisión Europea aprobó una propuesta de Directiva, con la que se pretende el establecimiento de medidas para impulsar el mejor consumo de energía y poder llegar al menos a conseguir el objetivo de la eficiencia energética.

La Directiva propone aplicar en todos los sectores económicos nuevas medidas de eficiencia energética que pongan de nuevo a la UE en el buen camino hacia su objetivo de 2020. Estas medidas no sólo servirán para mejorar la gestión de recursos energéticos, sino para mejorar la economía, una economía dañada por la crisis actual, y especialmente por las constantes subidas de precios de las fuentes energéticas que se importan a nivel comunitario, además, dichas medidas, fomentarán la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

La propuesta presenta medidas dirigidas a intensificar los esfuerzos de los Estados miembros para un uso más eficiente de la energía en todos los eslabones de la cadena energética, desde la transformación de la energía y su distribución hasta su consumo final. Entre las principales medidas de la propuesta de Directiva encontramos la obligación jurídica para todos los Estados miembros de crear sistemas de ahorro energético. Así el sector público de cada uno de los Estados deberá convertirse en ejemplo para el resto de los sectores de la sociedad y de esta forma, establecer la posibilidad de un gran ahorro de energía para los consumidores.

El sector público será clave para conseguir los resultados esperados por la Directiva, cada uno de los Estados miembro deberá introducir regímenes de obligación de eficiencia energética nacionales, además y como uno de los métodos para dar ejemplo deberá aplicar medidas de eficiencia energética rigurosas tanto en la renovación de sus edificios, como en la adquisición de nuevos edificios o a la hora de contratar servicios o productos a terceras empresas. En este sentido, estas medidas podrían suponer unos resultados muy favorables para la economía, ya que se establece la obligación de que el 3% de los inmuebles de más de 250 metros cuadrados de titularidad pública, deberán renovarse para que se aumente la eficiencia energética de los mismos.

Esto igualmente supondrá la creación de numerosos puestos de trabajo en el sector de la construcción, sector que se encuentra gravemente afectado por la crisis económica. En España, los sectores públicos ya aplican este tipo de medidas, y como un claro ejemplo de ello nos encontramos con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (proyecto Cuzco) que para la renovación y mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de energía eléctrica de los edificios de su sede en el Paseo de la Castellana, organizó un proceso licitador cuyo objetivo era la contratación conjunta de las obras de mejora de las instalaciones energéticas y el suministro eléctrico.

En lo que respecta a las empresas energéticas, la Directiva contempla la obligación de cada Estado de establecer en sus ordenamientos de eficiencia energética, normas que aseguren que, los distribuidores de energía o las empresas minoristas de venta de energía, estén obligadas a ahorrar cada año un 1,5% de sus ventas de energía mediante la aplicación de medidas de eficiencia energética.

Además, la Directiva propone que las empresas eléctricas ofrezcan a los consumidores contadores individuales e inteligentes y sistemas mejorados de facturación que permitan aportar información exacta e individualizada sobre su consumo energético real, lo que ayudará a los ciudadanos a concienciarse sobre la energía que utilizan, y la realmente necesaria.

Deberá existir una mayor información en todos los niveles, para conseguir un cambio de actitud global, tanto a nivel empresarial como a nivel de los consumidores y conseguir así una mayor concienciación y sensibilización de la sociedad. Cabe añadir que la Directiva prevé la introducción de sistemas fiables de certificación energética, que además de garantizar un mayor nivel de competencia técnica entre los proveedores energéticos, ofrecerá a los consumidores una información más fiable sobre la procedencia de la energía que consumen, y así tendrán la posibilidad de adquirir aquella que se adapte a sus preferencias.

Además de la obligación que se impondrá a las grandes empresas de realizar auditorías energéticas, se crearán incentivos para que las PYMEs realicen este tipo de control. De esta forma las PYMES podrán aprovecharse de las mejores prácticas empleadas por las grandes empresas y determinar sus posibilidades de reducir su consumo energético.
Se ha marcado el año 2014 como un primer escalón para analizar los objetivos logrados, así, la Comisión deberá llevar a cabo una evaluación de los indicadores energéticos en cada uno de los Estados para ver los progresos alcanzados, y analizar la necesidad de nuevas propuestas legislativas.

La Comisión Europea, ha dejado claro en todo momento, que la eficiencia energética es una de sus prioridades, y en cierto modo esto es muy razonable ya que si se consigue alcanzar el 20% de eficiencia energética para el año 2020, las implicaciones económicas, sociales, y medioambientales que esto conllevará, serán importantísimas. En cierto modo la adopción de medidas de eficiencia energética supondrán mejoras en el consumo y gestión de recursos, lo que a la larga afectará muy positivamente a las economías nacionales, que podrán reducir sus importaciones energéticas, de las que hasta ahora dependen.

Se pretende llegar a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador común dentro de la UE. A muchos puedes parecerles algo utópico, pero a la larga, este tipo de medidas resultarán beneficiosas para todos.

Publicado en: diariojuridico.com